Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer programas y acciones dirigidos al desarrollo de los pueblos indígenas para evitar la migración a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
El que suscribe Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América.
Consideraciones
Son múltiples los aspectos sociológicos del fenómeno migratorio. Uno de ellos es la formación cultural del migrante. Estadísticas españolas señalan que cerca del 80 por ciento de los argentinos que llegan a trabajar a la península ibérica han cursado estudios secundarios y el 46 por ciento terciarios. Igual sucedió con los flujos que de Cuba llegaron a Miami, forzados por la situación política, muchos de ellos poseían una formación profesional avanzada, lo que les permitió abrirse paso en poco tiempo dentro del mercado laboral de ese país.
No es ese por desgracia el caso de México, buena parte de los emigrantes con un grado elemental de instrucción, desplazados del campo por la miseria, la corrupción, y la falta de empleo cruzan la frontera soñando sin ningún fundamento que en otras latitudes tendrán un trato mejor. Se enfrentan desde el principio con viejas y nuevas formas de exclusión, negación de derecho, discriminación racial, rechazo y con frecuencia, el mismo desempleo que encontraron en su país.
La falta de acceso a trabajos formales, a los sistemas de salud, de educación o de vivienda, agudizan el sentimiento de desarraigo y la pérdida de un estado de identidad que los hacía solidarios con el resto de sus congéneres.
Para su país de origen, en este caso México, este movimiento se traduce por una sangría que no compensa las remesas que mes con mes envían los migrantes a los suyos. Baste considerar que la edad media del migrante fluctúa entre los 25 y 40 años, en la mejor época de su productividad laboral.
Mucho se habla en la actualidad de la política migratoria entre México y Estados Unidos, tema inevitable en la relación bilateral con todos sus matices y niveles en el cual pocos han sido los resultados concretos.
Lo primero que es necesario convenir, es el hecho de que el problema implica una responsabilidad compartida entre el país de origen y el de destino, aunque yo, como legislador, me inclino a pensar que toca al primero, el país de origen una incidencia mayor en su responsabilidad y brindar de esta manera, las herramientas necesarias para que nuestros indígenas se queden en nuestro país y nos enriquezcan con su gran diversidad cultural.
Por ello, como representantes de nuestras entidades debemos trabajar de manera coordinada para ofrecerles las condiciones económicas, sociales y políticas que impidan su escape en busca de mejores oportunidades. El mexicano no tiene un espíritu migratorio. Por el contrario, en general se define por un ser apegado a su tierra, a sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo de ello, son nuestros indígenas.
En el caso de los mixtecos, grupo con una tradición migratoria y el más numeroso en Estados Unidos, según el Programa de Desarrollo Integral de las Mixtecas, emigran a los Estados Unidos porque en su lugar de origen no hay las posibilidades para poder sobrevivir, como las hay en lugares como Estados Unidos.
Para miles de indígenas mexicanos, aproximadamente 21.000 según las últimas estadísticas, el sueño americano, se convierte en un infierno, es meterse sin querer y sin saber en una pesadilla de la que resulta muy difícil salir o despertarse.
En este contexto, el país receptor, Estados Unidos, atenta a intereses egoístas de escasa valoración social y que con frecuencia se muestra incapaz de reconocer las aportaciones económicas y sociales de los indígenas y se niegan a comprometerse en políticas migratorias abiertas que reconozcan los derechos legales de los trabajadores foráneos y faciliten su incorporación legal al país al que acuden, un ejemplo de esto es la iniciativa SB 1070, que mostró la actitud del Gobierno y Congreso de Arizona en contra de los migrantes, así como otras de carácter similar que se están generando en diversos estados del país vecino del norte.
La asociación entre delincuencia e inmigrantes es común en las sociedades receptoras de población irregular y presenta formas variadas y ambiguas. Por un lado, se entiende que la pobreza, la ausencia de oportunidades y las privaciones económicas y sociales de sus países natales los han forzado a emigrar; pero, por otro, son acusados de abaratar el precio de la fuerza de trabajo y de apoderarse de los empleos que pertenecen a los nativos, aunque sean denigrantes, mal pagados y nadie los quiera ocupar.
Por añadidura son sospechosos de albergar malévolas intenciones. Se piensa que por su misma pobreza son proclives a la delincuencia, se les categoriza como “ilegales” en una deliberada vinculación con el quebrantamiento de las leyes y se les acusa de todos los crímenes imaginables.
Los penales de los Estados Unidos están repletos de miles de indígenas procedentes de México que se estrellaron contra un sistema legal que desconocen y que son portadores de costumbres ancestrales que no tienen nada que ver con las normas del país al que llegan y con el que chocan inevitablemente.
En las circunstancias de nutrido trasiego de población entre dos Estados nacionales con acusadas asimetrías, los migrantes indígenas mexicanos se encuentran constantemente expuestos a agresiones, explotación, racismo, hostilidad, xenofobia y a un creciente peligro de perder la vida.
Anclados culturalmente en su pasado, los indígenas se enfrentan contra un futuro que no existe, y que se imaginaban promisorio, lejos de sus comunidades en México, dejando atrás su vida y el abandono sistemático de unas autoridades mexicanas que se olvidan en levantar la penuria de sus gentes y que en ocasiones no se brinda la protección consular debida para proteger sus derechos humanos.
Según cifras señalan que si en el año 2005 y según la Secretaría de Relaciones Exteriores los procesos legales contra mexicanos en Estados Unidos eran de 14.622; a finales de 2009 ascendieron a 19.782. Prácticamente 20.000 indígenas están tras las rejas actualmente en diferentes estados de la Unión Americana y presos de un sistema legal desconocido para ellos.
De cada cien mexicanos encarcelados en los Estados Unidos, diez son indígenas, procedentes especialmente de los estados de Guerrero y Oaxaca una de las regiones más pobres no solo de México, sino de América Latina.
No podemos seguir permitiendo que nuestro país siga siendo la principal fuente de mano de obra barata en los Estados Unidos y que los indígenas mexicanos sigan presos en los penales en ese país. La población mexicana es la más numerosa entre las minorías extranjeras, documentadas o no, que residen en el país del norte y la tendencia tiende a aumentar en la misma proporción que aumentan las causas de la deserción.
Por ello, el fenómeno migratorio es un proceso de extrema complejidad, que ofrece múltiples aristas políticas, económicas, demográficas, sociales, culturales y éticas. Si a ello sumamos un carácter indocumentado e irregular, como es el caso de la migración laboral de mexicanos a la Unión Americana, la polarización de intereses, apreciaciones, discursos y prácticas se agudiza aún más, en tanto que las repercusiones que acarrea se manifiestan desde las esferas más íntimas de la vida familiar, hasta las políticas nacionales y multilaterales de los Estados involucrados.
Es claro que una relación tan asimétrica como la que existe entre México y Estados Unidos, coloca al primero en un plano de subordinación a los intereses de su vecino del norte, el cual, por su parte, puede jugar con diversas posiciones de acuerdo con sus necesidades del momento. A ello sumamos que tal condición parece estar recrudeciéndose aún más y no se vislumbra una solución a mediano plazo que regule la situación laboral de los mexicanos en esa nación.
Debemos tener claro que migrar no es un delito. No puede serlo, aunque la tendencia en Estados Unidos parezca encaminarse hacia una definición legal que así lo considere.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los Consulados de México en los Estados Unidos de América, se trabaje de manera conjunta en la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes indígenas mexicanos.
Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta soberanía sobre los programas de subsidio del Ramo Administrativo 6 destinados a promover el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional de dichos pueblos.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 28 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica
Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3250-IX, jueves 28 de abril de 2011
Efemérides del 14 de agosto
Hace 5 años
