miércoles, 21 de diciembre de 2011

Jiménez Rumbo renuncia a la secretaría de Desarrollo Social

“Ya no se siente cómodo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”, dijo

Laura Sánchez Granados

Anuncia el secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, que hoy presentará su renuncia al cargo porque “ya no se siente cómodo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero” y explicó que a partir de enero se reincorpora al Senado, “de donde nunca debí haber salido”. También aseguró que únicamente ejerció el ocho por ciento del presupuesto destinado a su dependencia y que desconoce en dónde quedó el 92 por ciento restantes.

Invitado por el presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve Baños, a su tercer informe, quien también es su compadre, el titular de la Sedesol comentó que a partir de enero, cuando ya no maneje el presupuesto estatal, analizará su situación política y tomará una determinación.

Se le preguntó si buscara la presidencia municipal de Acapulco y sólo dijo que será hasta el próximo mes cuando informe sus acciones políticas; en lo que sí fue muy claro es que por no sentirse cómodo en este gobierno es que decidió presentar su renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre.
En enero, realizará los trámites pertinentes para su retorno a la Senaduría de la República, “de donde nunca debí haber salido”, sin embargo, cuando se le preguntó si había recibido presiones del gobernador Aguirre Rivero, dijo que no, pero que ya no está a gusto.

Cabe recordar que la semana pasada declaró su inconformidad por la destitución de funcionarios estatales perredistas y que los priistas que son amigos del gobernador y que también son responsables se quedaron muy tranquilos y nadie los tocó.

Al aún titular de Sedesol se le ve muy seguido en Acapulco en restaurantes, reuniones con algunos grupos de perredistas o incluso de compras, como la semana pasada cuando recorría el departamento de bebés de la tienda Fábricas de Francia acompañado de su familia y varios elementos de seguridad armados.

Periódico Pueblo Guerrero, 21 de didiembre de 2011

martes, 20 de diciembre de 2011

Aprueba el Congreso la Comisión de la Verdad

IGUALA, Gro., martes 20 de diciembre de 2011



Investigará violación a derechos humanos durante los 70´s

Por Boletín

Chilpancingo, Gro.., Diciembre 20.- En la sesión de este lunes, el Congreso del Estado, aprobó, por unanimidad, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que pretende la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setentas en la entidad.

Al fundamentar el dictamen, el preside de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, dijo que la Comisión de la Verdad tiene por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos guerrerenses o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio guerrerense.

Soto Ramos quien propuso dicho ente, precisó que la Comisión de la Verdad aplicará las normas estatales, nacionales e internacionales que rigen en la materia de su competencia, interpretándolas conforme al principio pro-persona. “De acuerdo con lo anterior, cuando exista duda, las normas se interpretarán a favor de la persona y no de quien ejerce o ejerció autoridad”, afirmó.

Explicó que dentro de las atribuciones que tiene dicha Comisión, entre otras, son: Recabar y recibir información y datos relacionados con violaciones a derechos humanos, delitos y delitos de lesa humanidad cometidos en contra de ciudadanos guerrerenses o personas que se hayan encontrado en el territorio guerrerense, durante los años 1969 a 1979 en la guerra sucia.

Realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y memoria histórica de los movimientos político-sociales en el Estado, vinculados con el objeto de la Comisión.

Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;

Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que estime constitutivos de delito y promover las acciones consecuentes, vinculados con el objeto de la Comisión;

Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer;

Recomendar las medidas de reparación o resarcimiento para las víctimas y/o sus familias ofendidas;

Conformar un registro de personas afectadas por los hechos violatorios de derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta, para efectos del resarcimiento de daños que utilizará como criterios, los establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

Emitir su programa de trabajo y su reglamento, y emitir un informe final ante la sociedad, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo.

Los integrantes de la Comisión serán ciudadanos y sólo estarán sujetos a responsabilidad por cuestiones relacionadas con el manejo de los recursos públicos puestos a disposición de aquélla.

El periodo de la investigación de la Comisión, comprenderá del año de 1969, hasta el año de 1979.

La Comisión de Gobierno citará a Los Integrantes de la Comisión para que dentro de los primeros quince días del mes de enero del año 2012, se presente ante el Pleno del Congreso para que les sea tomada la Protesta conforme al artículo 19 de la presente Ley.

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lunes, 5 de diciembre de 2011

Designa jurado a los ganadores de premio de periodismo parlamentario

IGUALA, Gro., lunes 5 de diciembre de 2011


Por Boletín

Chilpancingo Gro; Diciembre 5.- El Jurado Calificador de la Decimosegunda Edición del Premio de Periodismo Parlamentario, que organiza anualmente el Congreso del Estado, designó a los ganadores de este certamen en los géneros de Nota Informativa, Crónica, Columna, Fotografía y Caricatura.

Los integrantes del Jurado Calificador Karina Tejada Molina, Baltazar Hernández Gómez y Rogelio Agustín Esteban, remitieron este día, a la Comisión de Gobierno, el dictamen de la Decimosegunda Edición del Premio de Periodismo Parlamentario.

El dictamen señala que después de deliberar sobre 46 trabajos periodísticos, en los géneros establecidos en la convocatoria y en apego a las características de cada género periodístico se determinó que los ganadores son en Nota Informativa, Federico Sariñana Valdez, con el trabajo titulado “Congreso en la Ilegalidad”, publicado en el diario El Sol de Chilpancingo.

En el mismo género se acordó otorgar una mención honorífica a Citlal Giles por su trabajo titulado “Diputados dejan la sesión por golpiza a Guillermo Sánchez Nava”, publicada en La Jornada Guerrero.

En Columna a Andrés Mauro Campuzano Marquina con su trabajo titulado “Poder y Prensa” publicado en el diario El Reportero.

En esta categoría se otorga mención honorífica a Jorge Romero Rendón por su columna titulada “Ampliar periodo de consejeros electorales”, publicada en el diario Vértice.

Para el género de Crónica el trabajo ganador realizado por Octavio Augusto Navarrete Gorjón publicado en el periódico La Palabra, titulado “Bajo la sombra de las elecciones”.

En este género se otorga una mención honorífica a Flor Miranda Mayo por su crónica titulada “El yucateco, un migrante en el Congreso de Guerrero” publicada en el diario Puntual.

En caricatura a Salvador Oyorzabal Abarca con el cartón titulado “El desafuero” publicado en el diario El Sol de Chilpancingo.

En fotografía a Anwar Delgado con la fotografía titulada “El pestañazo parlamentario” publicado en El Diario de Guerrero.

Cabe señalar que el jurado determinó declarar desierto la categoría de reportaje “debido a que no se cumplió con la cantidad de trabajos a participar, acorde a las bases de la convocatoria”.

Los premios a que se harán acreedores los ganadores, es de un diploma y 15,000,00 pesos, que serán entregados, el próximo jueves 8, de este mes, por los integrantes de la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Faustino Soto Ramos.

Copyright: Diario 21

sábado, 3 de diciembre de 2011

Fiscalización de los partidos políticos

César Julián Bernal

La rendición de cuentas, es una frase de moda de muchos políticos; sin embargo en el estado constitucional de derecho al que aspiramos llegar algún día en México, “es un principio que busca combatir la impunidad y opacidad en el ejercicio de la función pública, así como la participación ciudadana en la vigilancia y el escrutinio de las instituciones y de sus titulares”. Existen varias modalidades de control directo de los recursos de los partidos, entre ellos: a) contar con un órgano especializado interno y b) presentación de informes de gastos (los cuales se clasifican por su periodicidad en trimestrales, preliminares y anuales; y por el tipo de gastos de precampaña y campaña) artículo 83 del Cofipe.

Existen dos modelos de fiscalización de los recursos de las instituciones partidistas, el primero u ordinario, consiste en la obligación de los partidos de presentar informes una vez hecho el gasto, y en la facultad de revisión de esos informes por conducto de las autoridades administrativas electorales; y el segundo es la realización de actividades de fiscalización de los recursos partidarios al momento de ejercer los recursos y no con posterioridad al ejercicio del gasto.

En nuestro país prevalece el primero, sin embargo existe dentro de la normatividad electoral federal, -los informes trimestrales de avance de ejercicio-, pero éstos solo tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, además que durante el proceso electoral federal se suspende esta obligación, y los informes preliminares de campaña que los partidos presentarán, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros 15 días de junio del mismo año.

De conformidad con el artículo 79 del Cofipe, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

En el procedimiento de revisión de los informes de gastos de los partidos políticos, la normatividad señala la facultad del IFE para tener acceso a todos los documentos originales que soporten egresos e ingresos, estados financieros y la posibilidad de determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación. Si la autoridad electoral advierte la existencia de omisiones técnicas o errores, debe notificar al partido para que aclare o rectifique las observaciones que estime pertinentes (Artículo 81 del Cofipe).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal a partir del procedimiento de revisión de informes de gastos y de los recursos de apelación interpuestos derivados de las resoluciones que ha emitido la autoridad administrativa electoral, ha emitido diversos criterios, entre ellos: la garantía de audiencia en el procedimiento de revisión de informes de gastos de los partidos políticos, el secreto bancario fiduciario y fiscal (SUP-RAP- 050/2001) “Amigos de Fox”, donde se sentó un precedente relevante que después se convirtió en tesis de jurisprudencia y, con posterioridad, en base para la reforma constitucional y legal, al sustentarse en ese fallo de que la interpretación del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito se podía llegar a la conclusión de que el IFE cuando ejercía funciones de administración, distribución, control y vigilancia de los recursos públicos, deberá tener el calificativo de autoridad hacendaria para fines fiscales, o bien que el desempeño de sus facultades y atribuciones no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes, y las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver los requerimientos de información, en un máximo de 30 días hábiles.

Además se estableció que la aplicación de una sanción por el incumplimiento en la entrega de información requerida por la autoridad administrativa, consistía una obligación para el partido o agrupación política, que en caso de incumplimiento implicaría una violación a la normativa electoral, lo que traería una sanción por omisión en la entrega de información, independiente de las sanciones derivadas de la revisión de los informes. En cuanto a la sanción, debe tomarse en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la gravedad de la falta.

Entre los retos de la fiscalización en nuestro país, por señalar sólo algunos, están: la creación de un registro de proveedores de bienes y servicios de los partidos; y que los informes trimestrales de avance de ejercicio no solo sean carácter exclusivamente informativo, sino preventivo; además de que durante el proceso electoral federal no se suspenda la obligación de presentarlos.

Finalmente ¿por qué la importancia de la fiscalización de los partidos políticos? Por la simple razón, de que son recursos públicos o de todos, y según el anteproyecto de presupuesto del IFE, el total de financiamiento público a partidos políticos para el proceso electoral federal 2011-2012, es de 5,292.5 millones de pesos; y su Consejo General aprobó el tope de gastos de campaña para la elección de Presidente en 328 millones 608 mil 267.50 pesos, y el tope de gastos para cada precandidato a la Presidencia de la República en 167 millones 260 mil 766.68 pesos; sin contar senadores y diputados, pero sobre todo, porque de acuerdo al artículo 81 fracción c) del Cofipe es facultad del IFE por medio de su Unidad de Fiscalización, vigilar que los recursos de los partidos tengan un origen lícito y se apliquen estrictamente e invariablemente a las señaladas en la Ley.

Periódico Pueblo Guerrero, 03 de diciembre de 2011

jueves, 1 de diciembre de 2011

Zeferino Torreblanca en Chilpancingo


Diario de Guerrero
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Si Aguirre rompió la regla de secrecía yo no habré de callar”, amaga Zeferino
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En su reaparición a la vida pública en la zona centro del estado, el ex gobernador, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, reiteró que breve interpondrá una denuncias penales en contra del titular de la Contraloría General del Estado Julio Cesar Hernández Martínez y del titular de la Procuraduría General de Justicia, Alberto López Rosas, por el delito de difamación que han realizado en contra de ex funcionarios de su administración.
Torreblanca Galindo en su muy particular estilo de presentar las cosas a través de medios electrónicos y sin permitir la interacción de los asistentes, mostró las diapositivas que, a su decir, contiene pruebas de que su gobierno dejó finanzas sanas, y que todos los señalamientos de desfalcos, corrupción, malversación, y otros, son inventos del actual gobierno y que las auditorías, algunas realizadas por instancias federales, mienten.
Acompañado de sus más cercanos ex colaboradores como el ex secretario de gobierno Israel Soberanis Nogueda, el ex procurador David Augusto Sotelo Rosas, el ex secretario de Desarrollo Social, Fernando Donoso Pérez, entre otros, expuso mediante diapositivas, lo que denominó, las diversas anomalías de la actual administración.
Ahí, Torreblanca Galindo anticipó que no defenderá a “tranzas” que hayan incurrido en algún delito, como haber hecho mal uso del erario público, pero sí aseguró que defenderá a aquellos a quienes les hacen señalamientos sin comprobarlos.
Aseguró que defenderá a su gobierno con pruebas sustentables, ya que el propio gobernador Ángel Aguirre Rivero, “rompió la regla de secrecía y yo no habré de callar”, dijo.
Asimismo, señaló que hay funcionarios que han sido inhabilitados y que actualmente se encuentran laborando o en nómina del actual gobierno estatal.
En ese sentido, mencionó el caso particular de Eduardo David González Añorve ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a quien (se supone) se le encontró un desvío de 12 millones 632 mil 800 pesos y será habilitado por seis años, a pesar de ello, esta personan actualmente cobra en el organismo público descentralizado, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con un sueldo de más de 15 mil pesos mensuales.
Resaltó que el ex secretario de finanzas del estado Ernesto Cabrera Morín se encuentra libre de cualquier culpa y dio a conocer que ya se presentaron ante las instancias correspondientes para defender sus casos, “y estamos seguros que los ganaremos, porque nosotros estamos presentando las pruebas necesarias”.
El ex mandatario estatal anunció que recorrerá todo el estado para presentar las pruebas necesarias con las que demuestras la inocencia de los ex funcionarios que han sido señalados por desviar recursos del erario público. (Abel Miranda Ayala)
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Diario 21
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No mandé a robar ni a matar a nadie, dice Torreblanca
Por Rogelio Agustín Esteban
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Chilpancingo, Gro., Diciembre 1.
“No mandé a robar ni matar a nadie”, dijo el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo al responder a las acusaciones de corrupción y desvíos de recursos que se adjudican a su administración, comprendida de 2005 a 2011. Cobijado por parte importante de sus ex colaboradores, Torreblanca Galindo admitió que rompió con una regla no escrita de la política mexicana, consistente en que los ex gobernadores tienen que guardar silencio y someterse a un exilio de facto.
“Quise estar lejos de la vida pública, irme a vivir a la Ciudad de México, pero lo que vi fue el maltrato hacia mis colaboradores y una campaña de calumnias en la que se puso al frente el actual Ejecutivo local”, aclaró. Por eso juzgó necesario romper con la regla no escrita y responder algunos señalamientos hechos en su contra, comenzando por la versión de que dejó al gobierno en bancarrota, particularmente a la Secretaría de Educación.
Explicó que la SEG registra un boquete financiero de mil 500 millones de pesos anuales, ya que de 1996 a 1999 los más de 70 mil maestros del estado recibieron un incremento de 45 a 90 días de aguinaldo en forma paulatina, sin contar con el respaldo financiero de la federación.
De 1996 a 1999, el actual gobernador cubrió un interinato en la administración estatal, a partir de la solicitud de licencia de Rubén Figueroa Alcocer. En ese tiempo también se entregaron 8 mil plazas sin el techo presupuestal correspondiente, por lo que juzgó “imperdonable” que ahora se apueste a la pérdida de memoria para acreditarle el quebranto al periodo comprendido de 2005 a 2011.
AERONAVES OFICIALES PARA USO PERSONAL
En la extensa reunión que sostuvo en Chilpancingo, Torreblanca manifestó que en 2005 encontró una flota aérea que constaba de sólo 4 aparatos; dos no funcionaban, un helicóptero con 25 años de antigüedad que se desplomó y un avión King Air con 20 años de uso, que fue vendido en un millón de dólares para comenzar a comprar una nueva flotilla.
Recordó que su gobierno compró un avión King Air 350, un King Air 90, un helicóptero Augusta, dos helicópteros más para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un Koala comprado con recursos de la Secretaría de Salud, así como uno para la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Admitió que utilizó 95 millones de pesos del Sector Salud para comprar un avión y un helicóptero, pero apuntó que regresó a dicha secretaría 305 millones de pesos.
Mostró imágenes y bitácoras en las que aparecen el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva; Mateo Aguirre Rivero (hermano del Ejecutivo local); el diputado Ángel Aguirre Herrera; algunos jerarcas de la iglesia católica, periodistas locales y hasta Silvano Aureoles Conejo, ex candidato al gobierno del estado de Michoacán, utilizando las aeronaves de Guerrero para fines personales.
DINERO EN CUENTAS
El ex mandatario estatal sostuvo que al cierre de su gestión dejó 2 mil 400 millones de pesos en por lo menos 85 cuentas bancarias, lo que exhibió en una presentación de power point. Denunció que el fideicomiso de 210 millones de pesos que garantizaba la construcción del edificio inteligente de Acapulco, desapareció “de un plumazo”.
También lamentó la desaparición de un fondo de solidaridad creado para hacer frente a contingencias naturales, que comenzó a operar con 50 millones de pesos.
Zeferino Torreblanca aseguró que al inicio de su gobierno se le asignaba seguridad a varios ex mandatarios e integrantes de su gabinete de seguridad; Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros.
En el cierre de la gestión 2005-2011, grupos de delincuentes asesinaron a un subsecretario de Readaptación Social y atacaron a balazos en dos ocasiones a Jesús Miranda Ramírez, ex fiscal especial para la investigación del asesinato de Armando Chavarría Barrera. Por eso creó un fideicomiso para garantizar la asignación de personal de seguridad para el ex gobernador, el ex secretario general de Gobierno, los ex procuradores y el ex director de la Policía Ministerial.
Señaló que a él se le retiró la seguridad, ya que nunca se activó el fideicomiso creado para ello y por eso anotó: “No tengo seguridad del gobierno del estado, ni ha funcionado el fideicomiso”. Luego vino la advertencia: “Yo hago responsable, de cualquier situación que suceda a mi persona o a mi familia; al gobierno del estado”.
INFLAN LA NÓMINA
A ocho años del presente gobierno, Torreblanca manifestó que al cierre de su sexenio el sector central tenía 14 mil 163 trabajadores, pero ahora se han contratado 502 nuevos espacios. Mientras se redujo casi a la mitad el salario de miles de burócratas no sindicalizados, el número de jefes de departamentos se incrementó de manera importante.
“Ahora hay 107 nuevos mandos superiores, porque había muchos compromisos políticos y tenían que cumplir. de hecho, crearon una secretaría para un parásito de la izquierda, para que engorde la lista y le van a dar 25 millones de pesos para la sagrada burocracia”.
Indicó que hay 285 nuevos mandos medios, pero a las áreas de seguridad y justicia se les quitaron 290 elementos. Agregó que no está asumiendo una defensa a ultranza de sus colaboradores, pero exigió que no le carguen irregularidades que no cometieron: “porque no mandé a robar ni a matar a nadie”. Por eso dijo que recorrerá el estado dando a conocer su versión de las cosas y sostuvo que tiene más información que se reserva para ocasiones posteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO CONDENA LA AMENAZA CONTRA EL PERIÓDICO “EL SUR”

Jueves, 01 de Diciembre de 2011
Primer Periodo Ordinario
No. Gaceta: 320
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Dictámenes a Discusión y Votación

De la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente cualquier acto que intente coartar o limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país y se solidariza con el personal del periódico El Sur en el estado de Guerrero.

Descargar Documento ( Anexo_Walton.pdf )

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO CONDENA LA AMENAZA CONTRA EL PERIÓDICO “EL SUR”, EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL DIRECTOR Y LOS TRABAJADORES DEL MISMO, ASÍ COMO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

COMISION DE GOBERNACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado condena la amenaza contra el periódico “El Sur”, expresa su solidaridad con el director y los trabajadores del mismo, así como con la libertad de expresión, presentada por el entonces Senador Lázaro Mazón Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 29 de marzo de 2011, el entonces Senador Lázaro Mazón Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado condena la amenaza contra el periódico El Sur, expresa su solidaridad con el director y los trabajadores del mismo, así como con la libertad de expresión.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores decidió turnar la proposición mencionada a la Comisión de Gobernación, para su examen y elaboración del dictamen correspondiente.

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora se reunieron con el propósito de estudiar la proposición aludida y exponer sus argumentos, a fin de estar en condiciones de integrar el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

PRIMERO.- El proponente señala que el pasado viernes 25 de marzo de 2011, alrededor de las 21:30 horas, se recibió en la oficina de la redacción del periódico El Sur, de circulación estatal en Guerrero, una amenaza lanzada en contra del director, C. Juan Angulo Osorio.

Apunta que esta amenaza fue realizada a cuatro meses y medio de que las anteriores oficinas del periódico fueran atacadas a balazos, el 10 de noviembre de 2010, lo cual motivó una mudanza a otras instalaciones. Refiere que en aquella ocasión, esta Soberanía manifestó su total y unánime condena a dicho ataque armado.

SEGUNDO.- Menciona que la amenaza sufrida refleja la descomposición del Estado de derecho en Guerrero. Desde su óptica, la amenaza contra el periódico, y contra otros medios, es un ataque a la libertad de expresión y un intento por amedrentar a quienes trabajan con independencia editorial y al margen de la manipulación política de la información.

TERCERO.- Indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones civiles “Artículo 19” y “Reporteros sin fronteras” fueron informadas de la amenaza al periódico El Sur e iniciaron gestiones para garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones, así como para proteger el derecho a la libertad de expresión del periódico.

Expresa que diversos legisladores federales y locales, junto con las autoridades municipales de todo el estado, han manifestado su solidaridad con los trabajadores y personal directivo del periódico.

CUARTO.- El proponente refiere que el día sábado 26 de marzo de 2011, los directivos y trabajadores del periódico decidieron cerrar las instalaciones del diario en Acapulco, con el objetivo de protestar por la falta de garantías para el pleno ejercicio de la actividad periodística. Asimismo, apunta que los integrantes de la plantilla laboral del periódico exigen un respeto absoluto a la libertad de expresión y al ejercicio independiente del periodismo.

QUINTO.- Expone que el ataque armado sufrido por el periódico El Sur y la amenaza hecha contra su director dan cuenta del peligro que viven los medios informativos para desarrollar su actividad. Por lo anterior, solicita que el Senado de la República exprese una condena y que manifieste su apoyo a la libertad de expresión y manifestación independiente de los medios de comunicación del estado de Guerrero y de todo el país.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora comparte en términos generales el espíritu que anima la proposición objeto del presente dictamen. Ello debido a que es necesario crear las condiciones de seguridad que garanticen el respeto absoluto y sin cortapisas a la libertad de expresión y que permitan el libre ejercicio de cualquier profesión lícita, tal como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
Asimismo, la disposición constitucional aludida establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En ese sentido, es dable sostener que el Estado debe garantizar que la libre manifestación de ideas, opiniones y comentarios suceda en un contexto de civilidad que favorezca la más amplia deliberación pública. Defender una tesis contraria sería estar en contra de una de las libertades fundamentales que permite la vigencia de un régimen democrático.

La libertad de expresión, en tanto derecho fundamental, debe ser defendida y tutelada. Además, sólo puede ser ejercida a cabalidad si el Estado provee las condiciones jurídicas y fácticas que permitan asegurar que nadie será molestado en su persona por una simple expresión, que no encuadre dentro de los supuestos de excepción dispuestos por el propio artículo 6 constitucional.

En el caso particular que es materia del presente dictamen, el intento de censura es más preocupante por desconocerse el sujeto que trata de coartar las libertades de expresión e imprenta.

TERCERA.- Asimismo, vale la pena resaltar que el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia es inviolable. Así, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, exigir fianza a los autores o impresores, o coartar la libertad de imprenta.

Lo anterior permite comprender que todo ciudadano mexicano tiene la libertad de expresarse, incluso de forma escrita, sobre cualquier materia, siempre que se respeten los límites dispuestos para el ejercicio de esta libertad. En un sentido correlativo, el Estado tiene la obligación de proporcionar y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza este derecho. Sólo así se hace efectivo el derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deja de ser un simple postulado.

De lo anteriormente sustentado, resulta claro que al estar tuteladas tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es responsable de proveer y garantizar las condiciones que permitan su pleno goce y ejercicio.

CUARTA.- En la misma tesitura, el Estado debe brindar las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de las profesiones, y más tratándose del periodismo, ya que dicha profesión produce un beneficio social al ser una ventana de acceso a la información, al debate de ideas y servir como referencia de la opinión pública.
La importancia de la labor periodística radica en que asegura el reporte de los hechos y acontecimientos que suceden en el país y otorga un espacio amplio para la discusión pública de ideas. Con ello, el periodismo cumple con una función social. Por ende, el Estado debe proporcionar el marco jurídico, la seguridad y las garantías necesarias para que los periodistas puedan ejercer sus labores en un ambiente de paz, civilidad y respeto.

Como lo señala el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de ejercicio de profesión lícita, por lo que la labor periodística debe ser ejercida sin intimidaciones, amenazas o represiones. Se considera pertinente citar a continuación dicho artículo:
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.







Del citado artículo se desprende que toda persona tiene el derecho a ejercer la profesión lícita que prefiera, así como al producto de su trabajo. En consecuencia, no deben ser tolerados actos intimidatorios que tengan por objeto impedir desempeñar una profesión lícita. En todo caso, de llegar a presentarse actos contrarios a lo establecido en el artículo 5 constitucional, las autoridades competentes tienen la obligación de iniciar una investigación que permita conocer el origen de las amenazas y asegurar el libre ejercicio de la profesión.

En esa tesitura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, realizada por Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue. En la visita a nuestro país, ellos concluyeron que en México el periodismo debe considerarse como una actividad de alto riesgo ante la inseguridad a la que se ven expuestos los periodistas en la realización de su labor. En consecuencia, emitieron una serie de recomendaciones para mejorar la posición de los periodistas en materia de libertad de expresión.

Derivado de lo anterior, el Estado mexicano se ve ante la importante tarea de garantizar que todo ciudadano pueda llevar a cabo su profesión lícita sin problema o presión alguna. En la práctica, se ha visto como los periodistas se ven amenazados e incluso intimidados al publicar notas u opiniones que no son del agrado de algunos sectores. Así, el Estado debe atender lo señalado por la CIDH en la “Relatoría para la Libertad de Expresión” y sentar las bases para que se pueda ejercer una profesión de manera lícita, sin barreras de cualquier tipo.

QUINTA.- Los integrantes de esta dictaminadora estiman importante rescatar que los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, a la información y el derecho a la libertad de ejercer profesión lícita se encuentran consagrados por nuestra Constitución Federal. Por ello, el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso, goce, respeto y ejercicio de los mismos. En los sucesos relacionados con el periódico El Sur, se ha atentado contra los derechos descritos en los puntos anteriores, lo cual es condenable y reprochable. Este tipo de actos no pueden tolerarse ni menos auspiciarse y si se quiere fortalecer el Estado de derecho y generar un clima de tranquilidad, certeza y seguridad para los ciudadanos.

Es importante mencionar que a las constantes agresiones, amenazas e intimidación de que ha venido siendo objeto el periódico “El Sur”, se suma la ocurrida el pasado jueves 3 de noviembre, cuando alrededor de las 15:00 hrs., un agente de la PGR se apersonó en la redacción de dicho periódico con el fin de interrogar a la reportera Magdalena Cisneros en relación con una denuncia anónima en la que se le señalaba como asistente o participante de una supuesta reunión de miembros de la delincuencia organizada. Lo extraño del asunto es que la supuesta reunión, según la denuncia anónima, se llevó a cabo el 3 de agosto de 2011 y la denuncia fue recibida en esa misma fecha, por lo que genera suspicacias que la PGR haya enviado a un agente 3 meses después.

Esta comisión dictaminadora manifiesta su preocupación por los antecedentes de hostigamiento provenientes presuntamente de funcionarios públicos federales y locales al periódico El Sur, -los cuales dicha casa editorial ha denunciado públicamente con oportunidad y, en consecuencia, considera pertinente solicitar al Gobernador constitucional del estado de Guerrero que instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a investigar las amenazas y actos intimidatorios efectuados contra el periódico El Sur. Asimismo, es menester que este Senado de la República condene enérgicamente cualquier acto que intente coartar o limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo previsto en los artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado condena enérgicamente cualquier acto que intente coartar o limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país y se solidariza con el personal del periódico El Sur en el estado de Guerrero, quienes han sufrido diversas agresiones.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobernador constitucional del estado de Guerrero, C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, a que instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a investigar las amenazas y actos intimidatorios recibidos por el personal que labora en el periódico El Sur.

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Sobre Zeferino Torreblanca y acusaciones en su contra

Yo, ciudadano
Z: vive
Gustavo Martínez Castellanos
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El retorno a la escena pública del ex gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo demuestra una vez más que en política nadie muere definitivamente. Su reaparición en Guerrero –toda distancia guardada- generó las mismas reacciones que su tocayo Salinas generaba cuando de pronto aparecía en México a unos meses de su autoexilio en Dublín.
El impacto que ocasionó su retorno fue tal que muchos medios y analistas recordaron atropelladamente su praxis como Ejecutivo estatal. Una muestra de ese impacto la dio El Sur –archirecontraenemigo jurado de Zeferino- que en la segunda línea del cuatro párrafo de la quinta columna de la página seis de su edición de este miércoles, lo vuelve a llamar “gobernador”. Aunque también podría tratarse de una estrategia publicitaria. Es El Sur.
Y no es para menos, la presencia de Zeferino en Guerrero se debe –aclaró- a que el gobierno de Aguirre lo acusa infundadamente de malversación de fondos públicos en su sexenio. Y a que El Sur lo acusa de ser candidato del PAN a la alcaldía de Acapulco; idea que, definió el ex gobernador, le parecía mejor que ser candidato a una senaduría.
Decida ser lo que decida ser, no puede pasarse por alto que la presencia de Zeferino en Acapulco aclara muchas cosas. Como el hecho de que las acusaciones y declaraciones en los medios en su contra sólo son eso: declaraciones y acusaciones. Éstas últimas, infundadas; porque de lo contrario, él no hubiera regresado, no hubiera hecho la reunión que hizo, no hubiera declarado todo lo que declaró. Ni anduviera tan tranquilo.
Cualquier ciudadano medianamente enterado de esas acusaciones, hubiera esperado que, en cuanto Zeferino asomara las narices en Guerrero, la Procuraduría lo aprehendiera. Pero eso no ocurrió. Eso demuestra que Zeferino está perfectamente enterado del estado que guardan esas acusaciones en su contra y del ánimo mediático que a través de ellas se pretende. Y de que López Rosas, ahora Procurador, otra vez no puede tocarlo.
Además, su regreso genera incertidumbre en el ámbito político local que se encamina a las elecciones del próximo año con candidatos casi posicionados. Para Acapulco, Walton, Rumbo, Fermín, Flores Maldonado y los que PRD y PRI decidan añadir o reposicionar. Con Zeferino en ese ánimo ¿qué partido lo apoyaría? ¿Cómo? ¿A cambio de qué?
Porque es evidente que él se sabe con plenos derechos para contender. Y todo mundo sabe que cuenta con la lealtad de un grupo que él ayudó a crecer política y económicamente y que hoy es dueño de muchas de las más rentables franquicias del país y de Guerrero. Con ellos y loas activos que acumularon en su sexenio, Zeferino puede regresar para quedarse.
Sobre todo porque ha roto con todas las usanzas políticas, como autoexiliarse en silencio. U obedecer “las tres cartas”. O reprimir cualquier aspiración política. Con él y con René Juárez, Aguirre tiene que reinventar la forma de hacer política en Guerrero para mantener el clima político apropiado para el desarrollo social y para unas elecciones pacíficas el año que entra. Hoy lo sabe: debe tener más prudencia.
Los analistas, por su parte, tendrán que abandonar la visceralidad. Si Zeferino está más vivo que nunca es porque ha sabido aprovechar el sistema político vigente y porque ha sido muy creativo. Es momento de que esos analistas también aprendan a leerlo y a traducirlo adecuadamente si en realidad quieren trabajar en favor de la sociedad suriana.
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Nos leemos en la crónica gustavomcastellanos@gmail.com;
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