martes, 11 de diciembre de 2012

Caso Radilla provoca nueva potestad a juzgadores: José Ramón Cossío, ministro de la SCJN

Abogados y jueces deben acostumbrarse a operar a la luz de los derechos humanos, sean de fuente constitucional o convencional

Roberto Ventura Pérez/Ciudad de México

“La sentencia del Caso Rosendo Radilla no sólo condena al Estado Mexicano, sino que condena por primera vez al Poder Judicial de la Federación, tal vez pudiese tener implicaciones respecto de los órganos jurisdiccionales del país”, señaló el Ministro José Ramón Cossío Díaz, durante la presentación del libro El Caso Radilla. Estudio y Documentos”, realizada la noche del jueves seis de diciembre en el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
 
En el acto de presentación del denso texto, escrito por el propio ministro, en conjunto con dos de sus secretarios de Estudio y Cuenta: Raúl M. Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, presentes también en el evento, apuntó que el fallo es “de una enorme importancia porque a todos nosotros nos va a poner a echar a andar a volar la imaginación, acerca de cómo vamos a recibir sentencias dictadas por tribunales extranjeros en nuestro propio orden jurídico, este asunto desde luego no es menor”, pues considera que implicó un cambio para el sistema jurídico nacional.
 
Si tuvieran que hacer una breve síntesis de lo que se resolvió –dijo- habría que destacar tres cosas que son centrales:
 
“La primera es la confirmación de que en este país existe un control concentrado, tenemos controversias, acciones y amparo, y en ellas hacemos declaraciones de inconstitucionalidad con efectos generales (Controversias y acciones) y con efectos relativos hasta el día de hoy en amparo”.
 
“La segunda, es importante resaltar el control difuso, en el sentido de que los juzgadores de todo el país, en cualquier proceso del que estén conociendo, pueden desaplicar disposiciones si estiman que éstas son contrarias a la Constitución federal. Tengo yo conocimiento que una sala penal del TSJDF, una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, y algunos otros órganos jurisdiccionales han llevado a cabo ejercicios de desaplicación de estas disposiciones y esto me parece que es un cambio absolutamente trascendente para todos nosotros, que somos juzgadores o estamos interesados en actividades jurisdiccionales”, una nueva potestad para los juzgadores.
 
“Tercera, el pronunciamiento generó el principio pro-persona, una interpretación muy sólida del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los juzgadores deben siempre preferir la interpretación más favorable”. Abundó que la SCJN ya tiene algunas decisiones muy importantes (Yucatán y Zacatecas), para efecto de determinar cómo es la aplicación jerárquica de las disposiciones en materia de derechos humanos.
 
Entonces –precisó- este es el reto más importante que tenemos todos los abogados o juzgadores, “nos tenemos que acostumbrar a operar con derechos humanos, sean de fuente constitucional o de fuente convencional y esto no es un asunto sencillo; la mayoría de nosotros fuimos entrenados para saber garantías individuales”.
 
“Sí tenemos necesidad de involucrarnos muy seriamente en materia de derechos humanos, de fuente constitucional y convencional, porque hoy en día son herramientas, no son ya lujos, ni son erudiciones, son herramientas de operación cotidiana en lo que tenemos todos que hacer cotidianamente”.
 
Ilustró que lo anterior “está derivado de la reforma del juicio de amparo, de la reforma de derechos humanos y la sentencia Radilla, promulgadas y emitidas el año pasado; pero si lo vemos conjuntamente yo creo que es uno de los cambios jurídicos más importantes que ha habido en muchísimos años”.
 
Por último, visualizó que el control difuso que hoy día tienen jueces y abogados no desaparecerá pronto y la solución no es apostar a que desaparezca, a que esto sea una moda que tomaron los ministros, más bien –expuso- “yo creo que esto se va a ir constituyendo, se va a ir consolidando, entonces me parece a mí que vale la pena que nos tomemos en serio las implicaciones de este muy importante caso, porque en realidad vino a articular el sistema concentrado, el sistema difuso del principio pro-persona, y sobre todo la reforma de derechos humanos que se publicó el 10 de junio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación”.
 
Periódico Pueblo Guerrero, 11 de diciembre de 2012
 
 

lunes, 10 de diciembre de 2012

El sabio guerrerense

Médula

¿Cuándo otro sabio guerrerense?

Jesús Lépez Ochoa
jesuslepez@gmail.com

Guerrero, cuna de uno de los llamados Siete Sabios de México, está entre los referentes nacionales de una mala educación, rubro en el que las proyecciones de los expertos son catastróficas, lo que debiera ocupar a nuestras autoridades, maestros y a nosotros mismos como padres de familia, dada la situación de violencia que experimentamos, ya que la ignorancia también es factor de ruptura del tejido social que tanto anhelamos reconstruir.
 
La Fundación Mexicanos Primero en su reporte titulado Ahora es cuando expresa que “Guerrero presenta un panorama preocupante”, pues advierte que de no emprenderse una serie de medidas congruentes y focalizadas, nueve de cada 10 jóvenes estarían fuera del sistema educativo para 2018.
El dato es alarmante. Traducido a la vida real significa que de cada 10 muchachos que actualmente estudian primaria o secundaria, solamente uno tendrá la probabilidad de concluir una carrera universitaria que le provea el acceso a empleos bien remunerados y al resto, los estamos condenando a vivir del salario mínimo, en el supuesto de que opten por una vida pobre pero honrada.
 
Hay que tomar en cuenta que la única igualdad que los nueve jóvenes excluidos del sistema educativo compartirían con el que seguiría dentro, sería la de necesidades, pues al igual que éste deberán procurarse alimentos, vestido y techo para ellos y su descendencia, que en personas con escasa educación suele ser numerosa.
 
Las desigualdades serán más, empezando por el acceso al trabajo con mayor remuneración para un licenciado, doctor, arquitecto o ingeniero y con esto a la facilidad para obtener los satisfactores requeridos por ellos y sus familias que hablando de gente mejor informada y preparada para enfrentar la vida, suelen ser planificadas.
 
Consciente de estas diferencias, un profesionista hará su prioridad que sus hijos concluyan una carrera. Sin duda algunas personas sin estudios también se empeñarán en sacar a los suyos adelante, como estamos seguros que muchos buenos padres y madres lo hacen, pero habrá otros para los que no resulte importante dado que ellos tampoco estudiaron.

El sabio guerrerense

El chilpancingueño Alberto Vázquez del Mercado Marquina, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue también considerado uno de los siete sabios mexicanos junto con Manuel Gómez Morín, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva y Jesús Moreno Baca, con quienes fundó la Sociedad de Conferencias y Conciertos.
Si bien, a partir de su educación media superior estuvo en la Ciudad de México, nuestro paisano cursó su educación primaria y secundaria en Chilpancingo, donde sin duda obtuvo una sólida base para sus próximos niveles de estudio.
 
Guerrero es cuna de uno de los referentes del intelecto mexicano, pero también, de los maestros que lo formaron en sus inicios y de sus padres que estuvieron pendientes de su educación. ¿Cuándo otro sabio guerrerense? ¿Cuándo otros profesores como los que tuvo?
 
Cada niño sin escuela es una moneda al aire para las futuras generaciones. Cada padre y cada maestro deciden si éste será una cara en la sociedad y tal vez hasta en la historia como fue el caso de nuestro sabio de Guerrero, o una cruz en el pavimento de la calle del olvido como muchos de los caídos por la violencia en nuestro estado. ¿Usted a qué le apuesta?

Pueblo Guerrero, 10 de diciembre de 2012

Ventajas y desventajas en la contratación de deuda pública


Segunda y última parte
René Astudillo Nava
Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia Bello Morales,
por el sensible fallecimiento del licenciado Isael Bello Cuevas.
Como quedó expresado en nuestra colaboración anterior en esta ocasión se abordará lo relacionado a los aspectos negativos que se pueden generar en la contratación de créditos.
Derivado de esta tendencia creciente que se dio a nivel nacional por endeudar las finanzas estatales y municipales, canalizando los recursos a proyectos poco rentables; este fenómeno ha ocasionado que en los últimos años se haya incrementado el interés por estudiar el endeudamiento de estas administraciones públicas y la intención del gobierno federal con el proyecto de ley de establecer reglas más estrictas para acotar el endeudamiento de los gobiernos para los próximos años, toda vez que existen datos que demuestran que los niveles alcanzados por dichos créditos se han incrementado de forma alarmante, generando más que beneficios una pesada carga financiera para las haciendas de las administraciones presentes y futuras y por consecuencia al sistema bancario nacional una creciente cartera vencida por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.
En este sentido, es conveniente analizar las siguientes desventajas, pues resulta pertinente contrastar las opciones que tienen los municipios para allegarse de recursos por medio de la deuda. De esta forma, recurrir al financiamiento se consideran previsibles se presenten las siguientes desventajas.
Los gobiernos pueden y tienden en muchas ocasiones a abusar del endeudamiento superando su capacidad financiera para hacer frente en forma oportuna a los compromisos que se deriven de los créditos. En ocasiones estos recursos son invertidos para realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones, sin que las obras realmente representen importantes beneficios a la población.
Por otra parte, los estados y municipios pueden sobrepasar los límites que establecen sus legislaciones sobre los máximos en los que se pueden endeudar, además de que puede sobregirarse la capacidad de endeudamiento de sus finanzas, llevando a que el pago del servicio de la deuda se convierta en un impedimento para la operación normal de la administración (un quebranto financiero), poniendo en peligro el equilibrio de las finanzas y la provisión oportuna de los servicios públicos que el gobierno está obligado por ley a proporcionar.
Un efecto negativo de contratar deuda pública, se presenta cuando se incrementa exageradamente y los recursos son aplicados a solventar erogaciones del gasto corriente, (sueldos y salarios, materiales y servicios generales), por lo cual no se genera un beneficio a la población, al contrario se corre el riesgo de pagar la deuda contratada a costa de los contribuyentes.
La combinación de malas decisiones y una planeación deficiente en el uso de la deuda, puede desencadenar un incremento exponencial en su periodo de amortización (capital e intereses), por lo que las finanzas estatales y/o municipales en lugar de obtener una mayor fortaleza, se ven fuertemente presionadas generando severos desequilibrios en su estructura.
Por tanto, es conveniente que si las autoridades municipales consideran la posibilidad de hacerse llegar recursos vía crédito durante su periodo de gobierno, es pertinente contemplar esta opción en su plan municipal de desarrollo, como lo establece la ley de planeación del estado de Guerrero.
Con esta alternativa se estará en condiciones de planear la ejecución de la obra pública y contar con recursos suficientes para instrumentar los programas que les permita alcanzar los objetivos y metas contemplados en ese documento rector, orientador de las inversiones en el municipio.
En ese sentido, de capital importancia resulta en este inicio de la administración, el proceso de maduración de los estudios y proyectos que justifiquen financiera y socialmente la deuda a contratar.
Para concluir comentaremos que la deuda de las 31 entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios del país, en el 2011 ascendió a 358 mil 501.2 millones de pesos, lo que representó un incremento del 13.9 por ciento respecto del cierre 2010 y el 2.7 por ciento con respecto del PIB.
De acuerdo con información de la Secretará de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del año pasado los estados que presentaban las obligaciones financieras por arriba de los 20 mil millones de pesos fueron los siguientes: Veracruz, con 22.6; Jalisco, con 24.1; Nuevo León, con 36.3; Coahuila, con 36.7; Estado de México, con 38.2 y el Distrito Federal, con 52.4 mil millones de pesos, absorbiendo estas seis entidades federativas el 58.6 por ciento de la deuda global. En tanto que, en igual número de entidades pero con endeudamientos menor a los mil millones de pesos están los estados de Campeche, con 0.4; Zacatecas, con 1.1; Colima, con 1.4; Baja California Sur, con 1.8; Yucatán, con 1.8 y Morelos con 1.0 mil millones de pesos. Cabe destacar que hasta ese periodo, el estado de Tlaxcala no había recurrido a la contratación de créditos.
Los registros de estos montos de deuda pública dieron origen a que la cartera vencida de estados y municipios con la banca comercial se disparara y en solo un mes, en octubre se duplicó para ubicarse en los niveles históricos más altos desde 1994. De acuerdo con información del Banco del México, entre septiembre y octubre del año pasado los adeudos vencidos que los estados y municipios tienen con la banca comercial crecieron de 2 mil 596 millones de pesos a 5 mil 476 millones de pesos.
Por las razones expuestas, podemos finalizar que contratar deuda pública no es malo, el problema surge cuando es excesiva, no es transparente y no se utiliza en proyectos que generen recursos para su propia amortización. Por otra parte, es importante que los municipios recurran en menor grado a su contratación y no se constituya esta como una fuente de financiamiento preponderante sobre las demás fuentes de ingresos, además de que se respete el espíritu consagrado en el artículo 117 fracción VIII de nuestra Carta Magna y se establezcan importantes controles sobre el endeudamiento, sin que esto afecte la autonomía municipal.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Othón Salazar Ramírez, una vida de lucha

Noé Ibáñez Martínez
iamn870705@hotmail.com


Hace poco más de dos décadas, en las elecciones municipales de 1986, el municipio de Alcozauca ya marcaba una importante coyuntura político-electoral en la historia del estado de Guerrero. Ya dos periodos de administración del partido de oposición, auguraban que se consolidaba el proyecto de izquierda y que poco a poco, expandía su influencia electoral en los demás municipios y que La Montaña se estaba tiñendo de rojo.

Para ese año, el candidato a la alcaldía, el profesor Othón Salazar Ramírez, a pesar de una intensa campaña de desprestigio y trabas electorales por parte del partido oficial, ganó la presidencia municipal y tomó posesión en medio de una protesta de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional encabezados por el candidato priista, Baltasar Villanueva Andrade.
En una tribuna improvisada en la calle Miguel Espinobarros, el 1 de enero de 1987, el secretario de Gobierno, Jesús Ramírez Guerrero acudió a dar posesión al alcalde electo, dirigiéndose al público: “el que este municipio por tercera vez sea ganado por un partido de izquierda, es también una muestra de institucionalidad, en el que se ha gobernado con profundo sentido social y alto contenido político”.

Por su parte, Othón Salazar señaló que: “con la toma del palacio municipal se quiso montar una guerra de pobres contra pobres, cuando ellos tienen mil cosas en común. En ello converge anhelo socialista de romper las cadenas de la vida trágica de los mixtecos. Me comprometo a promover la democracia directa con la participación de todas las comunidades y por delante va mi corazón de comunista para querer a mis semejantes. Aquí hay un verdadero movimiento de masas”.

Salazar nuevamente señaló: “aquí está conquistada la esperanza de romper todas las cadenas que oprimen social y económicamente a nuestros pueblos y, algún día, será nuestra generación, será la que viene, será quien sabe cual, pero un día mis hermanos de raza, mis hermanos mixtecos tendrán en su mesa alimentos que los nutran, tendrán en su cuerpo ropas que los cubran, tendrán médicos que los atiendan, tendrán escuelas que les abran los caminos de la formación profesional y el cultivo de la inteligencia”.
 
Era un día de fiesta, cientos de ciudadanos de Alcozauca y de comunidades pertenecientes a la cabecera, estuvieron presentes, tres bandas de música de Chile Frito, no dejaban de tocas “las chilenas”. El entusiasmo se desbordó en las calles cercanas, cientos de hombres y mujeres salían de sus casas para escuchar y ser testigos del triunfo del Partido Socialista Unificado de México.
Entre tanto, los priistas derrotados, tenían reacciones muy diferentes frente al edificio de la presidencia municipal: los carteles y la propaganda impresa de su partido eran quemados y con machetes y cal eran borrados los emblemas y leyendas del partido tricolor; de esa manera los priistas daban la espalda a su partido. Más tarde inició un baile a ritmo de “tamborazo”, las chilenas y los sones mixtecos alegraron por varias horas”.

Los párrafos anteriores, constituyen un pequeño libro biográfico como homenaje a una vida de lucha por la defensa de los derechos de nuestros hermanos indígenas. A cuatro años de su fallecimiento, Othón Salazar regresará a su tierra natal convertido en historia este próximo 4 de diciembre; seguramente, en el evento estarán presentes familiares, amigos y camaradas; para rendirle un merecido homenaje y decirle que sus ideales siguen vivos.

Que el sueño que alguna vez llevó a Othón Salazar mantener viva la esperanza de una sociedad más justa y equitativa, más humana y con oportunidades para mejorar la calidad de vida, principalmente de los sectores más vulnerables y que continuamente eran violentados y aislados sus derechos fundamentales; lo llevó a entregar hasta el último día de su vida, con pasión y entrega, el de ser un soldado del pueblo.

Periódico Pueblo Guerrero, 29 de noviembre de 2012

jueves, 1 de noviembre de 2012

El TEPJF validó designación de consejeros del Instituto Electoral de Guerrero

Declaró infundados los agravios que expusieron 13 actores en 13 juicios para la protección de los derechos políticos electorales que promovieron ante ese cuerpo colegiado

 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó ayer la designación de consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), la cual se realizó el 11 de septiembre de este año, al declarar infundados e inoperantes los agravios que expusieron 13 actores en 13 juicios para la protección de los derechos políticos electorales que promovieron ante ese cuerpo colegiado.
 
Con este fallo, quedaron firmes las designaciones de José Guadalupe Salgado Román, Jesús Villanueva Vega, Román Jaimes Contreras, Ramón Ramos Piedra, Jehová Méndez Olea, Alfonso Lara Muñiz y Nazarín Vargas Armenta, como consejeros propietarios del Instituto Electoral del Estado; así como los nombramientos de René Vargas Pineda, Jorge Mendoza, Francisco Fernando Ruiz, Olegario Martínez, Pedro Pablo Martínez y Marisela Reyes como consejeros suplentes, para el periodo comprendido del 16 de noviembre del 1012 al 15 de noviembre del 2016.
La confirmación de los nombramientos de los consejeros electorales de Guerrero fue por unanimidad de los magistrados del máximo Tribunal Electoral del país que preside José Alejandro Luna Ramos, a través de una resolución de la que se desprende que en el procedimiento de selección y designación de los nuevos miembros del IEEG, se privilegió la experiencia y la profesionalización de los nuevos funcionarios.
 
En cuanto al agravio que hicieron valer tres mujeres que participaron en el proceso de selección de consejeros porque no se tomó en cuenta la equidad de género al ser excluidas de las designaciones, éste fue desechado sobre la base de que en la convocatoria no existió ninguna norma discriminativa, y que por el contrario brindaron las mismas oportunidades para todos los participantes, y que por lo tanto no fueron violentados los derechos de las actoras. (Agencia Periodística de Investigación)
 
Pueblo Guerrero, 01 de noviembre de 2012

Barricadas y toque de queda en Olinalá; toman el ayuntamiento

Pobladores desarman a policías y crean comisión de vigilancia para enfrentar a bandas

Barricadas y toque de queda en Olinalá; toman el ayuntamiento

Según autoridades de Guerrero, la alerta se debe a información falsa sobre presunto levantón
Oídos sordos ante advertencias de que el crimen organizado opera en la zona: Tlachinollan

Foto
Pobladores de Olinalá, Guerrero vigilan una de las entradas a la cabecera municipalFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2012, p. 35
 
Chilpancingo, Gro., 31 de octubre. Unos 700 habitantes de Olinalá, algunos armados con escopetas, instalaron barricadas en los cinco accesos a la cabecera municipal, entre ellos el que conecta con Puebla, para impedir el ingreso de la delincuencia organizada; además, impusieron toque de queda de las 22:30 a las 5 horas y suspendieron las clases.
 
El viernes pasado fue encontrado muerto un taxista que había sido secuestrado. El sábado, durante el sepelio, los pobladores se enteraron de que un grupo armado había levantado a un comerciante.
Entonces tomaron el ayuntamiento, desarmaron a los 16 policías municipales y en un domicilio donde presuntamente se alojaban los secuestradores incendiaron una camioneta, un automóvil y varias motocicletas.

Luego formaron la comisión de supervisión y vigilancia de Olinalá y dijeron que se vieron obligados a hacer justicia por propia mano porque los delincuentes extorsionan, desaparecen y matan en ese municipio de la Montaña de Guerrero sin que las autoridades actúen. Se trata de un levantamiento social ante el acoso de presuntos sicarios, dijeron.

Ese día, una fuente del gobierno del estado informó, con base en un reporte de Fidel Mejía Ruiz, comandante de la policía de Olinalá, que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron abandonada una furgoneta propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado. Más tarde se supo que el permisionario fue a Tlapa, donde compró refacciones para el vehículo. Ante esta información, los pobladores se retiraron del palacio y regresaron las armas, dijo la fuente.

Esa explicación fue retomada hoy por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien dijo no tener conocimiento de las barricadas y desmintió que el Ejército y la policía sean incapaces de enfrentar a la delincuencia.
 
Creo que no debemos actuar a la ligera, pensando que se ha rebasado a la autoridad. La revuelta del sábado, dijo, se debió a una camioneta abandonada.

Sobre la formación de una policía comunitaria con ciudadanos de Olinalá, Huamuxtitlán y Cualac, expresó: “Esto tiene origen en Huamuxtitlán, que propone que se integren (esos municipios) como zona de La Cañada, pero eso es otra cosa y no debe verse en función de los últimos acontecimientos.
(En Huamuxtitlán) no hay gente armada; el frente que están haciendo (en Olinalá) es un grupo ciudadano que no tiene una función específica, agregó.

Sin embargo, para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la situación en la zona de La Cañada es muy grave porque el pueblo ha rebasado a las autoridades municipales, estatales y federales por su incapacidad para garantizar la seguridad.
Recordó que desde hace tiempo el crimen organizado merodea en las rutas de Tlapa a Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, así como en aquellas que conducen a Huamuxtitlán, Cualac, Olinalá, Papalutla y Huitzuco “pero las autoridades no atendieron los reclamos de seguridad.

No fue fortuito que en la primera ruta ocurriera el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y varios secuestros y asesinatos de taxistas; además, hace 12 años fueron detenidas en Olinalá y procesadas personas relacionadas con la delincuencia organizada, recalcó.

Agregó que la región de la Cañada se encuentra en un proceso de insurrección contra la delincuencia organizada. Esto es bueno porque los ciudadanos toman en sus manos la seguridad, pero es malo porque se suplanta a las autoridades. ¿Para qué queremos autoridades que solamente vegetan?, agregó Barrera Hernández, quien consideró que el crimen organizado ya penetró las policías municipal y estatal.

sábado, 27 de octubre de 2012

Entrega Ángel Aguirre reconocimientos al mérito civil en el marco del 163 aniversario de la creación del estado de Guerrero


“El gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero reconoce que Guerrero es síntesis de esfuerzo y sacrificio por vivir mejor, es cierto que tenemos problemas, pero los enfrentamos con serenidad y no los rehuimos, al contrario, velamos por el interés de los guerrerenses”, aseguró el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez al pronunciar el discurso oficial durante la ceremonia del aniversario número 163 de la creación del estado de Guerrero.
 
Este evento estuvo presidido por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y asistieron representantes de los tres Poderes del Estado, siendo el orador oficial el encargado de la política interna, quien reconoció el esfuerzo y empeño que pusieron los condecorados del premio al mérito civil por su contribución a contar con un Guerrero más justo y equitativo.
Refirió que los hoy galardonados son ejemplo de una sociedad que le apuesta a la paz y al trabajo constructivo.
 
“Sirva este acto, no para cumplir con un ritual oficioso, sino para recordar emocionados los grandes sacrificios con que nuestra entidad suriana ha contribuido con honor, responsabilidad y trabajo a tener un país mejor”, precisó.
 
En cuanto a la iniciativa de reforma integral a nuestra constitución política local, la cual salió de los foros realizados en las 7 regiones del estado, enfatizó que será una nueva constitucionalidad en donde se privilegiará el respeto a los derechos humanos.

“Esta iniciativa no es invención, sino la más clara respuesta al anhelo de los guerrerenses de contar con una nueva constitucionalidad que responda al mandato histórico de modernizar las instituciones”.
A nombre de los Galardonados, el subsecretario de Gobernación federal, el guerrerense Obdulio Ávila Mayo, convocó a los galardonados a seguir sumando esfuerzos a la labor encabezada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero para generar el progreso del estado.
 
Precisó que el recibir reconocimientos y premios civiles es un aliciente para ayudar a los guerrerenses a salir adelante. El funcionario reiteró que para el gobierno federal, Guerrero es un estado con historia y gran futuro, por eso la federación ha trabajado al lado del gobierno estatal y en beneficio de los guerrerenses.
 
En esta ceremonia correspondió al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Raymundo Melgarejo Vásquez, leer el decreto mediante el cual el entonces presidente de la República, José Joaquín de Herrera dio vida a esta entidad federativa el 27 de octubre de 1849.
 
Por último el Titular del Poder Ejecutivo Estatal firmó la iniciativa de reforma integral de la constitución política de Guerrero.
 
El gobernador entregó reconocimientos y condecoraciones a ciudadanos destacados, recibiendo la más alta condecoración “Vicente Guerrero Saldaña” el investigador, Baltazar Brito Guadarrama, el reconocimiento “Juan Álvarez”, al mérito por servicios prestados a los guerrerenses le fue entregada al historiador oriundo de Chilpancingo, Agustín Castañón Villalobos.

La condecoración “Ignacio Manuel Altamirano” que se otorga a extranjeros que han contribuido al desarrollo del estado, se concedió a Heladio Castro Aguilar, mientras que en Defensa de Derechos humanos “Nicolás Bravo”, se dio a Beatriz Silvia Castillo Salgado.
 
El Premio estatal indigenista, que es por su lucha a favor de los indígenas, la acreedora fue Felicitas Martínez Solano, en desarrollo Rural “Manuel Meza Andraca”, se le otorgó al médico Veterinario Zootecnista, Enrique Romero Carranza.
 
Al Merito Político “Francisco Ruiz Massieu”, le fue entregado al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Obdulio Ávila Mayo, en Asistencia Social, fue galardonado Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
 
Por su aportación al ámbito de ciencia y la tecnología, “Guillermo Soberón”, se le concedió al ex rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón, cuya presea recibió en su representación, su hijo, Antonio Villegas Vázquez.
 
En Literatura y Bellas Artes Juan Ruiz de Alarcón, el actor Dagoberto Gama Sánchez fue reconocido, en educación y urbanidades “Ignacio Chávez”, se le otorgó a Ricardo Andrés Klimek, en economía política “Plácido García Reynoso”, la ganadora fue Maricela Ramírez Mendoza, al merito deportivo “Heliodoro Castillo”, Cristian Navarrete Rosales, de la mujer “Antonia Nava de Catalán”, Francisca Gallardo Suastegui y al mérito Ecológico lo obtuvo, Ángel Almazán Juárez.
 
Atestiguaron este acto el Presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar Beltrán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, entre otros funcionarios.

lunes, 22 de octubre de 2012

Transparencia, demandan periodistas al FAP


 

por Jesús Lépez

El Fondo de Apoyo a Periodistas no debe ser manejado como un simple instrumento de coacción o institucionalización de los apoyos oficiales para favorecer a agrupaciones que se arrogan la representación de un gremio que ha sido el más aguantador en la historia del estado.

Ya no hablemos de agresiones, asesinatos, desapariciones. Simplemente, los precarios mecanismos para la protección de los derechos laborales hacen de esta profesión una de las más expuestas a los abusos no sólo de las empresas periodísticas degeneradas en meras agencias publicitarias en muchos lamentables casos, sino a merced de una clase política que aprovecha para coaccionar de diversas formas el trabajo de los comunicadores.

En los medios de comunicación tenemos tres clases de sindicato:

1.- El que es de Redactores de la Prensa pero no ostenta ningún contrato colectivo como para ser considerado un sindicato y que en ocasiones es dirigido por editores, es decir, por quienes en teoría serían la parte patronal.

2.- Los que vienen desde el centro del país en los llamados medios “de cadena nacional”, y que sólo sirven para quedarse con las cuotas de los reporteros. El Sindicato Nacional de las Artes Gráficas es un ejemplo.

3.- Los que de plano cada año devuelven las cuotas junto con el aguinaldo.

Vale aclarar que en el segundo y tercer caso el plural sale sobrando porque hablamos de un sindicato por ejemplo, ya que en la inmensa mayoría de periódicos y revistas que circulan en el estado no cuentan ni por disimulo con algún mecanismo de ese tipo.

A esa falta de representación hay que sumar que el salario que pagan –las contadas empresas que lo hacen- es de sobrevivencia y las prestaciones escasas. Las de Ley, dicen.

Dichas condiciones someten al periodista al perverso juego del balconeo oficial: te cobijo y descobijo, o ni siquiera te cobijo pero si te descobijo, como apenas vimos circular una lista de presuntos“apoyados” con dinero, muchos de los cuales desconocieron el “beneficio”supuestamente dado por el área oficial de Comunicación.

No sería raro que esos apoyos económicos nunca hayan llegado a los destinatarios, sino a los bolsillos de algún funcionario. De igual manera ha sucedido que organizaciones se arrogan la representación de los periodistas y gestionan beneficios personales a nombre de éstos.

Es por esta desconfianza que en el X Foro del Fondo de Apoyo a Periodistas, un grupo de reconocidos comunicadores de varias regiones del estado, se pronunciaron por transparentarlo, estableciendo una prueba de supervivencia para continuar en éste y evitar “que hasta los muertos cobren”.

Pero la demanda no queda ahí, sino que exigen, “que en un plazo no mayor de dos meses, que el Comité Técnico del FAP, cree su propia página web en la que publique y trasparente la lista de integrantes, presupuesto anual aprobado por ejercicio fiscal, gastos, apoyos otorgados por los diferentes rubros, con las versiones digitales que soporten este ejercicio presupuestal, además de la lista de solicitudes de ingreso; así como las de apoyos aprobados y negados con su respectiva justificación; muy importante también es que en este afán de trasparencia, sean incluidas las actas de todas las sesiones que dicho Comité Técnico ha tenido durante los últimos cinco años, iniciando con las actas del presente ejercicio fiscal”.

En todo lo anterior estoy muy de acuerdo y me sumo a las firmas aunque nunca en mis 18 años de periodismo he pertenecido a fondo alguno y en particular al FAP, porque creo que aparte del gobierno estatal y los comunicadores, las empresas periodísticas también deben aportar, después de todo, son sus propietarios los que se han enriquecido con nuestro trabajo mientras muchos colegas han muerto en la más terrible de las pobreza, o ustedes ¿cómo la ven?.

 
 
 

miércoles, 17 de octubre de 2012

Evidencia documento desvío y pagos indebidos hechos por DGCS

Nota extraida del periódico Despertar del Sur, de fecha 11 de octubre de 2012.
Evidencia documento desvío y pagos indebidos hechos por DGCS
Escrito por Jesús Pintor Alegre
CIUDAD ALTAMIRANO, GRO. La estrategia en materia de Comunicación Social que encabeza Pedro Julio Valdés Vilchis, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, se ha resumido en la compra directa de periodistas y medios.
De acuerdo a información documental, y manejada de manera pública en algunos casos, tan sólo en el mes de diciembre de 2011, el estado erogó más de 24 millones de pesos para la compra de comunicadores “líderes de opinión”, bajo la idea de que escribieran a favor del gobierno del estado, pese a la ausencia de obra, y sí, en todo caso, de muchas dádivas, y tarjetas Cumplidoras abaratadas.
Varios medios informativos escritos y electrónicos, dan cuenta de la estrategia gubernamental, con sólo observar el tratamiento de la información oficial, que es tomada como de interés social, y no como publicidad de gobierno.
También se dio a conocer que como parte de esa estrategia, en cada recorrido del jefe del Ejecutivo por las regiones del estado, su vocero Pedro Julio Valdés Vilchis, debería entregar al término de los eventos, pagos de entre 500 y 1000 pesos, para exagerar las bondades del mandatario estatal perredista, a reporteros locales.
Sin embargo, ese dinero fue entregado de manera parcial, disminuida, y en unas dos ocasiones, pero en cantidades que fueron de los 200 a los 100 pesos por comunicador. El resto del dinero, recibía una dirección diferente, comprobable con facturas falsas o “cachirules”.
Sin poderse documentar el resto de los meses, se ha verificado que en diciembre de 2011, se emitieron más de 300 cheques de la cuenta 0186022049 de Bancomer, por un monto de 24 millones 364 mil 574 pesos con cinco centavos, en el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2011, a reporteros, opinadores, empresas periodísticas, directores de medios, en algunos casos inexistentes, y hasta funcionarios estatales.
Del despilfarro en estos 18 meses que lleva este gobierno aguirrista, sólo se ha documentado uno, que es el de diciembre pasado, y se asienta que previo a la asunción, ya se tenían enlistados a los comunicadores que habrían de recibir el beneficio social, desde la delegación administrativa de la Dirección General de Comunicación Social, del que es responsable Arturo Morales García.
Los conceptos son “convenios” y “gratificaciones”, que llegan a más de los 200 mil pesos para una sola persona, y cercano al millón de pesos, para una sola empresa.
La lista de los iluminados
De acuerdo al listado, 933 mil 103 pesos, fueron entregados en el periodo señalado a la empresa Demos Desarrollo de Medios S. A. de C. V.; o bien, a Magnecio Apoyos Industriales S. A. de C. V., de 696 mil pesos. O bien, 3 millones 800 mil pesos a Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, S. A. de C. V
También aparece el nombre de Sandra Magdalena Pinto Gómez, a quien nadie ha podido identificar, por un monto de 232 mil pesos, y hasta el periódico nacional El Universal, que apenas recibió 185 mil 716 pesos.
Los reporteros también se manejaron por tarifas, de esta forma: Paulo César Cerros, Marcial Campuzano, o Baltazar Jiménez, recibieron apenas diez mil pesos, mientras que Jorge Valdez Reycen (primo de Pedro Julio), recibió 50 mil pesos, y su hijo Carlos Valdez Téllez, 100 mil pesos.
La lista también se va con columnistas como Salomón García Gálvez, con 50 mil pesos; Juan Cervantes Gómez, 30 mil pesos; Víctor Manuel Tello Zapata, 15 mil pesos; la conductora de televisión, María Guadalupe Acuña Mastache, 30 mil pesos; Isabel Ortega Morales, 20 mil pesos; y su esposo el columnista Martín Martínez Olvera, 15 mil.
También en esta lista aparece el director de Grupos Vulnerables del gobierno estatal, Manuel Castillo Jaimes, mejor conocido como Igor Petite, con dos pagos de 20 mil pesos cada uno. Allí también se ve Arturo Solís Heredia, conductor de noticias en Radio y Televisión de Guerrero, y el comunicador de origen calentano y desempleado, Tomás Benítez Cano.
De igual forma están allí, Bertha Rodríguez Castillo, directora de una revista; Domingo Pastor, caricaturista; además de gente que no pertenece al gremio periodístico, como la encargada de prensa del Programa Nacional de Lectura, Adriana Patricia Rodríguez Gutiérrez, a la que compensaron con 10 mil pesos adicionales a su salario.
El documento del que también tiene copia Javier Francisco Reyes, editor y director general de El Matutino de Guerrero y el vespertino La Crónica de Chilpancingo, refiere que 98 mil pesos se le pagaron a Ulises Olivares Rodríguez, editor de un periódico semanario, que sólo tira 200 ejemplares.
Un nombre más es el del fotógrafo Salvador Arce, con 20 mil pesos; José Ortiz con 20 mil; Jesús Nava Martínez, 17 mil 400; y a la actual subdirectora de Comunicación Social, María de los Ángeles Alejandra Navarro Rivero, 5 mil pesos adicionales a su sueldo.
Pero no se ha detenido en el pago a comunicadores, sino que hasta el delegado administrativo de la DGCS, Arturo Morales García, y Noelia Blanco Nava, se asignaron 3 millones 768 mil 826 pesos con 60 centavos.
La lista
Con el listado de medios que fue filtrada a los medios de comunicación de la capital, se puede demostrar el despilfarro que realiza el gobierno perredista de Ángel Heladio Aguirre Rivero, que discrimina a la mayoría mientras beneficia a unos cuantos allegados.
Se aclara que el listado, de la que este medio posee copia, es una relación elaborada por la propia delegación administrativa de la DGCS del gobierno estatal, a cargo de Arturo Morales García, en la que se concilian los ingresos y los egresos de esa dependencia, y en la que se enlistan a los beneficiarios sin duda de los llamados "convenios" y "gratificaciones" por varios miles de pesos.
Además es preciso mencionar que los cobros que se citan son correspondientes únicamente al mes de diciembre del 2011, sin poder asegurar si los mismos fueron realizados por única vez o siguieron haciéndose los meses posteriores, y debe señalarse que no están incluidas las personas que cobraron en efectivo.
Algunos casos llegan a pagos que van desde los 20, 30, 50 y hasta 100 mil pesos en una sola persona; hasta los 933 mil, 103 pesos a la empresa Demos Desarrollo de Medios S. A. de C. V.; o el pago a una empresa como Magnecio (sic) Apoyos Industriales S. A. de C. V., que no tiene nada que ver con las partidas presupuestales de la Dirección General de Comunicación Social, por 696 mil pesos.
O gastos millonarios de 3 millones 800 mil pesos a una empresa denominada Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, S. A. de C. V., sin que se detalle o especifiquen los conceptos de los servicios prestados o los bienes adquiridos.
Todo esto demuestracorrupción encubierta manejada por esa dependencia del gobierno estatal, de las que seguramente el gobernador Aguirre Rivero tiene conocimiento, pues nada se paga sin su autorización.
Ni qué decir del pago a una sola persona desconocida, Sandra Magdalena Pinto Gómez, de 232 mil pesos, mientras que a una empresa seria y de prestigio como el periódico El Universal, se le pagaron solamente 185 mil 716 pesos.
Destaca el caso de Isabel Ortega Morales, quien además de sus dos sueldos, uno como directora de Siga TV y asesora en prensa en la Secretaría de Finanzas y Administración, recibe 20 mil pesos, y su esposo, el columnista Martín Martínez Olvera, recibe 15 mil pesos.
Lo mismo pasa con pago al personal de la propia Dirección de Comunicación Social, como el fotógrafo Salvador Arce, con 20 mil pesos; José Ortiz, con 20 mil; Jesús Nava Martínez, con 17 mil 400, y a la subdirectora María de los Ángeles Alejandra Navarro Rivero, prima del gobernador, por 5 mil pesos adicionales a su jugoso sueldo.
Y la lista continúa porque son casi 300 cheques de caja que fueron pagados en tan solo un mes, en los que se puede apreciar el constante retiro de cantidades importantes a nombre del delegado administrativo, Arturo Morales García, que van desde los 40 mil a los casi 100 mil pesos, sin que se detalle el destino de ese dinero, pero que hace presumir que va a parar a los bolsillos de su jefe, el director general Pedro Julio Valdez Vilchis.
A eso hay que agregar una relación sellada y firmada por el delegado administrativo de la DGCS, Arturo Morales García, y Noelia Blanco Nava, por un monto de 3 millones 768 mil 826 pesos con 60 centavos, en el que se aprecia un egreso por 450 mil 141 pesos con 20 centavos a nombre del propio Arturo Morales García; otro de 90 mil pesos. Otros tres de 20 mil pesos cada uno, y uno más de 30 mil pesos, que en total sumarán 630 mil pesos en tan solo un mes de esta relación que en realidad es una conciliación bancaria de la misma cuenta de cheques 0186022049 de Bancomer.
Estas dos relaciones arriba detalladas han sido objeto de observaciones de las instancias que revisan el presupuesto asignado a la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, que rebasan la normatividad detallada en la Ley de la Administración Pública del propio gobierno y la Ley de Servidores Públicos, en los que se hace responsable a los que manejan los recursos y a los titulares de las dependencias, de los usos indebidos y discrecionales de los recursos públicos.
Observaciones de los auditores
Entre las observaciones que destacan, figura un cheque de caja de 200 mil pesos, no es negociable para depósito a cuenta o efectivo, ya que si se tiene chequera no aplica la necesidad de comprar cheque de caja. También se cita que el cheque número 340, por 31 mil 541 pesos con 60 centavos se haya depositado a una cuenta personal a nombre de Arturo Morales García; lo mismo ocurrió con el cheque número 634 depositado a cuenta personal de Morales García, por un monto de 99 mil pesos; y finalmente la liberación del cheque 680 por 450 mil 1451 mil pesos con 20 centavos, emitido para dejar la cuenta en ceros.
De acuerdo a un listado de la delegación administrativa de la DGCS, y que estuvieron incluidos en los más de 24 millones de pesos ejercidos en diciembre de 2011, figuran:


Sandra Magdalena Pinto Gómez con 23 mil 200 pesos;
CDG Comunicación y Estrategia, S.C, 174 mil 992.96 pesos;
Magnecio Apoyos Industriales, S.A. de C.V. 696 mil pesos;
Apoyos Mercantiles, S.A. de C.V, 100 mil 172.96;
Sandra Magdalena Pinto Gómez, 232 mil pesos;
Arturo Morales García, 200 mil pesos;
María Guadalupe Acuña Mastache, 10 mil pesos.
Igualmente cobraron el fin de año del 2011,
Francisco Javier de Vaca Garduño, 10 mil pesos;
Gerardo Delgado Castañeda, 98 mil 600 pesos;
Félix Ignacio Sandoval Godoy, 5 mil pesos;
Santiago Gasca Hernández, 10 mil pesos;
Gil Rivera Rosales, 10 mil;
Juan Sánchez Andraca, 10 mil;
Irving David Rivera Vélez, 45 mil 240;
Agustín Nava Escobar, 15 mil pesos;
Arturo Morales García, 764.87 pesos;
Publicidad y Mercadoctenia Creativa PYMC, S.A. de C.V. 3,800,000.00;
Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., 933 mil 103 pesos;
Comunicación e Información, S.A. de C.V., 195 mil pesos;
Ediciones del Norte, S.A de C.V., 179 mil 835.26.
Otros que cobraron en ese mes del 2011,
Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., 185 mil 716;
Arturo Morales García, 20 mil pesos;
Prado Editores, S.A. de C.V., 791 mil 804 pesos;
IAG en Color, S.A de C.V., 321 mil 088.oo;
Mercadoctenia y Ventas de Acapulco, S.A. de C.V., 70 mil;
Giovanni Filippis, 499 mil 200 pesos;
Salomón García Gálvez, 50 mil;
Xavier Humberto Cordero Carbajal, 50 mil pesos;
Club Primera Plana, A.C., 17 mil 400;
Arturo Morales García, 31 mil 547.60 pesos;
Canal XXI, S.A. de C.V., 3 millones 190 mil pesos;
Corporación AGM, S.A de C.V., 464 mil pesos.
En tanto que cobró la empresa
Operación Guerrero Azteca, S.A. de C.V., 676 mil pesos;
OCS Producciones, S.A. de C.V., 174 mil pesos;
Multicable San Miguel, S.A. de C.V., 70 mil;
Sistema Guerrero Audivisual, S.A. de C.V., 250 mil pesos;
Mario Alberto Radilla Hernández, 25 mil;
Telefonía por Cable, S.A. de C.V., 50 mil;
Gustavo Miguel Mellin Acosta, 20 mil;
Telecable de Tierra Caliente, S.A. de C.V., (dos cheques) de 20 mil cada uno;
Dulce Yatzil Avilés Masquina, 20 mil;
Gerardo Omar Carsi Jiménez, 20 mil;
Grupo ACIR, S.A. de C.V., 300 mil;
Stereorey Acapulco, S.A., 139 mil 200;
Javier Ayala Vélez, 58 mil;
Jorge Arriaga Garduño, 15 mil;
María Guadalupe Acuña Mastache, 10 mil;
Grupo Radiodifusoras Capital, S. A. de C.V., 232 mil pesos.
Otros proveedores de servicios periodísticos se encuentra
México Radio, S.A. de C.V., 75 mil;
Margarita Nathalie Flores Larumbe, 20,000.00;
Saga del Cupatitzio, S.A. de C.V., 58,000.00;
Corporativo Radio Del Sol, S.A. de C.V., 50,000.00;
Radio del Pacifico Sur, S.A. de C.V., 35,000.00;
Rafael García Vergara, 116,000.00;
Melanea Calderón García, 20,000.00.
Amalia Letizia Zamora Marroquín, 10,000.00;
Talleres del Sur, S.A de C.V., 464,000.00;
Editora de Medios de Guerrero, S.A. de C.V., 174,000.00;
Fernando Vargas Lozano, 15,000.00;
Comunicación Colectiva y periodismo de Investigación, S.A. de C.V., 29,000.00;
Manuel Castillo Jaimes, 30,000.00.
Sandra Magdalena Pinto Gómez, 23,200.00;
Dan Nobel Castorena Salgado, 121,800.00;
Ediciones Diarias, S.A. de C.V., 150,800.00;
Ediciones Diarias, S.A. de C.V., 150,800.00;
Gustavo Salazar Adame, 50,000.00;
Olivia Elena Cordero Carbajal, 35,000.00;
Héctor Ricardo Arriaga Tapia, 14,500.00.
Ulises Olivares Rodríguez, 10,000.00;
José Luis González Cuevas, 30,000.00;
Bertha Rodríguez Castillo, 30,000.00;
Fernando Santamaría Cruz, 50,000.00;
Pedro Patricio Antolino, 25,000.00;
Diario de la Costa, S.A. de C.V., 35,000.00;
Despertar de la Costa, S.C. de R.L., 100,000.00.
Prensa Suriana, S.A de C.V., 100,00.00;
Marisol Ayala Marbán, 30,000.00;
Balsas Medios de Comunicación, 10,000.00;
Gerardo González Herrera, 20,000.00;
Azucena Mora Agustín, 23,200.00;
Justino César Mayares Armenta, 13,033.00;
Juan José Guadarrama Morel, 20,000.00.
Adriana Covarrubias Sandoval, 20,000.00;
Jorge Valdez Reycen, 50,000.00;
Felipe Salinas Galván, 20,000.00;
Carlos Alberto García García, 30,000.00;
Pablo Martín Obregón, 45,000.00;
Francisco Zorroza Medina, 18,000.00;
Gerardo Torres Renteria, 15,000.00.
Mar Horacio Ramos Ramírez, 20,000.00;
Randy Suástegui Cebrero, 15,000.00;
Melanea Calderón García, 50,000.00;
Amalia Leticia Zamora Marroquín, 20,000.00;
Bernardino Hernández Hernández, 20,000.00;
Julieta Lucia Cadenas de la Garza, 20,000.00;
Javier Aridy Ayala Vélez, 50,000.00.
Lourdes Cobos Bautiza, 20,000.00;
Marisol Wences Mina, 10,000.00;
María Glandys Corro Bailón, 20,000.00;
Juan Cervantes Gómez, 30,000.00;
Ma. Guadalupe Acuña Mastache, 30,000.00;
Apolinar Palacios Guarneros, 40,000.00;
Gerardo Ruano Cástulo, 20,000.00.
Brenda Angélica Ventura Godoy, 30,000.00;
Brenda Angélica Ventura Godoy, 50,000.00;
Francisco Javier Osornio, 20,000.00;
José Ortiz Ávila, 20,000.00;
Romel Justo Mayo, 10,000.00;
Nicolás Peñaloza Agama, 10,000.00;
Demetrio Altamirano Nava, 21,600.00.
Alfredo Serna Paco, 15,000.00;
Salvador Oyorzabal Abarca, 10,000.00;
Isabel Ortega Morales, 30,000.00;
Martín Martínez Olvera, 15,000.00;
Juan Cervantes Román, 50,000.00;
Carlos Valdez Tellez, 100,000.00;
Javier Trujillo Juárez, 30,000.00.
Rodrigo Huerta Pegueros, 20,000.00;
Mónica Luna Baldovinos, 10,000.00;
Aida Marcela Gómez Galeana, 64,000.00;
Enrique Nava Orozco, 10,000.00;
Juan Antelmo García Castro, 20,000.00;
Marcial Campuzano Cabañas, 10,000.00;
Víctor Manuel Tello Zapata, 15,000.00.
Gerardo Delgado Castañeda, 15,000.00;
Baltazar Jiménez Rosales, 10,000.00;
José Vences Arcos, 6,000.00;
Javier Borgua Benítez, 6,000.00;
Angel Blanco Morales, 20,000.00;
La Palabra Regio Sur S.A., 20,000.00;
Adolfo Romero Romero, 30,000.00.
Félix Ignacio Sandoval, 15,000.00;
Bernardo Téllez Torres, 5,000.00;
Roberto Antonio Camps Cortes, 17,400.00;
Tomás Benítez Cano, 20,000.00;
Gabriela Natividad Ramírez Hernández, 15,000.00;
Gabriela Natividad Ramírez Hernández, 10,000.00;
Juan Carlos Cabrera Cuevas,10,000.00.
Manuel Castillo Jaimes, 20,000.00;
Eduardo Albarrán Orozco, 20,000.00;
Arturo Solís Heredia, 20,000.00;
Ignacio Martínez García, 10,000.00;
Jorge Arriaga Garduño, 15,000.00;
Arturo Morales García, 50,000.00.
Gamaliel García Barrera, 5,000.00;
Jaime Irra Carceda, 30,000.00;
Israel Nájera Jiménez, 6,620.00;
Darío Miranda Vázquez, 19,302.40;
Pedro Ulises Cortino Alarcón, 40,000.00;
Ma. Magdalena Esparza Gervasio, 10,000.00;
Ernesto Rodríguez Pérez, 5,000.00.
Jorge Zamora Téllez, 50,000.00;
María Georgina Solís Hernández, 11,600.00;
Francisco Javier de Vaca Garduño, 20,000.00;
Juan Manuel Barrera Ramos, 28,420.00;
Sergio Antonio Rosales Reyes, 48,836.00;
Sergio Antonio Rosales Reyes, 31,668.00;
Inmobiliaria El Cano S.A de C.V., 22,000.00.
Arnulfo V. Peralta Yoyal, 10,000.00;
Juan Sánchez Andraca,10,000.00;
Misael Tamayo Núñez, 80,000.00;
Francisco Lara Balderas, 20,000.00;
José Arroyo Reyes,10,000.00;
Francisco Pacheco Beltrán, 15,000.00;
Jesús del Angel Ambriz, 5,000.00.
Miguel Ángel Mata Mata, 10,000.00;
Martín Gómez Muñoz, 5,000.00;
Ana Lilia Torres de los Santos, 5,000.00;
Francisco Cárdenas López, 10,000.00;
Martín Basurto Gallardo, 3,000.00;
Amalia Leticia Vega Guzmán, 10, 000.00;
Lucía Peláez Clavel,10,000.00;
Gloria Rosario Vera Méndez, 10,000.00;
Miguel Ángel López Sotelo, 10,000.00;
Clara Salinas Ramos, 17, 640,000.00;
Arturo Morales García, 50,000.00;
Enrique Silva Meléndez, 20,000.00
También en las observaciones se menciona que fueron girados cheques a terceras personas que no tienen relación con la DGCS, ni convenio, y que se utilizaron para disposición de efectivo. Concretamente los cheques números 438, por 69 mil 600 pesos; 668, por 50 mil pesos; el cheque 669, por 50 mil pesos, y el cheque 670 por 50 mil pesos, todos a nombre de Irving David Rivera Téllez, por un total de 219 mil 600 pesos.
También se hace la observación del pago del cheque 656 a nombre de Ulises Olivares Rodríguez, por 98 mil pesos, cuando tiene un convenio mensual de 10 mil pesos, y además el pago de su bono mensual se realizó también en otro cheque; los mismo ocurre con el cheque 564, a nombre de Omar Mejía Madrigal, por 504 mil pesos, que dan un gran total en todas las observaciones de 821 mil 600 pesos.
Para ello, la DGCS tuvo un gran total de disposición de efectivo por 2 millones 680 mil 088 pesos con 80 centavos, haciendo notar que los apoyos efectivos autorizados para reporteros y fotógrafos en giras del gobernador sumaba 220 mil pesos en el mes de diciembre y que los pagos a corresponsales nacionales, estatales, columnistas y pagos de bonos de fin de año se realizaron en cheque.
Además, señala que los gastos operativos para la DGCS por insuficiencia en el gasto corriente, suma la cantidad de 150 mil pesos. Por lo que sumadas las dos partidas del gasto corriente y suma de apoyos, da la cantidad de 370 mil pesos.
Y subrayan que falta un recurso de disposición en efectivo para saber su aplicación de 2 millones 360 mil 088 pesos con 80 centavos, en el mes de diciembre de 2011

sábado, 13 de octubre de 2012

Florencio Salazar hizo un llamado a los legisladores a revalorar su desempeño

“Cumplir con la misión legislativa es cumplir con Eduardo Neri”, dijo el embajador de México en Colombia al recibir la presea que lleva el nombre del congresista

Al pronunciar el discurso de entrega de la presea Eduardo Neri al embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, a nombre de la 60 Legislatura, el diputado Héctor Astudillo Flores convocó a sus homólogos a unirse en beneficio de los guerrerenses y de la elaboración de buenas leyes que beneficien a la entidad.

Con la presencia de los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Humberto Salgado Gómez y Jesús Martínez Garnelo, el legislador señaló que ante la proximidad de construir una Constitución renovada para el estado vale la pena concentrarse para aportar lo mejor de cada uno para contar con una carta local más ordenada y modernizada.

Dijo que así como cada tiempo ha vivido su problemática, “el tiempo de Eduardo Neri y Belisario Domínguez fue el de parar abusos y crear instituciones. Los tiempos de hoy en México, se enmarcan por la pobreza y la seguridad pública y para enfrentar la complejidad del tiempo se requiere de unidad nacional y estatal”.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI hizo un reconocimiento al recipiendario Florencio Salazar Adame, por el interés y la voluntad que ha mostrado siempre al impulsar la formación de guerrerenses, especialmente en la política, ya que, dijo, su actitud enmarcada en la ética y el profesionalismo político es un ejemplo para los que han convivido con él.

Luego de mencionar los méritos por lo que se acordó entregar la presea Eduardo Neri Reynoso al embajador, el diputado Héctor Astudillo, destacó que éste no sólo aportó obra material legislativa sino que, su obra política se resume concretamente en una convivencia plural, armónica y civilizada, donde se privilegió el acuerdo, del desprendimiento para compartir con inteligencia la conducción del poder Legislativo

Precisó que el sustento para la entrega del reconocimiento es el mérito legislativo, la acción digna, valiente y patriótica de Eduardo Neri, al defender en el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados, las atrocidades del usurpador Victoriano Huerta y así trazar la línea de dignidad y libertad en los Congresos del país.

En su intervención el galardonado Florencio Salazar Adame dijo que el Congreso debe estar atento a quienes pretendan ejercer indebidamente influencia sobre él y que corresponde a sus integrantes colocar invariablemente el interés de la sociedad por encima de cualquier otro.
 
Agregó: “El congresista no es burócrata que busque los beneficios de la administración, tampoco empresario que obtenga contratos o concesiones públicas y menos aún puede traicionarse a sí mismo renunciando a su derecho de fiscalización a cambio de beneficios personales. No es ocioso señalar que representan al pueblo y que hoy los legisladores, políticos y partidos, como está demostrado en repetidas encuestas, gozamos de escasa estima pública”.

Por lo anterior, hizo un llamado a los legisladores a revalorar su desempeño porque, añadió, que tienen la enorme responsabilidad de observar que recursos públicos se apliquen en los fines destinados y que ésta sola atribución cumplida cabalmente establece un verdadero equilibrio entre poderes y da vigor al orden constitucional.

El embajador de México en Colombia consideró cumplir con la misión legislativa es cumplir con Eduardo Neri, y que para garantizar que el “entarimado constitucional sostenga la estructura de la República y dé contenido a un Estado democrático, es indispensable cuidar con celo la autonomía de cada poder y evitar la indebida intromisión entre ellos”.

Se refirió a Eduardo Neri, como un mexicano fiel a sus convicciones democráticas, consecuentes, ejemplar y firme en sus principios que defendió hasta convertirlos en causa y consecuencia de un modo de ser íntegro, especialmente en las situaciones más adversas.

Antes de la entrega del galardón, la diputada Laura Arizmendi Campos dio lectura al decreto número 509 de fecha 18 de enero de 2011, donde el Congreso del Estado instituyó la presea Eduardo Neri Reynoso.

Al evento asistieron el senador Sofío Ramírez Hernández; el diputado federal, Manuel Añorve Baños; el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos; el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y el exlegislador Héctor Vicario Castrejón, así como familiares del galardonado, entre otras personalidades.




http://www.pueblo-guerrero.com/seccion_politica.php#nogo

Entrega el Congreso local presea Eduardo Neri a Florencio Salazar Adame

Cuando fue coordinador del Legislativo se logró la independencia administrativa y financiera del mismo

Francisca Santiaguez

El Congreso local entregó ayer la presea Eduardo Neri Reynoso al embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, por su mérito legislativo cuando fue coordinador de éste, pues en su época se logró la independencia administrativa y financiera, así como el impulso de reformas internas que permitieron la mejora del órgano de gobierno.

En su primera edición de la presea, tras la aprobación del decreto aprobado por los diputados de la 59 Legislatura local, Salazar Adame, exsecretario de la Reforma Agraria y ahora embajador de México en Colombia, es el primer recipiendario.

En su intervención en tribuna Salazar Adame consideró que el congresista invariablemente debe ubicar el interés de la sociedad por encima de cualquier otro, porque no es burócrata que busque beneficios de la administración, ni empresario que al amparo de su representación obtenga concesiones o contratos.
 
Dijo que hoy no es ocioso señalar que los representantes del pueblo, legisladores, políticos y partidos políticos, no “gozamos de buena estima”; por ello convocó a los legisladores locales a revalorar su desempeño, ya que tienen una enorme responsabilidad frente a la sociedad.

Recordó su paso por el poder Legislativo en cuyo periodo se logró la independencia administrativa y económica de esta área de gobierno, donde también se promovió la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, cuya finalidad es promover el estudio legislativo.

Rememoró que en aquel entonces también era gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien sin duda, dijo, hoy tiene mayor compromiso con la sociedad, porque cuenta con más capacidad negociadora y de decisión que se reflejará en políticas contundentes de desarrollo social.

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jueves, 11 de octubre de 2012

Ocupan remesas de migrantes segundo lugar de ingresos en Guerrero

Se ubica dentro de los cinco estados con más recepción de remesas familiares, representando el sustento familiar de más de 800 mil guerrerenses radicados en EU.


Notimex
Publicado: 11/10/2012 17:27


Chilpancingo, Gro. Pese a la caída de las remesas procedentes de Estados Unidos durante los últimos cinco años para las familias de migrantes, el monto anual de éste alcanza a los 17 mil millones de pesos, y es el segundo flujo económico más importante para la entidad, informaron autoridades estatales.

El secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, informó que históricamente Guerrero se ubica dentro de los cinco estados con más recepción de remesas familiares, representando el sustento familiar de más de 800 mil guerrerenses radicados en Estados Unidos.

Durante los últimos cinco años el monto de las remesas familiares ha tenido una disminución importante, esto a partir del 2008, en el 2007 Guerrero alcanzó un flujo cúspide de mil 500 millones de dólares; en el siguiente año fueron mil 435 millones de dólares.

En los siguientes años el flujo económico ha sido menor, en el 2011 las remesas fueron de mil 258 millones de dólares; pero para el 2012 se prevé que el monto se superará con mil 300 millones de dólares, esto con base en que en el primer semestre de este año es de 600 millones de dólares.

De acuerdo con los datos del Banco de México, de los recursos enviados por los migrantes radicados en Estados Unidos, ha sido las divisas más altas que recibe la entidad, después de Turismo que es su primera actividad económica; ello a pesar de la importante caída durante los últimos cinco años.
Se estima que por lo menos una cuarta parte de la población guerrerense radica en Estado Unidos, según con las transacciones bancarias los depósitos para Guerrero alcanzan an

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/11/172718137-ocupan-remesas-de-migrantes-segundo-lugar-de-ingresos-en-guerrero

viernes, 28 de septiembre de 2012

Recuerdan a José Francisco Ruiz Massieu en su 18 aniversario luctuoso

“Los guerrerenses perdimos a un hombre de excepción, brillante, talentoso, polemista, hombre de ideas y de hechos, hombre de leyes, hombre de Estado”, dijo en su memoria Enrique Martini

“Hoy se cumplen 18 años de que el país, sus instituciones, el Partido Revolucionario Institucional, Guerrero y los guerrerenses perdimos a un hombre de excepción, brillante, talentoso, polemista, hombre de ideas y de hechos, hombre de leyes, hombre de Estado, hombre de poder: José Francisco Ruiz Massieu”.

Así lo manifestó Enrique Martini Castillo al acudir en representación de la familia Ruiz Massieu como orador oficial en el marco del 18 aniversario luctuoso del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, donde se reunió la estructura estatal priista encabezada por Cuauhtémoc Salgado Romero, de la clase política guerrerense, de jóvenes estudiantes, de excolaboradores y amigos.

Ante la presencia de la hermana del extinto político guerrerense, Marisela Ruiz Massieu, Martini Castillo externó que “hablar de así de José Francisco Ruiz Massieu, es hablar al mismo tiempo del político que del estudioso del Derecho, del hombre lúcido conocedor a profundidad de los cimientos y del edificio de la política”. Dijo también que de él se pueden hablar días, meses, años; por igual de su aportación en el Derecho que en la política, en la discusión que en el debate, en el desarrollo político de las oposiciones y en el impulso de nuevos cuadros, “pues fue un empedernido creyente del entreveramiento generacional, de la fuerza de la juventud” refirió.
 
Ante la presencia muda del obelisco y la estatua que fueron erigidos en su honor, Martini Castillo recordó que como priista desde 1967 expresó siempre: “Creo en la política como ejercicio de moral pública y no como cuotas de poder, creo en la política como idea, como pensamiento, como priista; tengo el valor, el valor que me da la convicción para lo que sigue, tengo el brío y la pasión para cumplir en el tiempo de gobierno. Así con ese valor y con esa fuerza y ese coraje, los convocó a que crean en mí y crean conmigo que Guerrero es primero, porque creo en Guerrero como misión y en Guerrero como destino”.

Abundó también que en los tiempos actuales del PRI en Guerrero, a José Francisco Ruiz Massieu no debemos recordarlo sólo en los discursos o para evocar sus ideas, “sino poner en práctica y dar vigencia sus propuestas de crítica constructiva de lo que debe de ser nuestro partido”.

Periódico Pueblo Guerrero, 28 de septiembre de 2012

Acuerda Congreso integración de comisiones y comités ordinarios

En la sesión de este viernes, diputados integrantes de la 60 Legislatura aprobaron la integración de las 28 comisiones ordinarias y cuatro comités ordinarios, cuya composición se basa sobre una integración plural de las diferentes corrientes políticas que componen el cuerpo legislativo.

Integrados por cinco diputados y hasta por seis, las Comisiones y Comités Legislativos —aprobadas por mayoría de votos— quedaron conformadas de la siguiente manera:

Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, diputado Ángel Aguirre Herrera (PRD), presidente; diputado Mario Ramos del Carmen (MC), secretario; diputado Amador Campos Aburto (PRD), diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) y diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI), vocales.

Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, diputada Abelina López Rodríguez (PRD), presidenta; diputado Héctor Antonio Astudillo Flores (PRI), secretario; diputado Germán Farías Silvestre (PRD), diputado Nicanor Adame Serrano (PRD) y diputado Cristino Evencio Romero Sotelo (MC), vocales.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Oscar Díaz Bello (PRD), presidente; Ricardo Taja Ramírez (PRI), secretario; diputado Mario Ramos del Carmen (MC), diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) y diputada Delfina Concepción Oliva Hernández (PAN), vocales.

Comisión de Hacienda, diputado Eduardo Montaño Salinas (PRI), presidente; diputado Alejandro Arcos Catalán (PRD), secretario; diputado Oliver Quiroz Vélez (MC), diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) y diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo (PRD), vocales.

Comisión de Justicia, diputado Jorge Camacho Peñaloza (PAN), presidente; Tomás Hernández Palma (PRD), secretario; diputado Nicanor Adame Serrano (PRD), diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM) y diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI), vocales.

Comisión de Seguridad Pública, diputado José Rubén Figueroa Smutny (PRI), presidente; diputado Elí Camacho Goicochea (PRD), secretario; diputado Ricardo Taja Ramírez (PRI), diputado Emilio Ortega Antonio (MC) y diputado Daniel Esteban González (PRD), vocales.

Comisión de Protección Civil, diputado Arturo Bonilla Morales (PRI), presidente; diputado Emilio Ortega Antonio (MC), secretario; diputado Amador Campos Aburto (PRD), diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), y diputada Verónica Muñoz Parra (PRI), vocales.

Comisión de Participación Ciudadana, diputado Emiliano Díaz Román (Panal), presidente; diputado Antonio Gaspar Beltrán (PRD), secretario; diputada Abelina López Rodríguez (PRD), diputado Rodolfo Escobar Ávila (PRI) y diputado Germán Farías Silvestre (PRD), vocales.

Comisión de Derechos Humanos, diputado Jorge Salazar Marchán (PT), presidente; diputado Valentín Rafaela Solís (PRD), secretario; diputado Jorge Camacho Peñaloza (PAN), diputado Tomás Hernández Palma (PRD) y diputado Héctor Apreza Patrón (PRI), vocales.

Comisión de Atención a Migrantes, diputado Roger Arellano Sotelo (PRD), presidente;, diputado Héctor Antonio Astudillo Flores (PRI), secretario; diputado Elí Camacho Goicochea (PRD), diputado Miguel Ángel Cantorán Gatica (PRD), diputado Marcos Efrén Parra Gómez (PAN), vocales.

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD), presidente; diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI), secretario; diputado Oliver Quiroz Vélez (MC), diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) y diputado José Luis Ávila López (PRI), vocales.

Comisión de Transporte, diputado Cristino Evencio Romero Sotelo (MC), presidente; diputado Elí Camacho Goicochea (PRD), secretario; diputado Emiliano Díaz Román (Panal), diputado José Luis Ávila López (PRI) y diputado José Rubén Figueroa Smutny (PRI), vocales.

Comisión de Desarrollo Social, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), presidenta; diputado Jorge Salazar Marchán (PT), secretario; diputada Luisa Ayala Mondragón (PRD), diputado Emilio Ortega Antonio (MC) y diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD), vocales.

Comisión de Salud, diputada María Verónica Muñoz Parra (PRI), presidenta; diputado Roger Arellano Sotelo (PRD), secretario; diputado Oscar Díaz Bello (PRD), diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM) y diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), vocales.

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputado Víctor Salinas Salas (PRD), presidente; diputado Emiliano Díaz Román (Panal), secretario; diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), diputado José Luis Ávila López (PRI), diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI) y diputado Cristino Evencio Romero Sotelo (MC).

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, diputado Marcos Efrén Parra Gómez (PAN), presidente; diputada Laura Arizmendi Campos (MC), secretaria; diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), diputado Eduardo Montaño Salinas (PRI) y diputada Luisa Ayala Mondragón (PRD), vocales.
Comisión de Artesanías, diputado Miguel Ángel Cantorán Gatica (PRD), presidente; diputado Jorge Salazar Marchán (PT), secretario; diputado Víctor Salinas Salas (PRD), diputado Eduardo Montaño Salinas (PRI) y diputada Luisa Ayala Mondragón (PRD), vocales.

Comisión de Turismo, diputado Oliver Quiroz Vélez (MC), presidente; diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), secretaria; diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo (PRD), diputado Rodolfo Escobar Ávila (PRI) y diputado Ángel Aguirre Herrera (PRD), vocales.

Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, diputado Nicanor Adame Serrano (PRD), presidente; diputado José Luis Ávila López (PRI), secretario; diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), diputado Olaguer Hernández Flores (PRI) y diputado Cristino Evencio Romero Sotelo (MC), vocales.

Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Daniel Esteban González (PRD), presidente, diputado Jorge Camacho Peñaloza (PAN), secretario; diputado José Luis Ávila López (PRI), diputado Arturo Bonilla Morales (PRI) y diputado Valentín Rafaela Solís (PRD), vocales.

Comisión de Equidad y Género, diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo (PRD), presidenta; diputada Delfina Concepción Oliva Hernández (PAN) secretaria; diputado Alejandro Arcos Catalán (PRD), diputada Laura Arizmendi Campos (MC) y diputada María Verónica Muñoz Parra (PRI), vocales.

Comisión de Asuntos de la Juventud, diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), presidente; diputado Oliver Quiroz Vélez (MC), secretario; diputado Valentín Rafaela Solís (PRD), diputado Alejandro Arcos Catalán (PRD) y diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), vocales.

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), presidente; diputado Ángel Aguirre Herrera (PRD), secretario; diputado Antonio Gaspar Beltrán (PRD), diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI) y diputado Ricardo Taja Ramírez (PRI), vocales.

Comisión de Examen Previo, diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), presidente; diputado Jorge Salazar Marchán (PT), secretario; diputado Nicanor Adame Serrano (PRD) diputado Antonio Gaspar Beltrán (PRD) y diputado Emiliano Díaz Román (Panal), vocales.

Comisión de Instructora, diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI), presidente; diputada Luisa Ayala Mondragón (PRD), secretaria; diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) y diputado Emilio Ortega Antonio (MC), vocales.

Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado, diputado Germán Farías Silvestre (PRD), presidente; diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI), secretaria; diputado Mario Ramos del Carmen (MC), diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) y diputado Marcos Efrén Parra Gómez (PAN), vocales.

Comisión para la Atención del Acceso a la Información Pública, diputado Olaguer Hernández Flores (PRI), presidente; diputado Antonio Gaspar Beltrán (PRD), secretario; diputado Amador Campos Aburto (PRD), diputado Jorge Camacho Peñaloza (PAN) y diputado Jorge Salazar Marchán (PT), vocales.

Comisión de Cultura, diputada Laura Arizmendi Campos (MC), presidenta; diputado Jesús Marcial Liborio (PRD), secretario; diputado Víctor Salinas Salas (PRD), diputado Olaguer Hernández Flores (PRI) y diputado Héctor Apreza Patrón (PRI), vocales.

Comité de Administración, diputada Luisa Ayala Mondragón (PRD), presidenta; diputado Ricardo Taja Ramírez (PRI), secretario; diputado Mario Ramos del Carmen (MC), diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) y diputada Delfina Concepción Oliva Hernández (PAN), vocales.

Comité de Biblioteca e Informática, diputado Emilio Ortega Antonio (MC), presidente; diputado Amador Campos Aburto (PRD), secretario; diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD), diputado Jorge Salazar Marchán (PT) y diputado Emiliano Díaz Román (Panal), vocales.

Comité de Gestoría, Información y Quejas, diputado Valentín Rafaela Solís (PRD), presidente; diputado Tomás Hernández Palma (PRD), secretario; diputado Roger Arellano Sotelo PRD, diputado José Rubén Figueroa Smutny (PRI) y diputado Emiliano Díaz Román (Panal), vocales.

Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, diputado Héctor Apreza Patrón (PRI), presidente; diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), secretario; diputado Jorge Salazar Marchán (PT), diputada Abelina López Rodríguez (PRD) y diputado Alejandro Arcos Catalán (PRD), vocales.

Periódico Pueblo Guerrero, 28 de septiembre de 2012

Novela negra, el caso Ruiz Massieu


Opinión de (José Contreras)

Este viernes se cumplen 18 años del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, un político encumbrado que se preparaba para encabezar la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados.

La investigación del homicidio es un ejemplo de la forma en que se puede torcer la en nuestro país.

Al paso de los años, el caso Ruiz Massieu se convirtió en una novela de humor macabro cuya trama en torno a una venganza política de alto nivel.

Los personajes de esta novela son un subprocurador —Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima—, quien inicialmente tuvo en sus manos la investigación pero que terminó por huir hacia Estados Unidos, en donde se suicidó.

Un procurador general de la República panista, Antonio Lozano Gracia, quien se convirtió en rehén de los políticos del presidente de la República, Ernesto Zedillo.

Un fiscal de , Pablo Chapa Bezanilla, quien dio fin a su prestigio y a su carrera judicial al fabricar culpables y pruebas de una manera ridícula.

Un federal, Manuel Muñoz Rocha —acusado de el autor intelectual del asesinato—, que se esfumó y que hasta la fecha no se sabe si está vivo o muerto.

Una supuesta vidente, Francisca Zetina, La Paca, quien desenterró el esqueleto de su suegro para enterrarlo en la finca El Encanto, de Raúl Salinas de Gortari, para que éste fuera acusado de asesinar y ocultar el cadáver de Muñoz Rocha.

Y un testigo estrella de la PGR, Fernando Rodríguez González, quien recibió de la dependencia 500 mil dólares como incentivo para inculpar, en un segundo testimonio ante el Ministerio Público, al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

La parte más dramática de la novela es que 18 años después no se sabe quién y por qué mandó matar a José Francisco Ruiz Massieu.

El 12 de junio del 2005, Raúl Salinas de Gortari fue declarado inocente del delito del asesinato de Ruiz Massieu, imputación que lo hizo permanecer poco más de 10 años de prisión.

Con esta resolución emitida por un tribunal federal, se derrumbó toda la indagatoria de la PGR, dependencia que durante varios años y varias administraciones sostuvo la hipótesis de que el hermano del ex presidente era el autor intelectual del asesinato.

Pero la novela no ha terminado. Aún permanecen presos por este delito Daniel Aguilar Treviño, autor material del asesinato, quien fue detenido en flagrancia, y Fernando Rodríguez, señalado por el primero como su cómplice.

El 30 de septiembre del 2004, Fernando presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja en contra del Estado mexicano por la presunta violación de sus derechos humanos.

Tras revisar los argumentos de Fernando y los esgrimidos por el Estado mexicano, la CIDH aceptó a revisión la queja el 12 de julio del 2010, por considerar que los hechos narrados podrían representar violaciones a los artículos 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su recurso, Fernando denuncia que él y su esposa, María Eugenia Ramírez Arauz, fueron sometidos a torturas y en el caso de ella a violación sexual, desde el día en que fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal.

La CIDH lleva dos años revisando si se violó el derecho al debido proceso en el caso de Fernando Rodríguez, al serle arrancadas declaraciones ministeriales bajo tortura.

De confirmar las aseveraciones, la CIDH podría recomendar al Estado mexicano la libertad de Fernando, el otrora testigo estrella de la PGR.

Se hace cada vez más necesario realizar una amplia revisión histórica y jurídica para saber quién y por qué mandó matar a José Francisco Ruiz Massieu.

OFF THE RECORD

**RESPETO MUTUO

La premisa del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, ha sido promover el respeto mutuo entre poderes.

En vísperas de la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario estatal convocó a los partidos representados en el Congreso local a buscar un ambiente propicio para el trabajo legislativo.

Para ello, dijo, es necesario que los partidos hagan a un lado las naturales diferencias ideológicas.

Rodrigo Medina presentará su Tercer Informe de Gobierno el próximo 10 de octubre.

**RED INCÓMODA

Cualquiera pensaría que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias, tiene una hija incómoda.

Y es que su hija Sofía se burló de los indígenas en Twitter y causó gran revuelo con ello.

¿Hija incómoda?

En realidad se trata de una niña de no más de 14 años de edad que pecó de imprudente.

La verdaderamente incómoda es la red social Twitter, que ha hecho caer a más de un político o a sus parientes cercanos.

A ver si los políticos ya le ponen más atención a las redes sociales. Y….a sus hijos.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es: Días de Furia (2010) del director F. Gary Gray.

Sinopsis: Los ciudadanos se organizan para buscar justicia en un país en donde quienes ostentan el poder están desconectados de la población.

Los protagonistas son los involucrados en la aprobación de la reforma laboral, una reforma absolutamente impopular y pro patronal que intentan aprobar los diputados federales del PRI y del PAN.


http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=693764