Su sistema autónomo de justicia crece y necesita
definir un proyecto político y su relación con el Estado.
L
a defensa del territorio y del propio sistema de justicia
de los pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, agrupados en la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac-Policía Comunitaria), no
tiene descanso. En el frente externo deben luchar contra las mineras y contra un
decreto que los desarticularía. En lo interno, se impone la necesidad de mirar
atrás y redefinir su proyecto político.
Tras el relevo de las autoridades de las cuatro casas de justicia (San Luis
Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso), accidentado en un inicio por
el conflicto que se desató con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (upoeg), “la crac sale fortalecida y con autoridades nombradas en el
mismo sentido del proyecto”, señala Valentín Hernández, asesor jurídico de la
Coordinadora.
El proceso de elección, señala Hernández, afirmó el diálogo entre la
estructura de la organización y las bases, y fue una oportunidad para aclarar
las diferencias entre distintos proyectos de seguridad y justicia. En los 17
años de existencia de la crac se ha perfilado la construcción de un sistema
integral “no sólo de seguridad, justicia y educación”, apunta Valentín, sino
para actuar en otras problemáticas de los pueblos, “como salud, comunicación y
producción”, afirma.
El cambio sirvió también para que los pueblos hablaran de sus expectativas.
Uno de los primeros procesos será una reevaluación de todas las instancias de la
crac para redefinir sus tareas y precisar un proyecto estratégico pensando ya en
las próximas décadas, señala el asesor. La reevaluación histórica del proyecto
de la crac se volvió urgente después de la amplia proyección del movimiento
tanto a nivel regional como nacional: “Hace 17 años, nunca se pensó que
lograríamos llegar a esta edad”, recordó.
El relevo generacional en los liderazgos es otra de las necesidades
inmediatas para asegurar que la Coordinadora sea una alternativa real que
resuelva el fondo de los problemas de los pueblos. “Tenemos que pensar que
tienen que hacer suyo este proceso y empoderarse —todas las generaciones—, que
los jóvenes y los niños se vean identificados, que se sientan parte y que en
todo momento defiendan con claridad por lo que están luchando”, afirma Valentín
Hernández.
El decreto de Aguirre. Los tres primeros años de su
funcionamiento, entre 1995 y 1998, la Policía Comunitaria entregaba a los
detenidos a los ministerios públicos. Ante la evidencia de que las autoridades
no procesaban eficazmente a los delincuentes entregados, las comunidades
“decidimos dotarnos de nuestras propias autoridades regionales para la
procuración e impartición de justicia”, señala la página de la Coordinadora, y
nació la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (crac).
Tras el reconocimiento de su sistema de justicia en abril de 2011 por la Ley
estatal 701, vino el anuncio de un nuevo decreto en febrero de 2013 vinculado al
surgimiento de multitud de grupos de autodefensa en la zona de Ayutla, liderados
por la upoeg. El decreto pretende que las policías comunitarias sean agentes
auxiliares del Estado y prohíbe aplicar procesos de reeducación o sanciones,
procesar a los detenidos, realizar detenciones fuera de la flagrancia, entre
otras medidas que abarcan todas las funciones de la crac. Además, amenaza con
sanciones si se realizan estas acciones.
Para Gelasio Barrera, septuagenario fundador de la Policía Comunitaria,
convertirse en auxiliares del Estado daría un golpe mortal a la base de la
Comunitaria: que el mando directo de la policía es el pueblo y no el gobierno.
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas señala que las policías comunitarias
son un fenómeno histórico en México y que la sorpresa que muestran las
autoridades del gobierno por su aparición se debe “a que no han volteado a ver a
los pueblos indígenas”.
Los sistemas de justicia indígena, señala el jurista, están amparados en
México al menos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(oit) y por el artículo 2 de la Constitución. Si el Estado no se ajusta a ello,
viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En la Comunitaria el rechazo al decreto se expresó durante el Encuentro
Estatal por la Defensa de la Seguridad y la Justicia de los Pueblos, el 17 de
febrero, cuando un centenar de comunitarios quemó simbólicamente el decreto, al
tiempo que el comandante Eliseo Villar declaró: “aquí quemamos la basura que nos
quieren imponer el gobierno estatal y federal y aquellos compas traicioneros que
hoy le están dando lado al gobierno y la espalda al sistema comunitario”.
Un proyecto político. La Policía Comunitaria surgió
respondiendo a demandas urgentes de los pueblos de la Montaña de Guerrero. En un
primer momento, recuerda el asesor Hernández, no nació como un proyecto político
sino como “una conjunción de puntos de vista, acciones y esfuerzos de varios
actores, como las organizaciones productivas y las organizaciones sociales, los
pueblos —de manera directa— y otros actores sociales”.
A partir de la construcción y la lucha “se ha ido definiendo una práctica,
principios, una cierta filosofía, procurando que el pueblo tenga en sus manos el
proceso”, y agrega que en este momento se hace necesario definir un proyecto
político. Por un lado, ubica Valentín, está la vía ya conocida por los
movimientos: el diálogo y negociación con el gobierno. Por otro lado, está una
idea que surge con fuerza en las bases y que refleja sus principios: la
construcción de un proceso autonómico bajo la idea de que el pueblo debe tener
en sus manos el proceso y el proyecto.
No hay una definición todavía pero, señala Hernández, la forma en que la
tomarán ya está: será de manera colectiva y “muy bien pensada” para que
beneficie verdaderamente a los pueblos.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/09/103842052-la-encrucijada-de-la-policia-co-munitaria-de-guerrero