La Comisión de la Verdad
Roberto Ramírez Bravo
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Uno de los compromisos más significativos del entonces candidato y actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ha quedado indefinidamente postergado.
Se trata de la Comisión de la Verdad, órgano que se supone investigaría la verdad histórica de los crímenes del pasado ocurridos en Guerrero y que era, precisamente, la carta de identificación de un candidato que venía del PRI pero que asumía la ideología, y no sólo la camiseta de un gobierno de izquierda.
Era, esa propuesta, también una toma de distancia clara con su antecesor, quien había llegado impulsado por una coalición de izquierda y había ejercido el poder con plena identificación con la derecha y el PRI.
Tal vez ninguna de las propuestas de Aguirre tuvo un carácter tan definitorio como el de la Comisión de la Verdad, que lo hermanó con organizaciones sociales, con grupos académicos y con centenares de descendientes de los muertos y victimados en aquellos crímenes del pasado, que reclamaban una verdad histórica.
¿Por qué, entonces, el gobierno de Aguirre ha prácticamente abdicado a la decisión histórica de impulsar este organismo independiente?
Para entender esta interrogante conviene hacer un recuento de los hechos alrededor de la propuesta.
Primero, Aguirre la anunció en el Centro Acapulco cuando fue presentado como candidato oficial, no sólo frente a las organizaciones de izquierda, lo que le valía un gesto de legitimación ante su pasado priísta, sino frente sus contendientes internos, en particular, Armando Ríos Piter, quien era el más viable prospecto dentro del PRD para la candidatura, pero era, además, representante del grupo de Zeferino Torreblanca Galindo. El anuncio dio a Aguirre un amarre importante: alianza y, a la vez, definición y distancia.
Luego vino el comienzo de gobierno y el olvido deliberado. Ya no se tocó en mayor detalle el tema, si bien empezó a ser empujado por luchadores sociales, específicamente Eloy Cisneros y Octaviano Santiago Dionicio, quienes, si fueron atendidos por el gobierno de Aguirre, no pudieron hacer que éste les planteara una propuesta concreta para la comisión.
Después apareció el diputado Faustino Soto, quien llevó al Congreso una iniciativa para él sí echarla a andar, pero a propuesta, no del Ejecutivo, sino del Congreso.
El gobierno de Aguirre no dijo nada y se limitó a esperar. Cuestión de tiempo y de recursos, se pensó, y no faltó quien creyera que al comenzar el año, con un presupuesto ya definido para 2012, el Ejecutivo lanzaría, ahora sí, su propuesta.
Pero se atravesó Ayotzinapa. El gobierno de Aguirre se cimbró en sus cimientos, el fantasma de la represión se enseñoreó en el estado, los crímenes ya no del pasado, sino del presente real, volvieron, de un momento para otro, obsoleta a la Comisión de la Verdad.
¿Qué autoridad moral tendría un gobierno que asesina a dos estudiantes a balazo abierto en una manifestación callejera y que, según las fotografías, los caza como conejos?
Para agravarla, los operadores también se fueron. Eloy Cisneros se lanzó a la contienda interna en el PRD por una candidatura a diputado federal, lo que por simple congruencia lo apartaba de su promoción; amén de que para ese momento ya el gobierno había dado a conocer una lista de integrantes de la Comisión en la que no figuraba ninguno de los que la promovieron. Faustino Soto también se fue a la campaña, y su iniciativa en el Congreso quedó en el olvido.
Parece que, en estos momentos, hablar de la Comisión de la Verdad es hablar de una utopía, un sueño guajiro, aunque no se sepa cómo son los sueños guajiros. Sin embargo, como se ha dicho antes, ésta fue la principal propuesta de este gobierno en materia política; ni siquiera la llamada Nueva Constitución se le iguala en importancia.
Pero el tiempo pasa y las oportunidades se van.
Cuando Aguirre asumió por primera vez la gubernatura, en el interinato de 1996, hizo una gira de trabajo por Ometepec, su tierra natal. Al concluir, en su casa invitó a una conferencia de prensa y dijo a los reporteros que él empezaría a trabajar por su ciudad desde el primer día, no le fuera a pasar como al otro ometepequense que había gobernado la entidad, Raúl Caballero Aburto, que ofreció hacer obra en Ometepec en la segunda mitad de su gobierno y cayó justo al cumplir tres años.
La anécdota viene a cuento porque si se está pensando echar a andar la Comisión de la Verdad en la segunda mitad del gobierno, que la primera ya va bien avanzada, hay que recordar a Caballero Aburto… y Ayotzinapa. Los riesgos, pues, naturales, creados o surgidos de un complot, de que un plan falle, son tan reales en la vida de los gobiernos como en la de cualquier persona, y dan sentido al adagio que sugiere no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.
Por otra parte, abdicar al derecho de crear la Comisión de la Verdad no sólo es un error político e histórico, sino una concesión a quienes creen que este gobierno, después de Ayotzinapa, no tiene autoridad moral para un proyecto de esta envergadura.
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