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Reconciliación social, punto de partida para gobernar
Juan García Costilla
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A partir del 1º de abril el nuevo Gobierno de Guerrero, tendrá la responsabilidad histórica de iniciar un proceso de reconciliación con amplios sectores de la sociedad, que lleve al restablecimiento del tejido social con el fin de enmendar el rompimiento que existe entre gobierno–sociedad.
Una de las tareas fundamentales para el nuevo gobierno, será investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en administraciones anteriores, agravios que deberá de investigar una comisión estatal de la verdad y la reconciliación que se comprometa a investigar los crímenes del pasado en los que cayeron luchadores sociales y militantes de izquierda, el trabajo deberá de abarcar el castigo a los culpables y la reparación del daño.
El compromiso de reconciliación deberá de establecer con las víctimas de la violencia de Estado, la llamada violencia estructural ya institucionalizada entendida esta como un asunto de poder y de dominación, que se le relaciona con los modelos autoritarios, represivos, despóticos y su tendencia proclive a la violencia que es dirigida principalmente a los sectores llamados por el poder “conflictivos”: opositores, campesinos, ecologistas, ejidatarios, maestros, indígenas, colonos, defensores de los derechos humanos; la impunidad acompaña los delitos del poder, el asesinato político, las masacres de campesinos y la persecución de líderes sociales.
En el Estado de Guerrero, el recurso de la violencia es un rasgo característico del poder político que el Estado ha utilizado como acción de amenaza, útil para el gobierno al permitirle mantenerse en el poder, creando una violencia institucionalizada que ha prevalecido bajo el amparo del ejercicio autoritario del poder, la intolerancia y la arbitrariedad, basándose en la implementación de un estado policiaco–militar y en la impunidad que gozan verdugos y represores. El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan informan en su balance 2010 que más de 250 activistas, dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, tienen acusaciones penales debido a su participación en los movimientos sociales, acciones que se enmarcan en un proceso de criminalización de la lucha social.
El nuevo gobierno democrático, deberá tomar como ejemplo el ejercicio de la reconciliación social emprendido por el ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado, quien se distinguió, al contrario de su predecesor y sucesor, por preferir el camino de la negociación en lugar de la violencia y la represión, además de impulsar la Ley de Amnistía de 1982, estas acciones de reconciliación social fueron posteriores al periodo negro de la guerra sucia de los años sesentas y setentas que fracturó familias, enlutó hogares y agravio al pueblo guerrerenses; la guerra sucia no termina, en los últimos seis años ha cobrado la vida de más de 30 dirigentes del PRD, varias decenas de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.
Ángel Aguirre, también realizó ya acciones de reconciliación social como Gobernador del Estado en el período de 1996 – 1999, se distinguió por apoyar a los deudos de las masacres de Aguas Blancas y el Charco, al otorgar a los deudos pensiones vitalicias que les fueron retiradas por la actual Administración Estatal. Además de otorgar apoyos sociales a comunidades víctimas de la violencia del poder.
El proceso de reconciliación social profundo, se basa en el reconocimiento de los agravios causados desde el poder, el establecimiento firme de un compromiso de no repetirlos jamás, además de la disposición a establecer nuevas relaciones de convivencia social. El alto nivel de conflictividad en el estado de Guerrero, tiene que ver con una historia acumulada de agravio originados desde el período de la Guerra sucia, las masacres y la criminalización de la lucha social.
La reconciliación deberá de generar la disposición, para que la población afectada y el Gobierno asuma el pasado, el presente y el futuro ya conciliado, evaluando el costo social y humano de la violencia represiva, la reconciliación se deberá de basar en el desarrollo humano, el bienestar socioeconómico, la seguridad, la democracia, la reestructuración del tejido social comunitario, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la no violencia y el buen gobierno.
A partir de la solución política de los conflictos, se debe de evitar el uso de la violencia del Estado en cualquiera de sus expresiones y facetas, entendiendo que el descontento social se basa en la marginación asociada a la pobreza, la exclusión, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, la carencia de los servicios de salud, de servicios públicos y la desigualdad extrema, la reconciliación social será la base fundamental de la gobernabilidad y el desarrollo del estado. Al tomarse medidas que permitan crear nuevas relaciones de poder, tendientes a fortalecer la confianza que le tenga la sociedad al gobierno base fundamental para la construcción de la paz con justicia y dignidad, teniendo como meta la materialización de un futuro digno e incluyente.
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