jueves, 28 de abril de 2011

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBIERNO DE GUERRERO Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COSTA CHICA....

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBIERNO DE GUERRERO Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COSTA CHICA A REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN DE CIUDADES RURALES SUSTENTABLES, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL AGUIRRE HERRERA

El que suscribe, Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I y III, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Guerrero y de los municipios de la Costa Chica a realizar acciones que promuevan la creación de ciudades rurales sustentables en la Costa Chica, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La Declaración del Milenio, aprobada por 189 países, entre ellos México, contempla los “ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que reconocen y promueven la relación entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Uno de estos ocho objetivos, se centra en cómo lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza.

Según datos de la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio, en los próximos años la población urbana del mundo se incrementará de 2.500 millones a 5.000 millones de personas. Casi todo ese aumento se registrará en los países en desarrollo, situación preocupante, ya que actualmente una cuarta parte de la población mundial que vive en las ciudades, carece de viviendas adecuadas y a menudo no dispone de servicios sociales básicos, tales como el acceso a agua potable y salubre y el saneamiento.

A fin de reducir la pobreza y promover el desarrollo de manera significativa es esencial lograr un crecimiento económico sostenido y de base amplia. En estos ocho objetivos, se destacan algunas de las esferas prioritarias que se deberán encarar para eliminar la pobreza extrema.

El desarrollo sustentable tiene como objetivo central la preservación de los recursos naturales, con base en tres aspectos conceptuales: el bienestar humano, basándose en la salud, educación, vivienda, seguridad y protección de los derechos de la niñez; el bienestar ecológico, implementando acciones en torno al cuidado y preservación del aire, agua y suelos; y las interacciones establecidas a través de políticas públicas en materia de población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo económico, producción, consumo y ejercicio de gobierno.

Desde el ámbito local, el desarrollo sustentable debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida, centrándose en la comunidad y sus miembros, teniendo en cuenta los objetivos y metas que se busquen lograr a través de la fuerza y gestión comunitaria, preservando su propia cultura y formas autónomas de convivencia.

Vale la pena tomar este concepto, como principio rector para el progreso de los estados más necesitados y olvidados de nuestro país, igualmente, es prioritario garantizar la buena gestión pública y la planificación en las zonas urbanas, por lo que es inexcusable que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se observen en todo momento para aumentar la coherencia y analogía de las políticas y los programas nacionales relacionados al tema.

Por ello, el desarrollo humano sustentable debe continuar siendo una prioridad en las tareas del gobierno federal y de los gobiernos estatales, buscando la creación de una atmosfera donde todos los mexicanos puedan incrementar sus capacidades y oportunidades; donde se garantice la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, y donde las oportunidades para las generaciones actuales puedan ampliarse, evitando que su desarrollo comprometa el de las siguientes.

Indudablemente, las ciudades rurales sustentables son una estrategia de combate a la dispersión poblacional, erradicación de la pobreza extrema y prevención de riesgos, con un enfoque territorial que complementa otros programas, como los que ya impulsa el gobierno federal por medio de Oportunidades y los centros proveedores de servicios.

El esquema contiene muchos de los elementos de las políticas que han resultado exitosas en otras latitudes, como descentralización, participación de la sociedad civil, fortalecimiento del gobierno local, empoderamiento de la población reubicada, desarrollo regional y coordinación intergubernamental, entre otros.

Lo más destacable de este esquema de política pública es que su diseño y aplicación parten del consenso de la población y del reconocimiento de las particularidades culturales, históricas, económicas, geográficas y sociales de las localidades beneficiarias, así como de la participación social en cada una de las etapas de la constitución y desarrollo de las ciudades rurales, además de la aplicación de políticas públicas para mejorar el aprovechamiento de las zonas de origen.
Existe una correlación entre la concentración, cada vez mayor, de la población y la actividad económica en las metrópolis de los países en desarrollo, y el aumento de la pobreza y los asentamientos precarios.

Las zonas marginadas que carecen de servicios municipales básicos tales como agua, saneamiento, recolección de desechos y sistemas de desagüe, ejercen una gran presión sobre los ecosistemas, el medio y los recursos locales y crean la necesidad de contar con servicios sociales, transporte, gestión de residuos y control de la contaminación que estén bien organizados y sean eficientes.

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, 210 mil 331 hogares concentran los mayores índices de pobreza en el país. Su marginación es catalogada como muy alta. Estos hogares se ubican, de manera decreciente, en siete entidades mexicanas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Nayarit y Durango.
De los más de 210 mil hogares en situaciones extremas, Guerrero tiene 35 mil 565, Veracruz 34 mil 6, Puebla 17 mil 42, Nayarit 5 mil 113 y Durango 4 mil 726.
Un dato alarmante es que Guerrero tiene 37 municipios con comunidades en la categoría de muy alta marginación y 36, en alta marginación, los cuales se ubican en las costas Chica y Grande, la Montaña y la Sierra e incluso colonias populares de Acapulco.
Si se toma en cuenta sólo el número de hogares y los rangos ya mencionados de marginación, Cochopa, Guerrero, es el municipio con menos desarrollo humano dónde el 96.9% se encuentra en pobreza alimentaria, el 97.6% en pobreza de capacidades y un 98.1% en pobreza de patrimonio.

Según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha señalado que dicho Municipio de Cochopa El Grande, es el municipio más pobre de México, con altos niveles de miseria, desnutrición, enfermedades y analfabetismo, situación que ha sido comparada con pueblos de iguales carencias en el África Subsahariana.

Por ello, un candidato ideal para la aplicación del esquema de Ciudades Rurales Sustentables y de políticas afines, es el Estado de Guerreo, dónde es urgente conjugar acciones del Gobierno Federal y del Gobierno Local, próximo a un cambio, situación que podría reflejar un periodo óptimo para diseñar y aplicar políticas públicas eficientes a tal efecto.

Como ustedes saben, la dispersión es una realidad en el Estado de Guerrero y causa de la pobreza. La enorme distancia que hay entre familias y personas hace imposible acercar los servicios básicos de agua, drenaje, educación, salud, vivienda, empleo digno y remunerado.

La distribución territorial de la población continúa siendo bipolar con una creciente concentración en los centros urbanos y una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas.

Es así que el modelo de ciudad rural sustentable representa un marco referencial conveniente para la eficiente planificación de comunidades sustentables guerrenses, impulsando de este modo el desarrollo social y económico, primordialmente de los municipios de la Costa Chica, Costa Grande y la Montaña, cuya población sufre de condiciones económicas precarias, lo que los convierte en doblemente vulnerables.
De los más de tres millones 200 mil guerrerenses, alrededor de 600 mil son indígenas náhuatl, mixtecos, tlapanecos, amuzgos, así como “afromexicanos” que sobreviven en condiciones de extrema pobreza.

Naciones Unidas ha señalado que el 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud, por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que la mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos municipios como Cochoapa El Grande, Metlatonoc, Alcozauca, Tlapa y Chilapa. Ha advertido que mueren 89 niños por cada mil nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de seis en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades fáciles de curar, en países del primer mundo.

El campo se encuentra en una situación crítica y familias completas migran a las ciudades y al país vecino del norte; la drogadicción y el narcotráfico amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad; la corrupción e impunidad expresan la descomposición del Estado.

Un informe del Consejo Nacional de Población, publicado en 2010, destaca que Guerrero es el estado con más alta marginación: uno de cada cuatro habitantes carece de drenaje; uno de cada tres habita viviendas con piso de tierra, y tres de cada 10 no tiene agua entubada, y más de la mitad de la población vive en hacinamiento.
Asimismo, 27 mil 964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un salario mínimo mensual, lo que provoca altos niveles de migración a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California y Morelos, donde trabajan como jornaleros agrícolas.
De acuerdo con un análisis de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se ubica a Guerrero como el estado con mayores niveles de marginación y se añade que en las zonas urbanas guerrerenses también hay datos alarmantes, pues en Acapulco hay más de 43 mil familias con muy alto grado de marginación.

Tomando estas referencias, es urgente encaminar acciones plausibles que deriven en el cambio progresivo a las comunidades más necesitadas de éste Estado, con el fin de erradicar su actual y menesteroso escenario.

La política pública de ciudades rurales sustentables, debe ser aplicada en las regiones con más altos índices de dispersión, como es el caso de Guerrero y llevar a la población nuevas oportunidades de vivienda digna y servicios básicos de calidad; agua potable; planta potabilizadora; drenaje y alcantarillado; plantas de tratamiento de aguas residuales; electricidad y alumbrado público mediante celdas solares; torre de comunicaciones con telefonía fija y celular; acceso a internet y redes de información; centros de educación básica integral equipado con tecnología de punta y centros de salud con servicios ampliados.

En este sentido, es de reconocer el esfuerzo del gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas y la iniciativa privada al atender y dar respuesta a la dispersión y a la pobreza vivida en ciertas zonas, mediante la política pública de ciudades rurales sustentables.

Bajo este esquema de colaboración, en el caso de Nuevo Juan del Grijalva la inversión alcanzó los 481.7 millones de pesos, de los cuales 84.8 por ciento provino del Gobierno Federal, a través del Ramo 23 y la Conavi; 14.1 por ciento aportado por el sector empresarial y bancario con mayor relevancia en el país; y 1.1 por ciento del gobierno del estado.

Las 410 y las 468 viviendas que constituyen a Nuevo Juan del Grijalva y Santiago el Pinar respectivamente, conjugan servicios públicos garantes de calidad de vida, infraestructura para la preservación del medio ambiente y programas productivos que contribuyen al desarrollo social y económico de sus habitantes.

Ambas ciudades, cuentan con viviendas de 60 metros cuadrados de construcción ubicadas dentro de predios de 300 metros cuadrados, edificadas con materiales térmicos, habilitadas con estufas ecológicas, con plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadora de agua, con alumbrado fotovoltaico, con una red subterránea de instalaciones hidráulicas y sanitarias, con conectividad a telefonía local y celular e Internet, con servicios urbanos que incrementan la calidad de vida de sus habitantes como una terminal de transporte, un centro de atención infantil, una agencia municipal, una comandancia, una biblioteca, un corredor de micronegocios, y una posada para hospedaje turístico en el caso de Nuevo Juan del Grijalva.

Por lo anterior, es de inmediata aplicación este tipo de modelos habitacionales en las zonas marginadas guerrerenses.

Las buenas prácticas y los modelos exitosos, como la reubicación de la comunidad San Juan del Grijalva lograda en Chiapas, deben ser experiencias inspiradoras a otras regiones que así lo necesiten.

Por ello, el esquema de Ciudades Rurales Sustentables, debe ser aprovechado no solo por el gobierno guerrerense, sino por todos aquellos que lo demandan, para que la reubicación y reconstrucción de las viviendas de las familias mexicanas se logre bajo un esquema de desarrollo sustentable, adecuado a sus propias condiciones, necesidades y particularidades.

Para tal efecto, resulta conveniente tener en cuenta el Programa Especifico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático de la Conavi, con el cual se busca establecer nuevas orientaciones de sustentabilidad energética y ambiental en las políticas y acciones del sector vivienda, mediante la utilización de nuevos sistemas constructivos con materiales y tecnologías de eficiencia energética y de minimización de impactos ambientales, entre otros aspectos. Cabe la pena destacar que este instrumento prevé una metodología para evaluar la vivienda sustentable en México, aprobada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto de la ONU, siendo la primera metodología de esta naturaleza en el mundo.

En este sentido y bajo estas consideraciones, solicito el apoyo de esta Soberanía para que ésta proposición con punto de acuerdo, se convierta en una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Guerrero y se implemente la política pública de ciudades rurales sustentables, como un mecanismo de vida digna, que brinde la alternativa para construir sociedad, gobernanza e identidad.

Todo esfuerzo encaminado a conseguir el desarrollo sostenible exige una acción coordinada y como legisladores tenemos el compromiso y la obligación de coadyuvar con los esfuerzos del gobierno federal y estatal y romper con la realidad de dispersión y pobreza.

Para ello, es imprescindible que los tres órdenes de gobierno y el sector privado nos unamos en aras de otorgarle a los mexicanos las condiciones necesarias que impulsen un desarrollo económico sustentable, ofreciéndoles áreas territoriales que conjunten servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades, lo que permitirá garantizarles una vida de calidad y por ende un desarrollo humano sustentable.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Vivienda participe en el diseño e instrumentación de un modelo de ciudad rural sustentable para los habitantes de los municipios de la Costa Chica en el Estado de Guerrero, con respeto y apego a sus necesidades y a las características geográficas, económicas, ambientales, culturales y de costumbres propias de la zona.

Segundo. Esta soberanía exhorta respetuosamente a los gobiernos del estado de Guerrero y de los municipios de la Costa Chica, a que realicen acciones conjuntas que promuevan la creación de Ciudades Rurales Sustentables, involucrando al sector privado en la construcción de la misma.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)

Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3250-IX, jueves 28 de abril de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario