Alerta Miranda sobre trabas para castigar la guerra sucia

Sin reformas a la ley, es “iluso” pensar en resultados

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 8 de agosto. La creación de la Comisión de la Verdad sólo tendrá un impacto mediático que beneficie al gobierno de Guerrero, ante la ausencia de una reforma constitucional que garantice el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia. “Sólo un iluso”, creería lo contrario habiendo esos candados, según Arturo Miranda Ramírez.

El catedrático, investigador y ex guerrillero, visualizó un futuro incierto para el proyecto, mientras en el seno de la sociedad no haya avances democráticos.
Formuló un planteamiento: “supongamos que el próximo presidente (de México) es del mismo partido (político) de quienes ordenaron las masacres, ¿va a aceptar reconocer que es responsable por acción u omisión de los hechos? Va a buscar la manera de cubrirlos”.

En el caso de Guerrero, a manera de ejemplo, recordó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero exoneró a Rubén Figueroa Alcocer del caso de Aguas Blancas, al no llamarlo a rendir cuentas en su periodo de interino.

También se preguntó si el propio Aguirre Rivero habría de llamarse a juicio por la masacre de El Charco.

A Arturo Miranda no sólo la obra que en no más de tres semanas será publicada por la Editorial Académica Española, La violación de los derechos humanos en el estado de Guerrero durante la guerra sucia: una herida no restañada, que le llevó tres años de investigación (2002-2005), le dan la certeza para referirse al pasado; su experiencia personal en la lucha guerrillera, con Genaro Vázquez, lo acreditan.
Las 356 páginas que contribuyen a la búsqueda de la verdad de esa herida no restañada, lleva a la mesa de un café para la entrevista. En su obra, Miranda Ramírez desmenuzó, implacable, cómo el Estado mexicano garantizó a los autores materiales e intelectuales la consumación de desapariciones forzadas y crímenes durante la lucha de los grupos armados a la intolerancia y el autoritarismo gubernamental.

En total, documentó la desaparición forzada de mil 200 personas a nivel nacional, de las cuales casi la mitad, corresponden a Guerrero, con casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla. Aunque los apellidos que más se repiten de esas ausencias son Cabañas e Iturio.

Lo que más lamentó en la charla, es que a los altos mandos de la milicia se les siga garantizando la impunidad, al no tener hasta ahora, después de tantos años, a ninguno de ellos juzgado por esos crímenes no olvidados, que están vigentes en las demandas de los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

–En la coyuntura actual, a propósito de todo lo que aborda en el libro, ¿qué características debe tener la Comisión de la Verdad que propone este gobierno?
–En el libro retomo esa parte. Hice un estudio en varios países de África, de Asia y de América Latina, donde también se constituyeron comisiones de la verdad, con distintos logros en su labor, pero casi todos coinciden en determinados puntos, por ejemplo el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos.

Recordó que en su caso, cuando cayó por segunda vez en manos de la Brigada Blanca, que encabezó Arturo Durazo Moreno, agrupación gubernamental encubierta destinada a actuar como represora durante la guerra sucia, lo presentaron como uno de los peores criminales del país, por ser un precursor de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Para él la mayoría de los luchadores sociales de ese tiempo fueron satanizados, y en ese sentido va encauzada su propuesta de reivindicar la figura de los jóvenes que le apostaron a un sueño por una patria nueva, como, recordó, decía Genaro Vázquez, pero desde la realidad, la verdad histórica.

–¿Qué debe demostrar la Comisión de la Verdad?

–Que sí hubo luchadores sociales que en los 70 nos vimos obligados a luchar de esa manera, porque si hubiera habido condiciones, sólo un loco se hubiera ido a la guerrilla para matar y que lo mataran. Sólo pretendemos que se conozca la verdad histórica.

Acerca de la reconciliación nacional que propone, se refiere concretamente a la conciliación en términos políticos, es decir que en la medida en que esclarezcan los crímenes, dejará de haber esas posturas encontradas entre agraviados y gobierno.
Indicó que, sin duda, se debe enjuiciar a los responsables, pero no con la justicia de la venganza. Su propuesta concreta es que se les asigne sanciones de carácter reivindicativo con la historia, como lo hace la Policía Comunitaria en la Costa Chica y La Montaña.

–¿Los juicios que propone, qué características deberán tener?
–Por ejemplo, en algunos países, los tribunales populares no condenaban a los responsables, por ejemplo un (Arturo) Acosta Chaparro –miembro de la milicia, ubicado como uno de los autores de crímenes de lesa humanidad en Guerrero–, que lo fusilaran en la plaza, aunque lo mereciera, no, al contrario, que reconociera públicamente que violó la ley.

Llegamos hasta la Comisión de la Verdad: “está demostrado, según lo que sostengo en mi libro, llámese Comisión de la Verdad, Fiscalía Especializada (en el gobierno federal de Vicente Fox), que no tendrá ningún futuro si en el seno de la sociedad no hay avances democráticos”.

–¿Por qué?

–En todos los crímenes de lesa humanidad, que son las masacres y las desapariciones, tiene un carácter federal, los militares involucrados no se mandan a nivel estatal, se mandan a nivel federal, entonces las posibilidades de la Constitución a nivel estatal están muy alejadas para llevarse a juicio a nivel federal.
Por ejemplo, dudó que puedan traer a enjuiciar a Guerrero, al ex presidente Luis Echeverría, señalado como presunto autor intelectual de los crímenes, incluso en su libro.

No basta, desde su perspectiva, el buen deseo, se tiene que crear una reforma a la Cosntitución estatal y federal.

“Yo tengo mucha confianza y admiración por amigo Enrique González Ruiz, quien está mencionado como el que encabezará la comisión; yo he intercambiado correos (electrónicos) con él. Le digo: ‘oye, no seas iluso’. Me dice: ‘no lo soy, pero por lo menos quiero hace algo por esclarecer los hechos’. Le contesto: ‘¡Pues atórale!, pero, ¿cómo vas a responder A los candados que te va a poner la Federación, incluso aquí en el estado, si no hay un reforma constitucional que permita entrar a los Archivos de la Defensa Nacional o de Gobernación?’”.

La Jornada Guerrero, 09 de agosto de 2011