martes, 11 de diciembre de 2012

Caso Radilla provoca nueva potestad a juzgadores: José Ramón Cossío, ministro de la SCJN

Abogados y jueces deben acostumbrarse a operar a la luz de los derechos humanos, sean de fuente constitucional o convencional

Roberto Ventura Pérez/Ciudad de México

“La sentencia del Caso Rosendo Radilla no sólo condena al Estado Mexicano, sino que condena por primera vez al Poder Judicial de la Federación, tal vez pudiese tener implicaciones respecto de los órganos jurisdiccionales del país”, señaló el Ministro José Ramón Cossío Díaz, durante la presentación del libro El Caso Radilla. Estudio y Documentos”, realizada la noche del jueves seis de diciembre en el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
 
En el acto de presentación del denso texto, escrito por el propio ministro, en conjunto con dos de sus secretarios de Estudio y Cuenta: Raúl M. Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, presentes también en el evento, apuntó que el fallo es “de una enorme importancia porque a todos nosotros nos va a poner a echar a andar a volar la imaginación, acerca de cómo vamos a recibir sentencias dictadas por tribunales extranjeros en nuestro propio orden jurídico, este asunto desde luego no es menor”, pues considera que implicó un cambio para el sistema jurídico nacional.
 
Si tuvieran que hacer una breve síntesis de lo que se resolvió –dijo- habría que destacar tres cosas que son centrales:
 
“La primera es la confirmación de que en este país existe un control concentrado, tenemos controversias, acciones y amparo, y en ellas hacemos declaraciones de inconstitucionalidad con efectos generales (Controversias y acciones) y con efectos relativos hasta el día de hoy en amparo”.
 
“La segunda, es importante resaltar el control difuso, en el sentido de que los juzgadores de todo el país, en cualquier proceso del que estén conociendo, pueden desaplicar disposiciones si estiman que éstas son contrarias a la Constitución federal. Tengo yo conocimiento que una sala penal del TSJDF, una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, y algunos otros órganos jurisdiccionales han llevado a cabo ejercicios de desaplicación de estas disposiciones y esto me parece que es un cambio absolutamente trascendente para todos nosotros, que somos juzgadores o estamos interesados en actividades jurisdiccionales”, una nueva potestad para los juzgadores.
 
“Tercera, el pronunciamiento generó el principio pro-persona, una interpretación muy sólida del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los juzgadores deben siempre preferir la interpretación más favorable”. Abundó que la SCJN ya tiene algunas decisiones muy importantes (Yucatán y Zacatecas), para efecto de determinar cómo es la aplicación jerárquica de las disposiciones en materia de derechos humanos.
 
Entonces –precisó- este es el reto más importante que tenemos todos los abogados o juzgadores, “nos tenemos que acostumbrar a operar con derechos humanos, sean de fuente constitucional o de fuente convencional y esto no es un asunto sencillo; la mayoría de nosotros fuimos entrenados para saber garantías individuales”.
 
“Sí tenemos necesidad de involucrarnos muy seriamente en materia de derechos humanos, de fuente constitucional y convencional, porque hoy en día son herramientas, no son ya lujos, ni son erudiciones, son herramientas de operación cotidiana en lo que tenemos todos que hacer cotidianamente”.
 
Ilustró que lo anterior “está derivado de la reforma del juicio de amparo, de la reforma de derechos humanos y la sentencia Radilla, promulgadas y emitidas el año pasado; pero si lo vemos conjuntamente yo creo que es uno de los cambios jurídicos más importantes que ha habido en muchísimos años”.
 
Por último, visualizó que el control difuso que hoy día tienen jueces y abogados no desaparecerá pronto y la solución no es apostar a que desaparezca, a que esto sea una moda que tomaron los ministros, más bien –expuso- “yo creo que esto se va a ir constituyendo, se va a ir consolidando, entonces me parece a mí que vale la pena que nos tomemos en serio las implicaciones de este muy importante caso, porque en realidad vino a articular el sistema concentrado, el sistema difuso del principio pro-persona, y sobre todo la reforma de derechos humanos que se publicó el 10 de junio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación”.
 
Periódico Pueblo Guerrero, 11 de diciembre de 2012
 
 

lunes, 10 de diciembre de 2012

El sabio guerrerense

Médula

¿Cuándo otro sabio guerrerense?

Jesús Lépez Ochoa
jesuslepez@gmail.com

Guerrero, cuna de uno de los llamados Siete Sabios de México, está entre los referentes nacionales de una mala educación, rubro en el que las proyecciones de los expertos son catastróficas, lo que debiera ocupar a nuestras autoridades, maestros y a nosotros mismos como padres de familia, dada la situación de violencia que experimentamos, ya que la ignorancia también es factor de ruptura del tejido social que tanto anhelamos reconstruir.
 
La Fundación Mexicanos Primero en su reporte titulado Ahora es cuando expresa que “Guerrero presenta un panorama preocupante”, pues advierte que de no emprenderse una serie de medidas congruentes y focalizadas, nueve de cada 10 jóvenes estarían fuera del sistema educativo para 2018.
El dato es alarmante. Traducido a la vida real significa que de cada 10 muchachos que actualmente estudian primaria o secundaria, solamente uno tendrá la probabilidad de concluir una carrera universitaria que le provea el acceso a empleos bien remunerados y al resto, los estamos condenando a vivir del salario mínimo, en el supuesto de que opten por una vida pobre pero honrada.
 
Hay que tomar en cuenta que la única igualdad que los nueve jóvenes excluidos del sistema educativo compartirían con el que seguiría dentro, sería la de necesidades, pues al igual que éste deberán procurarse alimentos, vestido y techo para ellos y su descendencia, que en personas con escasa educación suele ser numerosa.
 
Las desigualdades serán más, empezando por el acceso al trabajo con mayor remuneración para un licenciado, doctor, arquitecto o ingeniero y con esto a la facilidad para obtener los satisfactores requeridos por ellos y sus familias que hablando de gente mejor informada y preparada para enfrentar la vida, suelen ser planificadas.
 
Consciente de estas diferencias, un profesionista hará su prioridad que sus hijos concluyan una carrera. Sin duda algunas personas sin estudios también se empeñarán en sacar a los suyos adelante, como estamos seguros que muchos buenos padres y madres lo hacen, pero habrá otros para los que no resulte importante dado que ellos tampoco estudiaron.

El sabio guerrerense

El chilpancingueño Alberto Vázquez del Mercado Marquina, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue también considerado uno de los siete sabios mexicanos junto con Manuel Gómez Morín, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva y Jesús Moreno Baca, con quienes fundó la Sociedad de Conferencias y Conciertos.
Si bien, a partir de su educación media superior estuvo en la Ciudad de México, nuestro paisano cursó su educación primaria y secundaria en Chilpancingo, donde sin duda obtuvo una sólida base para sus próximos niveles de estudio.
 
Guerrero es cuna de uno de los referentes del intelecto mexicano, pero también, de los maestros que lo formaron en sus inicios y de sus padres que estuvieron pendientes de su educación. ¿Cuándo otro sabio guerrerense? ¿Cuándo otros profesores como los que tuvo?
 
Cada niño sin escuela es una moneda al aire para las futuras generaciones. Cada padre y cada maestro deciden si éste será una cara en la sociedad y tal vez hasta en la historia como fue el caso de nuestro sabio de Guerrero, o una cruz en el pavimento de la calle del olvido como muchos de los caídos por la violencia en nuestro estado. ¿Usted a qué le apuesta?

Pueblo Guerrero, 10 de diciembre de 2012

Ventajas y desventajas en la contratación de deuda pública


Segunda y última parte
René Astudillo Nava
Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia Bello Morales,
por el sensible fallecimiento del licenciado Isael Bello Cuevas.
Como quedó expresado en nuestra colaboración anterior en esta ocasión se abordará lo relacionado a los aspectos negativos que se pueden generar en la contratación de créditos.
Derivado de esta tendencia creciente que se dio a nivel nacional por endeudar las finanzas estatales y municipales, canalizando los recursos a proyectos poco rentables; este fenómeno ha ocasionado que en los últimos años se haya incrementado el interés por estudiar el endeudamiento de estas administraciones públicas y la intención del gobierno federal con el proyecto de ley de establecer reglas más estrictas para acotar el endeudamiento de los gobiernos para los próximos años, toda vez que existen datos que demuestran que los niveles alcanzados por dichos créditos se han incrementado de forma alarmante, generando más que beneficios una pesada carga financiera para las haciendas de las administraciones presentes y futuras y por consecuencia al sistema bancario nacional una creciente cartera vencida por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.
En este sentido, es conveniente analizar las siguientes desventajas, pues resulta pertinente contrastar las opciones que tienen los municipios para allegarse de recursos por medio de la deuda. De esta forma, recurrir al financiamiento se consideran previsibles se presenten las siguientes desventajas.
Los gobiernos pueden y tienden en muchas ocasiones a abusar del endeudamiento superando su capacidad financiera para hacer frente en forma oportuna a los compromisos que se deriven de los créditos. En ocasiones estos recursos son invertidos para realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones, sin que las obras realmente representen importantes beneficios a la población.
Por otra parte, los estados y municipios pueden sobrepasar los límites que establecen sus legislaciones sobre los máximos en los que se pueden endeudar, además de que puede sobregirarse la capacidad de endeudamiento de sus finanzas, llevando a que el pago del servicio de la deuda se convierta en un impedimento para la operación normal de la administración (un quebranto financiero), poniendo en peligro el equilibrio de las finanzas y la provisión oportuna de los servicios públicos que el gobierno está obligado por ley a proporcionar.
Un efecto negativo de contratar deuda pública, se presenta cuando se incrementa exageradamente y los recursos son aplicados a solventar erogaciones del gasto corriente, (sueldos y salarios, materiales y servicios generales), por lo cual no se genera un beneficio a la población, al contrario se corre el riesgo de pagar la deuda contratada a costa de los contribuyentes.
La combinación de malas decisiones y una planeación deficiente en el uso de la deuda, puede desencadenar un incremento exponencial en su periodo de amortización (capital e intereses), por lo que las finanzas estatales y/o municipales en lugar de obtener una mayor fortaleza, se ven fuertemente presionadas generando severos desequilibrios en su estructura.
Por tanto, es conveniente que si las autoridades municipales consideran la posibilidad de hacerse llegar recursos vía crédito durante su periodo de gobierno, es pertinente contemplar esta opción en su plan municipal de desarrollo, como lo establece la ley de planeación del estado de Guerrero.
Con esta alternativa se estará en condiciones de planear la ejecución de la obra pública y contar con recursos suficientes para instrumentar los programas que les permita alcanzar los objetivos y metas contemplados en ese documento rector, orientador de las inversiones en el municipio.
En ese sentido, de capital importancia resulta en este inicio de la administración, el proceso de maduración de los estudios y proyectos que justifiquen financiera y socialmente la deuda a contratar.
Para concluir comentaremos que la deuda de las 31 entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios del país, en el 2011 ascendió a 358 mil 501.2 millones de pesos, lo que representó un incremento del 13.9 por ciento respecto del cierre 2010 y el 2.7 por ciento con respecto del PIB.
De acuerdo con información de la Secretará de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del año pasado los estados que presentaban las obligaciones financieras por arriba de los 20 mil millones de pesos fueron los siguientes: Veracruz, con 22.6; Jalisco, con 24.1; Nuevo León, con 36.3; Coahuila, con 36.7; Estado de México, con 38.2 y el Distrito Federal, con 52.4 mil millones de pesos, absorbiendo estas seis entidades federativas el 58.6 por ciento de la deuda global. En tanto que, en igual número de entidades pero con endeudamientos menor a los mil millones de pesos están los estados de Campeche, con 0.4; Zacatecas, con 1.1; Colima, con 1.4; Baja California Sur, con 1.8; Yucatán, con 1.8 y Morelos con 1.0 mil millones de pesos. Cabe destacar que hasta ese periodo, el estado de Tlaxcala no había recurrido a la contratación de créditos.
Los registros de estos montos de deuda pública dieron origen a que la cartera vencida de estados y municipios con la banca comercial se disparara y en solo un mes, en octubre se duplicó para ubicarse en los niveles históricos más altos desde 1994. De acuerdo con información del Banco del México, entre septiembre y octubre del año pasado los adeudos vencidos que los estados y municipios tienen con la banca comercial crecieron de 2 mil 596 millones de pesos a 5 mil 476 millones de pesos.
Por las razones expuestas, podemos finalizar que contratar deuda pública no es malo, el problema surge cuando es excesiva, no es transparente y no se utiliza en proyectos que generen recursos para su propia amortización. Por otra parte, es importante que los municipios recurran en menor grado a su contratación y no se constituya esta como una fuente de financiamiento preponderante sobre las demás fuentes de ingresos, además de que se respete el espíritu consagrado en el artículo 117 fracción VIII de nuestra Carta Magna y se establezcan importantes controles sobre el endeudamiento, sin que esto afecte la autonomía municipal.