Abogados y jueces deben acostumbrarse a operar a la luz de los derechos humanos, sean de fuente constitucional o convencional
Roberto Ventura Pérez/Ciudad de México
“La sentencia del Caso Rosendo Radilla no sólo condena al Estado Mexicano, sino que condena por primera vez al Poder Judicial de la Federación, tal vez pudiese tener implicaciones respecto de los órganos jurisdiccionales del país”, señaló el Ministro José Ramón Cossío Díaz, durante la presentación del libro El Caso Radilla. Estudio y Documentos”, realizada la noche del jueves seis de diciembre en el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
En el acto de presentación del denso texto, escrito por el propio ministro, en conjunto con dos de sus secretarios de Estudio y Cuenta: Raúl M. Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, presentes también en el evento, apuntó que el fallo es “de una enorme importancia porque a todos nosotros nos va a poner a echar a andar a volar la imaginación, acerca de cómo vamos a recibir sentencias dictadas por tribunales extranjeros en nuestro propio orden jurídico, este asunto desde luego no es menor”, pues considera que implicó un cambio para el sistema jurídico nacional.
Si tuvieran que hacer una breve síntesis de lo que se resolvió –dijo- habría que destacar tres cosas que son centrales:
“La primera es la confirmación de que en este país existe un control concentrado, tenemos controversias, acciones y amparo, y en ellas hacemos declaraciones de inconstitucionalidad con efectos generales (Controversias y acciones) y con efectos relativos hasta el día de hoy en amparo”.
“La segunda, es importante resaltar el control difuso, en el sentido de que los juzgadores de todo el país, en cualquier proceso del que estén conociendo, pueden desaplicar disposiciones si estiman que éstas son contrarias a la Constitución federal. Tengo yo conocimiento que una sala penal del TSJDF, una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, y algunos otros órganos jurisdiccionales han llevado a cabo ejercicios de desaplicación de estas disposiciones y esto me parece que es un cambio absolutamente trascendente para todos nosotros, que somos juzgadores o estamos interesados en actividades jurisdiccionales”, una nueva potestad para los juzgadores.
“Tercera, el pronunciamiento generó el principio pro-persona, una interpretación muy sólida del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los juzgadores deben siempre preferir la interpretación más favorable”. Abundó que la SCJN ya tiene algunas decisiones muy importantes (Yucatán y Zacatecas), para efecto de determinar cómo es la aplicación jerárquica de las disposiciones en materia de derechos humanos.
Entonces –precisó- este es el reto más importante que tenemos todos los abogados o juzgadores, “nos tenemos que acostumbrar a operar con derechos humanos, sean de fuente constitucional o de fuente convencional y esto no es un asunto sencillo; la mayoría de nosotros fuimos entrenados para saber garantías individuales”.
“Sí tenemos necesidad de involucrarnos muy seriamente en materia de derechos humanos, de fuente constitucional y convencional, porque hoy en día son herramientas, no son ya lujos, ni son erudiciones, son herramientas de operación cotidiana en lo que tenemos todos que hacer cotidianamente”.
Ilustró que lo anterior “está derivado de la reforma del juicio de amparo, de la reforma de derechos humanos y la sentencia Radilla, promulgadas y emitidas el año pasado; pero si lo vemos conjuntamente yo creo que es uno de los cambios jurídicos más importantes que ha habido en muchísimos años”.
Por último, visualizó que el control difuso que hoy día tienen jueces y abogados no desaparecerá pronto y la solución no es apostar a que desaparezca, a que esto sea una moda que tomaron los ministros, más bien –expuso- “yo creo que esto se va a ir constituyendo, se va a ir consolidando, entonces me parece a mí que vale la pena que nos tomemos en serio las implicaciones de este muy importante caso, porque en realidad vino a articular el sistema concentrado, el sistema difuso del principio pro-persona, y sobre todo la reforma de derechos humanos que se publicó el 10 de junio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación”.
Periódico Pueblo Guerrero, 11 de diciembre de 2012
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