lunes, 8 de agosto de 2011

Sobre el gobierno de Guerrero

APUNTES DE UN VIEJO LÉPERO
Guerrero, ¿gobierno de fantasías?
Jeremías Marquines
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En poco más de tres meses que Ángel Aguirre lleva como gobernador del estado de Guerrero, la administración estatal es un caos. Por todas partes surgen grietas que van desde el imparable nepotismo, hasta las transas que los amigos de Ángel ya comienzan hacer con los dineros púbicos y el uso de los cargos que lograron como premio amistoso, pasando por secretarios de despacho que usan los recursos de las dependencias para hacer campaña política con vistas a las elecciones del próximo año.
Más que gobernar, Aguirre Rivero lo que hace son anuncios. Le importa mucho su imagen: quiere parecer, más que ser. Todos los días anuncia algo nuevo que no se lleva a la realidad, o a veces se realiza a medias o en partes. Así pasó con la entrega del apoyo a madres solteras del que sólo se hizo una entrega. Lo mismo pasará con el programa de los útiles y uniformes escolares del que solo en partes se va a cumplir. Un programa donde se están gastando unos 30 millones de pesos y del que no hay ninguna información, ni tampoco, que se sepa, se ha hecho algún tipo de licitación. La transparencia y la rendición de cuentas es algo con lo que está peleado este gobierno. Los nuevos programas sociales de Aguirre, sin supervisión del Congreso local, sin fiscalización independiente, ni de ningún organismo ciudadano, corren el riesgo de convertirse en el mayor atraco al presupuesto de que se tenga memoria.
El nuevo gobernador de Guerrero también anunció que ya comenzaba, en los siguientes meses, la construcción del metrobús de Acapulco; otro anuncio engaña pendejos como le llaman aquí, porque hasta la fecha tampoco hay licitación alguna, y la reforma de ley que pudiera permitir la inversión privada aún no está aprobada por los municipios. A esta larga suma de anuncios, se agrega el hasta ahora fallido programa de alfabetización donde se invierten varios millones de pesos. Recién, el gobernador de esta entidad acaba de promocionar la firma de un convenio con el segundo de la embajada de Cuba para formalizar el supuesto apoyo de ese país en la campaña alfabetizadora. Todos, menos el gobernador, saben que los cubanos son unos verdaderos timadores de gobiernos ingenuos, por eso son cada vez menos los que firman convenios con ese país en permanente crisis. La campaña alfabetizadora es un caos absoluto donde todos los que participan lo hacen cada uno por su lado.
A todo esto, la campaña de culto a la personalidad de un solo hombre y su esposa, sigue su curso a costa de los guerrerenses. A esta reprobable campaña de medios en la que se quema incienso a fantasiosos anuncios y declaraciones efectistas con los que se que evade hablar de la realidad violenta y sicótica de Guerrero, hay que sumar otro anuncio vergonzoso que acaba de hacer el gobernador Aguirre. Para documentar bien lo que significa un gobierno de fantasía, léase la siguiente nota publicada por el diario El Sur el día de hoy miércoles 27 de julio. El encabezado de la nota firmada por el reportero Luis Nava dice: Pone Aguirre la primera piedra de un hospital de Chilapa cuya construcción no ha sido licitada. Es tal la urgencia, la ansiedad del gobernador de Guerrero por salir en las fotos para que se hable bien de él, que no espera ni siquiera a que las obras comiencen y más rápido que pronto ya las vende como sus grandes logros. La nota de Luis Nava dice que el hospital de Chilapa tendrá un costo de 142 millones de pesos. Sin embargo, una obra con ese costo requiere obligadamente que se emita una la convocatoria de licitación, y hasta el momento el “señor” gobernador Aguirre Rivero y su secretario de Salud, Lázaro Mazón, no lo han hecho y ya se adelantaron poniendo la “la primera piedra” del Hospital Regional de Especialidades de Chilapa. Entonces, ¿cómo ven a este gobernador? La creación de obras imaginarias pero vendidas en los periódicos y noticieros ha sido la vieja especialidad de todos los gobernadores trácalas que ha tenido Guerrero. Qué lástima que el PRD se sume a esta comparsa de mentiras y simulaciones en vísperas de volver a pedir el voto ciudadano para sus candidatos.
Primera llamada. Primera. A propósito del voto, ya estamos ante el fenómeno de que los secretarios de despacho del nuevo gobierno de Ángel Aguirre utilizan los recursos económicos y humanos que les han sido confiados para el combate a la pobreza y la atención de las necesidades humanas para hacerse campaña política. Vemos muy activo a Lázaro Mazón, que por supuesto quiere colocar alcalde en Iguala y apoyar a regidores en Acapulco, vemos a Sofío Ramírez usando los recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural al viejo estilo priísta para candidatearse para una senaduría; vemos a la secretaría de Educación, Silvia Romero, usando los problemas educativos para candidatearse por la alcaldía de Iguala que ha sido su sueño. Y también, a este grupo se suma el secretario de Desarrollo Social, David Jiménez que promueve intensamente sus acciones con vista a la alcaldía de Acapulco, son muchos los amigos de este secretario que están felices porque ya casi se sienten regidores…. Veremos.
Aguirre no termina de anunciar algo y ya se le está echando a perder. Es lo que pasó con la necedad de sostener en la Secretaría de Turismo a Graciela Báez, una señora recomendada por Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF. La gandallez de imponer a güevo a una persona ajena a las necesidades y la realidad de Guerrero, ha hecho que el turismo esté estancado y cada día más para abajo. Hay que agradecer a Aguirre y a Marcelo que el sector turístico esté profundamente dividido y confrontado por la nueva y prepotente secretaria de Turismo de Guerrero. Está claro que la consigna es quedar bien con Marcelo Ebrard más que con las y los guerrerenses que viven del turismo y esperan que ya se noten los avances.
Y como si no fuera suficiente el no ser querida y de que no ha dado ningún resultado en más de tres meses de gobierno, la secretaria de Turismo de Guerrero contrató a una empresa de algún amigo suyo del DF para que le promueva su demeritada imagen. Ha sido una constante de las recomendadas de Ebrard contratar a empresas de sus amigos del DF para que le presten servicios al gobierno del estado. Con esta acción no sólo ratifican su desinterés y falta de respeto por lo guerrerense, sino que ofenden a las empresas y prestadores de servicio locales y contradicen lo anunciado por Aguirre en su campaña de que en su gobierno solo contrataría a empresas locales.
Pero en este asunto del conflicto por el turismo, derivado del fracaso por haber perdido el Tianguis Turístico, el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve no debería cantar victoria. Ciertamente, el gobernador tiene que deshacerse de la enviada de Marcelo Ebrard. Es más que necesario, para volver a unir el sector y dar resultados, que Graciela Báez tiene que irse de Guerrero porque le ha hecho más mal que bien a turismo. Pero también el alcalde de Acapulco tiene que despedir a su rijosa y trácala secretaria de Turismo, Erika Luhrs Cortés porque ha sido un obstáculo para lograr la correcta cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Luhrs Cortés también está peleada con turismo federal y no sirve para gestionar nada, sumado a su conocida afición a la corrupción.
En concreto, el gobierno de Ángel Aguirre está en crisis y en caos absoluto. A todo lo antes relatado, se debe sumar el grave problema de inseguridad pública que atraviesa Guerrero. La violencia es tan aterradora que la vida nocturna de Acapulco y de muchas otras ciudades del estado ya no existe. El gobernador Ángel Aguirre pretende combatirla cerrando los ojos y trayendo a pasear a inútiles cónsules con cargos al erario público. Este fue otro fracaso de Graciela Báez y de Aguirre. Aparte de las acciones del gobierno federal, en Guerrero no hay ninguna estrategia para disminuir la violencia. No hay ni siquiera campañas que pretenden inhibir que jóvenes y niños se adhieran a este cáncer social. Lo que hay son puros anuncios, más anuncios, más, para que la gente crea que el llamado jefazo está cumpliendo.

martes, 2 de agosto de 2011

Solicita al Titular de la SEGOB, informe detallado sobre el Caso Rosendo Radilla Pacheco

Miércoles, 27 de Julio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 25
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

De la Dip. María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe detallado sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por el caso Rosendo Radilla Pacheco.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.
Documento en Tramite

CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Comisión Permanente
LXI Legislatura
H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, FRANCISCO BLAKE MORA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO MEXICANO POR EL CASO ROSENDO RADILLA PACHECO, ANTE LA RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO SOBRE LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

María del Pilar Torre Canales, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado Mexicano por la desaparición del Señor Rosendo Radilla Pacheco, luchador social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien fue detenido en un retén por el Ejército mexicano, el 25 de agosto de 1974.

2. La Corte encontró responsable al Estado Mexicano de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en un contexto de desapariciones forzadas masivas perpetradas por militares y policías en aquellos años. Y dispuso que:

7. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.

8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que [se] tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, […]

9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, […]

10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y [con] la Convención Americana sobre Derechos Humanos, […]

11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, […]

12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, […]

13. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la […] Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente e[l] Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, en un plazo de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la notificación de[l] Fallo, […]

14. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, […]

15. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, […]

16. El Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declara[da]s en el […] Fallo que así lo soliciten, […]

17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas […] por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del […] Fallo, […

18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

3. Que a pesar del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), México ha incumplido con la sentencia.

4. Que el 19 de mayo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia en la que se señala que desde 2009 el Estado le ha dado cumplimiento únicamente a lo relativo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de circulación nacional de los párrafos de la sentencia dejando pendientes todos los demás puntos.

5. Que en su resolución, la Corte indica que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. conjuntamente con la Organización de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, representantes de las víctimas, señalaron que “a la fecha, ningún mando militar o autoridad civil con mando sobre las Fuerzas Armadas activo en la época de la desaparición del Sr. Radilla ha sido llamado a declarar”, y que ninguna de las acciones que la Procuraduría General de la República ha realizado “están dirigidas a los funcionarios [militares y civiles] que estuvieron en funciones en la época en que el Sr. Radilla fue detenido-desaparecido”. Revelaron que las únicas diligencias relevantes que tienen un vínculo débil con las Fuerzas Armadas, son las excavaciones que se realizaron en el ex cuartel militar en Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero. Asimismo, expresaron que la Procuraduría General de la República tampoco ha atendido las últimas propuestas que los representantes de las víctimas le han formulado dentro de la averiguación previa, y que el Ministerio Público no ha realizado acciones concretas que demuestren que las investigaciones del caso avancen de manera eficaz.

6. Que además la Corte indica que la iniciativa del presidente Calderón para acotar el fuero militar presentada al Senado el 18 octubre de 2010, no está acorde con los estándares internacionales determinados en la sentencia ya que se estableció claramente que ninguna violación a los derechos humanos (lo que incluye la mayoría de los delitos) cometida por militares en contra de civiles deberá ser de la competencia de los órganos de procuración e impartición de justicia militares. Además, la Corte señaló que si bien la iniciativa del presidente Calderón para adecuar el tipo penal de desaparición forzada de personas, establecido en el Código Penal Federal, cumple con los criterios de la sentencia, aún no ha sido aprobada, como ocurre igualmente con la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar.

7. Que asimismo en la supervisión de cumplimiento de la sentencia se señala que no hay elementos para concluir que el Estado mexicano esté realizando de manera diligente las investigaciones sobre la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, así como respecto al paradero de la víctima, pues el Estado no aportó en su reporte de cumplimiento información que le permitiera acreditar que ha intentado acatar su deber de esclarecer los hechos, determinar el destino de la víctima y sancionar a los responsables. Igualmente, determinó que el Estado no ha capacitado a los miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y ministerios públicos respecto de los estándares internacionales sobre desaparición forzada de personas que deben ser acatados en el ámbito forense mexicano.

8. Que sobre el acto público de reconocimiento de responsabilidad, el Estado indicó que a lo largo del 2010, ha reiterado a los representantes de las víctimas su disposición de llevar a cabo, lo antes posible, dicha ceremonia […] y de arribar a un consenso sobre las modalidades de cumplimiento de esta medida de reparación”. Sin embargo hasta la fecha no ha podido realizarse. Es importante destacar que la Corte señaló claramente en su resolución, que en la placa conmemorativa, que se devele tras el acto de reconocimiento de responsabilidad, el Estado deberá señalar que la desaparición forzada de don Rosendo ocurrió en un contexto de desapariciones forzadas masivas.

9. Que en relación a la obligación del Estado de brindar atención psicológica y/o psiquiátrica la Corte observa que, hasta el momento, el Estado no la ha brindado debido a que todavía no se ha determinado qué instituciones públicas estarán a cargo de ello. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Estado debe continuar las gestiones pertinentes a fin de que las víctimas comiencen a recibir la atención requerida a la brevedad. Por otro lado, con respecto a la obligación de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos el Estado informó que a pesar de haber dispuesto recursos para ello, por causas ajenas no había sido posible el pago de las cantidades respectivas.

10. Que de forma general en la resolución sobre el cumplimiento de sentencia se señala que a pesar que la Comisión Interamericana valora los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano observa que no se han verificado avances significativos desde que se dictó, hace más de año y medio, la sentencia.

11. Que a pesar de lo señalado por la Corte, el titular de la Secretaría de Gobernación ha insistido en que el Estado Mexicano si ha cumplido con los resolutivos de la sentencia y que le ha dado cabal seguimiento a las investigaciones.

12. Que México, al ser parte tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 24 de marzo de 1981 y reconocer la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998, esta obligado a cumplir con sus decisiones y asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal.

13. Que la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos constituye un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales. Su aprobación es una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y confirma la voluntad del Estado mexicano de ampliar su necesaria protección. Sin embargo su consolidación debe de ir de la mano de acciones que la respalden. El compromiso del Estado Mexicano debe traducirse a hechos contundentes que demuestren la importancia de la que siempre habla el gobierno sobre el respeto de los derechos humanos.

14. Por ello y por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. SE SOLICITA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, FRANCISCO BLAKE MORA, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO MEXICANO POR EL CASO DE ROSENDO RADILLA PACHECO, ANTE LA RESOLUCIÓN DEL ORGANISMO SOBRE LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de Julio de 2011.

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DIP. MARIA PILAR TORRE CANALES

Exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar una política pública de atención a desplazados internos. Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas

Miércoles, 27 de Julio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 25
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

De la Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar una política pública de atención a los desplazados internos.
SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.
Documento en Tramite




Dip. Claudia Ruiz
Massieu Salinas



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA DISEÑAR Y EJECUTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LOS DESPLAZADOS INTERNOS.

La suscrita Diputada CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que corresponde al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pobreza, la escasez de recursos y servicios, así como el desempleo, han sido factores determinantes en el comportamiento de la población mexicana y, en consecuencia, de los flujos migratorios de la misma. A estas causas se ha sumado la inseguridad.

La adopción de los Principios Rectores de los Desplazados Internos de la Organización de las Naciones Unidas por parte del gobierno de México refrenda el compromiso de garantizar la protección de las personas que, sin salir del país, se ven obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual a causa de conflictos de diversa índole. No obstante, aún persisten tareas por realizar para crear una política gubernamental de atención a las poblaciones desplazadas internamente.

De acuerdo con dichos Principios Rectores adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de febrero de 1998, se define a los desplazados como aquellas: “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”

Mientras los refugiados huyen de su país, los desplazados no cruzan las fronteras del Estado, es decir, se trata de mexicanos que migran a otro municipio o estado en uso de la libertad de tránsito, reconocida como un derecho constitucional. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando esta decisión no se toma en libertad si no es producto del miedo? ¿Por qué este fenómeno ha pasado desapercibido para números instituciones dedicadas a conocer la dinámica poblacional en nuestro país?

Hasta el momento, el Estado mexicano carece de definición jurídica concreta sobre el particular. No obstante la Constitución Política, la legislación federal y los instrumentos internacionales suscritos por México, así como los Principios Rectores de los Desplazados Internos ya mencionados, protegen los derechos humanos de quienes se ven obligados o presionados a cambiar de residencia para proteger su vida, su integridad o su patrimonio.

En México no se dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos y las estimaciones varían considerablemente. Cifras recogidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en su Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 calculan entre 3 mil y 21 mil desplazados internos, mientras que el según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por su acrónimo en inglés), centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados, estimó en su informe del año 2010 que cerca de 230 mil mexicanos han debido cambiar su residencia en lo que va del sexenio y que 120 mil de estas personas migraron para ponerse a salvo, sólo el año pasado.

De acuerdo con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2000-2006, entre las causas que ha identificado el gobierno federal está la violencia generada por conflictos religiosos en comunidades rurales, conflictos agrarios, disputas por el control de recursos naturales, conflictos económico-políticos y catástrofes naturales, entre otros.

Lo que no se ha dicho es que, durante este sexenio, en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango el desplazamiento ha sido forzado por la presencia de la delincuencia organizada.

Ya sea que, los enfrentamientos constantes o amenazas directas del crimen organizado produzcan un éxodo masivo o bien que dicho desplazamiento se dé a cuentagotas, somos testigos de que familias completas desaparecen de un día para otro. Vemos pueblos enteros sin actividad comercial sustantiva, abandono de actividades ganaderas y agrícolas; comunidades y ciudades empobrecidas, pueblos fantasma.

Para muestra, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en esa ciudad, en 5 años se han acumulado 116 mil hogares vacíos, 11 mil comercios que cerraron sus puertas y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios. ¿A dónde han ido todas estas personas?

Otra característica común entre la población desplazada en México es la presencia mayoritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes, al enfrentar este fenómeno ven como se suman condiciones de vulnerabilidad, pobres, sin empleo, sin escuela y sin hogar.

De lo anterior se desprende el deber legal y la obligación del Estado mexicano para dar solución a las violaciones de derechos humanos derivados del fenómeno del desplazamiento interno.

El número de mexicanos que pide asilo en el extranjero crece, se calcula que son alrededor de 6500 personas, otras 9000 solicitudes se encuentran en trámite ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Se presume que dichas solicitudes se han incrementado en el último año por la ola de violencia en la frontera. Hemos escuchado casos de periodistas, presidentes municipales o miembros de las instituciones de seguridad que piden asilo a otros países tras recibir amenazas y en contraste, cifras de este mismo fenómeno en su vertiente interna, estadísticas gubernamentales, no tenemos ninguna.

La Secretaría de Gobernación instaló el Grupo de Trabajo sobre Desplazados Internos que integran otras siete secretarías de Estado: de la Reforma Agraria (SRA), de la Defensa Nacional (SEDENA), de Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Relaciones Exteriores (SRE), de Salud (SSA) y de Educación Pública (SEP), así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Procuraduría General de de la República (PGR).

Pero ¿dónde están los resultados? ¿qué avances ha tenido este Grupo de Trabajo? Es indispensable que esta soberanía conozca los avances y acciones de ese Grupo para lograr una política pública exitosa en la atención de las necesidades de los desplazados internos, que asegure su protección física y patrimonial, que defina competencias claras para encontrar soluciones permanentes al desarraigo y dicho sea de paso, responda a las críticas por carecer de un Programa Nacional y estadísticas que den cuenta del tamaño del problema.

¿Qué respuesta tiene el Gobierno Federal para los miles de mexicanos que han tenido que huir dentro de México?

Por lo anteriormente expuesto, se propone, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar un diagnóstico sobre la situación del desplazamiento interno en nuestro país y a diseñar y ejecutar una política pública de atención integral a los desplazados internos, evaluar el desempeño de las diferentes dependencias encargadas de brindar asistencia, atención y condiciones de retorno seguro de esta población y abatir el rezago en la materia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar puntualmente a esta soberanía de los resultados del Grupo de Trabajo Interinstitucional en la materia.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Gobernación a diseñar indicadores y criterios uniformes entre el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad civil, en general, para elaborar un diagnóstico nacional sobre los desplazados internos en México.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que informe y explique los avances en el cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazados Internos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el Senado de la República, México, Distrito Federal a 26 de julio de 2011.

DIP. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS

Acepta Guerrero cuidar a ONG de derechos humanos

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal / Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2011, p. 28


Chilpancingo, Gro., 1º de agosto. El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil estatal, Ramón Almonte Borja, informó que después de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la administración de Guerrero acordó con la Federación cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar medidas cautelares a defensores de los derechos humanos en la entidad.

En entrevista, Almonte Borja dio a conocer que dicho acuerdo se logró el domingo en una reunión de trabajo efectuada en esta capital, en la que participaron la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del estado, Martha Elba Garzón Bernal, y la responsable de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna.

Dijo que aunque se están cumpliendo las disposiciones de la CIDH, “en la reunión de ayer abordamos las medidas cautelares para la familia del extinto campesino Javier Torres Cruz y su familia, que vive en la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, así como para los activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.
Agregó que también se acordó convocar a los beneficiarios de las medidas cautelares, “para revisar no solamente su cumplimiento, sino para analizar si las causas que las motivaron subsisten. Yo espero que ya no existan”.

Almonte Borja señaló que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó cumplir “a cabalidad” con las medidas cautelares. La policía ha estado haciendo rondines en los lugares indicados, aseguró.

Asimismo, pidió a Tlachinollan que se permita construir una caseta de vigilancia en el municipio de Ayutla de los Libres, a fin de que los agentes puedan proteger a esa organización.

La Jornada, 02 de agosto de 2011

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/02/estados/028n2est

lunes, 1 de agosto de 2011

Punto de acuerdo. Diputado Armando Ríos Piter

Proposiciones

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Con punto de acuerdo, para que un grupo de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se traslade al área de la laguna El Potosí, en Guerrero, y conozca la situación sobre el deterioro ambiental en la zona, así como las implicaciones de la entrega de la concesión otorgada a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, recibida del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de julio de 2011

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las lagunas costeras situadas a lo largo del litoral mexicano son el resultado de la mezcla de dos tipos de agua (mar y ríos), esto hace que el agua sea salobre, por lo que presentan un comportamiento ecológico muy especial y propio en cada laguna.

En el caso de la laguna El Potosí, es una laguna costera que se encuentra situada en la zona costera de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo de Azueta, en el estado de Guerrero. Las comunidades, que se localizan en su entorno son Barra de Potosí, Playa Blanca, Playa Larga, Guamilule y Vista Hermosa.

La laguna y su entorno presentan un alto valor escénico y paisajístico. En el área es posible encontrar diversos hábitats y tipos de vegetación, como humedales con manglar y popal; hasta selva baja caducifolia y vegetación de dunas costeras.

El área de la laguna es utilizada como corredor biológico de aves marinas, como Sula leucogaster (pájaro bobo de patas cafés), Pelecanus erythrorhynchos (pelícano blanco), Babulcus ibis ( garza garrapatera) , Egretta tricolor (garceta tricolor), Mycteria americana (tántalo americano), entre otras.

La importancia ecológica de una laguna como la de El Potosí consiste en su alta productividad, originada por la contribución de varios tipos de productores primarios, la energía de mareas y circulación, la abundancia de nutrientes, y la conservación, retención y eficiencia del reciclaje de nutrientes, entre sus diversos hábitat.

Esto tiene como consecuencia, que la laguna sea un importante sitio para la alimentación, refugio y reproducción de invertebrados y peces, por ello, es de gran importancia para las pesquerías litorales.

Además, las playas limítrofes a la Laguna de Potosí son sitio de anidación de tortugas marinas principalmente la golfina (Lepidochelys olivacea ).

Adicional a esto, por la belleza natural y cercanía al puerto de Zihuatanejo la actividad turística tiene gran importancia en el área de la laguna El Potosí, junto con actividades productivas tradicionales como la pesca, y la actividad agropecuaria.

Infortunadamente la laguna está siendo impactada por las actividades humanas, lo que está provocado tanto su deterioro ambiental, como daños a las propias actividades, que dan sustento a las personas de las comunidades que de manera directa e indirecta viven de ellas.

En especial, existen diversas denuncias de habitantes de las comunidades adyacentes a la laguna, de que de manera impune se está destruyendo áreas de manglar, por ejemplo a través del relleno de humedales para la apertura de caminos con el objetivo de impulsar desarrollos turísticos y residenciales.

No solamente existen problemas relacionados con diversas denuncias ambientales realizadas en su momento ante las autoridades ambientales tanto de la federación, como del estado de Guerrero, y el municipio de Petatlán, que hasta ahora siguen sin ser debidamente atendidas y resueltas.

La situación se agrava aún más para los habitantes de las comunidades de la laguna El Potosí, lo anterior, debido a que el pasado 12 de enero del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la concesión que otorga el Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, a favor de la empresa Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, por conducto del ciudadano Luis Alfonso Lugo Platt, en su carácter de director general para la Administración Portuaria Integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la Bahía del mismo nombre, ubicado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como de la Barra de Potosí localizada en el municipio de Petatlán, ambos, en el estado de Guerrero.

Con esta concesión, Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV está facultada entre otros aspectos para construir, operar y explotar terminales, marinas, obras e instalaciones portuarias, náuticas, pesqueras, turísticas, deportivas, recreativas y comerciales en las áreas concesionadas.

Es decir, los efectos económicos, sociales y ambientales de dicha concesión son enormes en el área de la laguna El Potosí.

Sin duda alguna los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas por la entrega de dicha concesión están siendo vulnerados. Existe un fundado temor de ser excluidos en los procesos de desarrollo que conllevaría esta concesión.

Toda esta problemática, de impunidad ambiental en aumento, más procesos de exclusión social está causando un creciente malestar social en el área de la laguna El Potosí. Por ello, es necesario que la Cámara de Diputados intervenga en el ámbito de sus facultades para que se la debida atención a esta problemática.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que un grupo de trabajo plural de ésta se traslade al área de la laguna El Potosí para reunirse con representantes de la sociedad y autoridades, y conocer en detalle la situación relacionada con el deterioro ambiental en la zona, así como las implicaciones de la entrega de la concesión otorgada a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración portuaria integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, situado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como de la Barra de Potosí, localizada en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero.

Segundo. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal y, en su caso, estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la laguna El Potosí con relación a la situación de deterioro ambiental, así como las implicaciones ambientales de la entrega de la concesión otorgada a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración portuaria integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, situado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como de la Barra de Potosí, localizada en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las acciones necesarias para frenar el deterioro ambiental en la laguna El Potosí y su entorno, en el estado de Guerrero, y para que remita a la Tercera Comisión de esta soberanía en un plazo que no exceda de quince días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre el tipo de acciones que implementará para la protección y conservación de dicha laguna.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guerrero y a los ayuntamientos de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo de Azueta, en el estado de, Guerrero, a coordinar acciones con el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para proteger y conservar el ecosistema de la laguna costera denominada El Potosí, en el estado de Guerrero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de julio de 2011.

Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)


(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio 27 de 2011.)


Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3316, lunes 1 de agosto de 2011

jueves, 21 de julio de 2011

Según Efrén Leyva, es “falsa” la versión de la reunión priísta con Figueroa y René Juárez

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El presidente estatal del PRI, Efrén Leyva Acevedo, dijo que la versión de que los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros pactaron con dirigentes nacionales de su partido realizar encuestas y perfilar candidaturas para el 2012 “es un intento de dividirnos, de sembrar insidia y discordia, pero no lo van a lograr”.

Leyva Acevedo afirmó en sus oficinas este miércoles que la versión publicada ayer en este periódico “es falsa, no existió”, y que basa su declaración en el hecho de que René Juárez está fuera del país y Rubén Figueroa está “atendiendo sus negocios en la capital”, pero no aportó mayores elementos para desmentir el encuentro.

Señaló que sí “hay interés en reunirnos, de todos los actores políticos del PRI, donde se va a convocar a los ex gobernadores que tienen opiniones respetadas, pero las decisiones de las candidaturas no las toman unos cuantos”.

También afirmó que cuando se tomen decisiones en el PRI respecto a las candidaturas las hará el presidente nacional de su partido, Humberto Moreira, “y no (el ex gobernador de Hidalgo) Miguel Ángel Osorio Chong, quién es él, con qué calidad pudiera decidir candidaturas”, cuestionó al principal operador político del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Leyva Acevedo sostuvo que la versión del encuentro provino de “un figueroísta frustrado que busca un interés personal, sé que no puedes revelarme el nombre de tu fuente, pero ya sé quién es y su único objetivo es el de dividir al PRI, de confrontarnos, de sembrar la insidia, pero no lo va a lograr”.

“Las decisiones en el PRI no las van a tomar unos cuantos, las tomaremos todos, y esta versión está alejada de la realidad y la verdad se verá reflejada en un futuro próximo, el PRI sigue unido y esta versión no va a debilitarnos”, añadió.
También descartó que se haya tomado una decisión sobre su salida del Comité Directivo Estatal (CDE), “es cierto que en septiembre concluye la renovación del Consejo y el proceso electoral inicia en octubre, cuando ya estaremos trabajando en nuestra ruta electoral y donde estaremos todos unidos y las decisiones las tomaremos de forma conjunta con el presidente del partido, Humberto Moreira”
Presumió tener una “buena relación” con el representante del figueroísmo, Héctor Vicario, y con el alcalde Manuel Añorve Baños, aunque ellos no fueron invitados a la reunión de la semana pasada, en la que participaron René Juárez y Rubén Figueroa.

El Sur, 21 de julio de 2011

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=105539

Figueroa y René encabezan cabildeo para definir a los candidatos del PRI en el 2012

Jesús Saavedra

Chilpancingo

La dirigencia nacional del PRI acordó con actores políticos de ese partido en Guerrero realizar una encuesta para ver el posicionamiento de aspirantes a candidaturas en los principales municipios de la entidad y para el Senado.
El acuerdo se adoptó en una reunión que sostuvieron en el Distrito Federal priístas encabezados por los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, sin Manuel Añorve Baños ni Héctor Astudillo Flores.

Este encuentro se celebró la semana pasada en el restaurante El Pedregal, que se ubica en Insurgentes Sur, en el Distrito Federal, y estuvo encabezado por el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue el delegado de la dirigencia nacional del PRI en la elección del estado de México y quien se dice será el coordinador de campaña o el principal operador político de Enrique Peña Nieto en el 2012.

También asistieron el dirigente de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón, y el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Fuentes del PRI confiaron que en ese encuentro se hizo un balance de la elección en Guerrero de enero de este año y se perfilaron algunos nombres de aspirantes a puestos de elección popular en el 2012.

Ahí se habría criticado severamente el desempeño del presidente estatal del PRI, Efrén Leyva Acevedo, quien “no es factor de unidad”, por lo que presuntamente se promoverá que una vez concluido el proceso de renovación del Consejo Político Estatal en septiembre, se le cambie y en su lugar envíen a un delegado de la dirigencia nacional, cargo para el cual Rubén Figueroa insistió en proponer al diputado federal Cuauhtémoc Salgado Romero.

En la reunión se pactó la aplicación de una encuesta sobre los prospectos a puestos de elección.

El alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, habría sido considerado como aspirante a una diputación federal, no a una senaduría, y la propuesta habría sido de Manlio Fabio Beltrones.

Como prospectos a una senaduría estarán en esta encuesta la diputada federal Claudia Ruiz Massieu, hija del extinto José Francisco Ruiz Massieu y sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien ya ha intercedido para solicitar ese espacio.

Además se medirá la popularidad del hijo del ex gobernador Rubén Figueroa, Rubén Figueroa Smutny, y la del mismo ex gobernador René Juárez.

En cuanto a los aspirantes para las alcaldías, se indicó que en esta reunión se acotó a los probables aspirantes, y en el municipio de Acapulco se van a medir las preferencias preelectorales de tres de ellos: el ex diputado federal César Flores Maldonado, propuesta de Rubén Figueroa y quien no avaló la incorporación en la encuesta del legislador federal Fermín Alvarado; el diputado federal Alejandro Carabias Icaza, propuesta del PVEM, aunque es del PRI, y el ex dirigente estatal del PRI y funcionario del gobierno de Manuel Añorve, Celestino Baylón Guerrero.

En el municipio de Zihuatanejo se medirá como aspirantes al dirigente municipal del PRI, Eric Fernández Ballesteros, y al ex candidato a la presidencia municipal, Raúl García Urióstegui, como propuesta de Manuel Añorve.

En Chilpancingo se prevé una encuesta para medir las preferencias del diputado local Marco Antonio Leyva Mena y del ex alcalde Reyes Betancourt Linares, quien en 2008 fue candidato de Nueva Alianza.

Para este caso se acordó insistir en un acuerdo político que permita el regreso formal del diputado federal Mario Moreno Arcos, cercano a Angel Aguirre Rivero, y que se le entregue la candidatura a la presidencia municipal.

En el caso de Iguala se prevé que en la encuesta vayan como aspirantes el secretario del ayuntamiento, Eduardo Román Jaimes, como propuesta del figueroísmo, y el dirigente de la sección 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román, como una probable cuota para Nueva Alianza, partido con el que el PRI pretende aliarse en el 2012.

En Chilapa las encuestas incluirán al diputado local Francisco Javier García González y a la ex alcaldesa Alicia Zamora Villalba, como una propuesta de René Juárez; mientras que en Tlapa al legislador local Javier Morales Prieto y a Román Reyes, primo hermano del actual alcalde Willy Omar Reyes Ramos.

Este será el primer ejercicio de consulta al electorado que prevé realizar al PRI, para empezar a medir las preferencias en los municipios y desplegar una estrategia electoral que permita la selección de candidatos a los mejores posicionados y evitar que haya “fracturas” al interior de ese partido.

El objetivo es evitar una división como la ocurrida en los comicios de gobernador, señalaron las fuentes priístas.

El Sur, 20 de julio de 2011

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=105474

domingo, 17 de julio de 2011

Redujo Zeferino el fondo para periodistas, dice enviado de Sedesol a reunión en Tierra Caliente

Gregorio Urieta

Ciudad Altamirano

Periodistas de diarios locales de Tierra Caliente eligieron ayer delegados al Congreso Estatal de Periodistas, a realizarse en fecha próxima para analizar la Ley del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) y proponer cambios a las reglas de operación de la misma.

El evento, realizado en esta ciudad, fue coordinado por Rubén García Medina, quien asistió en representación del secretario de Desarrollo Social, y por Andrés Arias Jurado, representante de las organizaciones del gremio periodístico ante el FAP.
El locutor René Rabiela condujo la reunión, que no pudo alcanzar mucha asistencia debido a que la convocatoria no fue emitida con la oportunidad, lo cual fue aceptado por el representante de Sedesol.

Medina García dijo que la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado no ordenó la publicación de la convocatoria en todos los medios de la región, como se le solicitó.

A la reunión asistieron 33 periodistas de diferentes medios locales, los que plantearon sus inquietudes y propuestas.

Al intervenir en la reunión, Rubén García Medina expuso que el gobierno anterior de Zeferino Torreblanca Galindo redujo el fondo destinado a apoyar al gremio de comunicadores, pero que en este gobierno se incrementará a 3 millones de pesos, los que estarán destinados a mejorar la preparación de los periodistas, como la organización de conferencias con especialistas y seguro de vida, “que en estos tiempos es tan indispensable”, así como para gastos médicos y funerarios, dijo.
Más adelante agregó que Guerrero es el único estado que tiene un FAP y el único que tiene contratado un seguro de vida para periodistas, en momentos en que “nadie le entra a asegurar a un periodista, cuya vida siempre está en riesgo”, dijo Rubén Medina.

El funcionario insistió en la necesidad de que los periodistas estén organizados, y en la conveniencia de que de esa forma accedan al FAP, aunque no descartó la posibilidad de ingresar de manera individual, puntualizando que organizadamente existen mayores posibilidades de ser beneficiarios de los recursos del FAP.
Informó que próximamente se llevará a cabo un foro estatal en el que se harán propuestas para renovar el fondo y darle una nueva orientación. “Que se le dé un nuevo rumbo”, manifestó.

Andrés Arias, por su parte, dijo que fue elegido por las diversas organizaciones de periodistas para ser representante ante el FAP en sustitución de Pedro Arzeta.
De parte de los periodistas locales se manifestó cierta inconformidad por la escasez de recursos que se destinan al FAP. Juan Cuevas, Israel Flores y María Reyes, del periódico Debate de los Calentanos, manifestaron su desacuerdo con los recursos que se destinan a los periodistas.

Por el periódico Despertar del Sur, Juan José Pineda propuso que de los recursos que se destinan al desarrollo social se fortalezca el FAP, pues “no es posible que los periodistas financien al FAP al cobrárseles mil pesos para poder ingresar, mientras que otros sectores laborales son financiados por el gobierno federal y del estado, a través de becas para el trabajo”. Planteó también que los recursos que se destinan a desarrollo social y que no son ejercidos, se destinen al FAP.

Al final se eligió a los periodistas que asistirán al foro estatal, que aún no tiene fecha ni lugar para su realización, mediante un acuerdo de que asistirá uno por cada medio local. De esta manera asistirán representantes de Telecable de Altamirano, XEXY radio, El Mensajero, El Debate de los Calentanos, El Despertar del Sur y Síntesis.

El Sur, 17 de julio de 2011

viernes, 15 de julio de 2011

Juicio de Revisión Constitucional Electoral

César Julián Bernal

El libro cuyo título ya mencionamos forma parte de de la colección: Cuadernos de Divulgación sobre la Cultura de la Legalidad, editado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y fue escrito por David Cienfuegos Salgado, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial; dicha obra se divide: I. La justiciabilidad de las cuestiones políticas de los estados de la República; II. El juicio de revisión constitucional electoral (JRC); III. Definición y naturaleza jurídica; IV. Competencia para resolver; V. Reglas de procedencia; Vi El interés Jurídico, legitimación y personería; VII. Tramitación y sustanciación; VIII. El desistimiento en el JRC; IX El JRC en la práctica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; X. Apunte final y anexos; este último incluye el voto particular que emite el magistrado Manuel González Oropeza, respecto de la sentencia dictada en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-651/2007 y SUP-JRC-652/2007 Acumulados; SUP-JRC-93/2007; SUP-JRC-650/2007 y SUP-JRC-060/2004.
Señala el autor que “la doctrina de la no justicialidad de las cuestiones políticas se mantendría hasta fines del siglo XX, cuando las circunstancias resultados de la vida nacional hicieron patente la necesidad de mecanismos procesales que resolvieran los conflictos derivados de los procesos electorales, tanto en el ámbito federal como en el local”, es decir, este medio de impugnación en materia electoral es relativamente nuevo (1996).

El Juicio de Revisión Constitucional o mejor conocido como JRC es el medio de impugnación con que cuentan los partidos políticos para garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales dictados durante la organización, calificación y resolución de impugnaciones de las elecciones de gobernador, jefe de gobierno del DF, diputados locales, diputados a la asamblea del Distrito Federal, autoridades municipales, titulares de los órganos político administrativos del DF.

El libro no sólo es doctrinal, sino contiene datos duros, por ejemplo que a lo largo de la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido de alrededor de 56 mil asuntos, 12 por ciento de ellos han sido JRC, según datos actualizados al 30 de marzo del año en curso.

De los JRC recibidos, la procedencia es diversa, sin embargo, los estados que han originado mayor número de juicios son los de Veracruz (586), México (546), Jalisco (450), Chiapas (300) y Guerrero (215), según datos actualizados al 30 de noviembre del 2010.

En fin, podríamos seguir comentando, pero mejor los invitamos a que lean esta obra editorial, la cual hoy 15 de julio será presentada en la Universidad Americana de Acapulco a las 18:30 horas, y la comentarán el doctor Manuel González Oropeza, la abogada Virginia López Valencia y el propio autor de la obra.

Periódico Pueblo Guerrero, 15 de julio de 2011

miércoles, 13 de julio de 2011

Apoyo de juristas a gente pobre

En la edición de LA JORNADA GUERRERO, del 13 de julio de 2011, se publicó la siguiente nota:
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Piden a juristas solidaridad con la gente pobre
Raymundo Ruiz Avilés
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Taxco, 12 de julio.
“El orden jurídico de un municipio como de una nación, es importante para fomentar la justicia social que se requiere en estos tiempos difíciles”, afirmó el presidente municipal Álvaro Burgos Barrera, al celebrar el Día del Abogado.
Durante un desayuno ofrecido para los profesionales del derecho, Burgos Barrera les solicitó que ayuden a las personas que menos tienen, y que por alguna circunstancia requieren del apoyo de los juristas.
Lamentó la situación actual del municipio, por lo que consideró que el orden jurídico local lleva a la construcción de la justicia social que está reclamando la población.
Aprovechó para exhortar a las barras de abogados a que brinden espacios “a nuevos egresados de derecho, como son los jóvenes, para que se involucren, porque hoy más que nunca, se necesita que se les abran los espacios a participar”.
Al mismo tiempo, llamó a los juristas a que apoyen a las personas que menos tienen y que más lo necesitan, para que se pueda desarrollar algún proyecto con el ayuntamiento y unir esfuerzos.
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Consulta en:

miércoles, 6 de julio de 2011

Piden propuestas para ganador de la presea Sentimientos de la Nación

Las recibirán en el Congreso local a más tardar el 5 de agosto

La Comisión Especial de diputados encargada de expedir la convocatoria y dictaminar las candidaturas que se presenten para el otorgamiento de la presea Sentimientos de la Nación, convoca a la ciudadanía a presentar sus propuestas de quienes juzguen dignos de recibir y portar dicho reconocimiento, que entrega cada año el Congreso del estado, en el marco de la conmemoración de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac.

En la convocatoria, la Comisión especifica que dicho galardón se otorga a mexicanos o extranjeros que se hayan distinguido por su cercanía a los principios políticos del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación como son la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y a los más altos valores de la humanidad.

Las propuestas se recibirán a más tardar el 5 de agosto, en la oficina del presidente de la Comisión Especial, diputado Faustino Soto Ramos, ubicadas en las instalaciones del Congreso local.

Las postulaciones deberán ser acompañadas de los datos biográficos del candidato o candidata propuesta, así como de una exposición detallada en la que se funden y motiven las razones por las cuales se le considere merecedor de tan alta condecoración, así como los datos donde pueda ser localizada la persona propuesta.

Periodico Pueblo Guerrero, 06 de julio de 2011

jueves, 30 de junio de 2011

“Tarjeta La Cumplidora” sin fondos

Jueves 30 de Junio de 2011 11:11 Abel Fierro/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., junio 29 de 2011 (NOTYMAS). Acreedoras de la tarjeta "La Cumplidora" otorgada por el actual gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, aseguraron que carecen de fondos, para ayudar a viudas, madres solteras y/o, abandonadas.

La mencionada tarjeta que presumiblemente contaría con un saldo de $500 pesos mensuales a partir del inicio del presente gobierno, no ha sido autorizada, ocasionando con ello que en algunas tiendas como Aurrera, el personal humille a quienes la portan.
Frente a múltiples testigos, al inicio de la presente semana, varias beneficiarias que pagaron en la caja con la tarjeta, fueron rechazadas.

Los empleados de la tienda de autoservicio, se mofaron de las portadoras de dicha tarjeta, indicándoles que “se dejaron engañar, ya saben que el gobierno no cumple”.

El Debate de los Calentanos, 30 de junio de 2011

miércoles, 29 de junio de 2011

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR ARMANDO RÍOS PITER

Miércoles, 29 de Junio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 17
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Del Dip. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a convocar a la inmediata reunión del Comité Interdisciplinario para la reparación administrativa del daño, en virtud de que en el anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se prevé una partida presupuestal de 30 millones de pesos para el fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a derechos humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado y a la fecha no se ha definido la forma en la que se indemnizará a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como es el caso de los desaparecidos de la guerra sucia de los años 70 y 74 en el municipio de Atoyac, Guerrero.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONVOCAR A LA INMEDIATA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO PARA LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN EL ANEXO 25.1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2011 SE PREVE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 30 MILLONES DE PESOS PARA EL FONDO DE REPARACIONES E INDEMNIZACIONES A CAUSA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DECRETADAS POR LA CIDH Y POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL PASADO Y A LA FECHA NO SE HA DEFINIDO LA FORMA EN LA QUE SE INDEMNIZARÁ A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL PASADO, COMO ES EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA SUCIA DE LOS AÑOS 70 Y 74 EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC EN EL ESTADO DE GUERRERO

El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Diputado de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los años setenta se dieron estallidos sociales y políticos que provocaron la formación de distintos grupos subversivos que fueron reprimidos por el Ejército mexicano. Estos conflictos afectaron a individuos no pertenecientes a dichos movimientos sociales principalmente a campesinos pobres.

En aquella época los grupos de oposición política y armada contra el Estado fueron reprimidos por las autoridades militares, que si bien está dentro de las atribuciones de un Estado, también ocurrieron actos que violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos, como por ejemplo, cateos ilegales, allanamientos de morada, torturas, privaciones a la libertad, desapariciones, entre otros. Esta época en donde se dieron todos estos abusos y actividades represivas, se conoce como la Guerra Sucia en México.

Por más de 30 años, los familiares de las víctimas han luchado por el reconocimiento de estos abusos de autoridad y el resarcimiento de los daños asumiendo plenamente que sus familiares no serán devueltos, ni sus cadáveres serán recuperados, ya que además de las pérdidas humanas, estos hogares sufrieron daños económicos irreversibles toda vez que las víctimas fueron, prácticamente en su totalidad, los hombres que mantenían el hogar y trabajaban las tierras.

Un importante avance se dio en 2001 cuando el entonces presidente Vicente Fox reconoció los delitos cometidos en el pasado por las autoridades militares y publicó en el Diario Oficial del 27 de noviembre de ese mismo año el acuerdo que dispuso diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado que involucra principalmente a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. En dicho acuerdo se crea la fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado así como el Comité interdisciplinario para estudiar, analizar y presentar propuestas para determinar la forma, procedimientos y términos para brindar la reparación administrativa a las víctimas y ofendidos cuando fuera procedente.

Si bien quedaron decretados aspectos relevantes, el acuerdo contribuyó a un mejor conocimiento de los hechos ocurridos durante la Guerra Sucia y también permitió contabilizar quiénes y cuantas fueron las víctimas.

2.- La Recomendación de la CNDH 26 / 2001

Por otro lado, está la Recomendación 26 / 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la cual fue motivada por las denuncias y documentos aportados por los familiares quejosos, de manera directa o a través de alguna organización no gubernamental.

Las conclusiones de la Recomendación 26/2001 acerca del padrón de personas desaparecidas señala que: “Por lo que respecta al número de personas que fueron objeto de desaparición forzada en la denominada década de los 70 y principios de los 80, esta Comisión Nacional obtuvo testimonios y pudo allegarse diversas evidencias que permiten acreditar que 275 personas fueron víctimas de los elementos de las denominadas “Brigada Especial o Brigada Blanca”, las cuales estuvieron conformadas por servidores públicos de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad y apoyados por servidores públicos de otras dependencias, tanto federales como estatales, que en lo específico se acreditó en cada uno de los expedientes detallados en el apartado V de la presente Recomendación.”

En respuesta a la Recomendación de la CNDH se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del que se ha hecho mención anteriormente. Sin embargo, estas iniciativas se quedaron en documentos bien intencionados pero poco contundentes, al no haberse otorgado presupuesto para indemnizar a las víctimas.

Fue hasta el ejercicio fiscal 2011 cuando esta LXI Legislatura con el impulso del que suscribe el presente punto de acuerdo, que se logró asignar de manera clara y específica la cantidad de 30 millones de pesos en el Anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación en el denominado: “Fondo de Reparaciones e Indemnizaciones a causa de violaciones a derechos humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado”.

Este fondo presupuestal es la respuesta que los familiares de los desaparecidos estaban esperando desde hace más de tres décadas y ahora que se tiene el recurso no se ha ejercido.

Sin embargo, ha transcurrido la primera mitad del año en materia de ejercicio presupuestal sin que la Secretaría de Gobernación haya convocado al Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño en el cual se debe autorizar el ejercicio de los recursos etiquetados en el anexo 25.1.

El día 27 de junio de 2011 fue publicado en la página 6 del periódico EL SUR de Guerrero un artículo en el que las víctimas de la Guerra Sucia piden que la federación cumpla con la reparación de daños. En el artículo se describe la historia de Virginia Fuentes Almazán con 90 años, quien cuida de su hijo de 58 años permanentemente afectado física y sicológicamente por las secuelas de la tortura que sufrió a manos del ejército, cuando a sus 18 años fue detenido en San Francisco de Tibor por presuntos vínculos con Lucio Cabañas. La realidad de esta familia y de cientos más en Atoyac Guerrero es la injusticia y la extrema pobreza.

De manera que es inconcebible el letargo de la Secretaría de Gobernación para proceder a la reparación de daños toda vez que hay 30 millones de pesos asignados por esta Cámara, que permiten iniciar con un proceso en el que las víctimas de la Guerra Sucia y/o sus familias vean que el Estado reconoce plenamente sus derechos humanos a partir de la efectiva reparación de los daños ocasionados.

Todas estas familias afectadas en el municipio de Atoyac, Guerrero hoy exigen una definición concreta de cuánto y cuándo recibirán la reparación administrativa del daño, eco que hacemos llegar al gobierno federal para que se den las medidas administrativas necesarias y suficientes para que dichos recursos sean ejercidos a la brevedad posible.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a convocar a la inmediata reunión del Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño, en virtud de que en el Anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 está dispuesta una partida presupuestal de 30 millones de pesos para el “Fondo de Reparaciones e Indemnizaciones a causa de violaciones a Derechos Humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado” y que en esa instancia se definan y autoricen los montos de reparación de daño y se ejerzan en su totalidad los recursos asignados por la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los integrantes del Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño a que prioricen a las 50 familias del municipio de Atoyac, Guerrero por ser las que han estado en constante búsqueda de justicia ante las autoridades, las cuales piden que se les defina la fecha y el monto en que se realizarán los pagos para el mencionado propósito.

TERCERO.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación entregue a la H. Cámara de Diputados, la estimación de los fondos de reparación de daños necesarios para ejercicios fiscales subsecuentes, toda vez que los 30 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2011, no serán suficientes para cubrir la totalidad de casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Suscribe,

DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER

Dado en la Comisión Permanente a los 27 días del mes de junio de 2011

Exhorto a la Secretaría de Marina, y al Cuerpo destacamentazo en el Municipio de Coyuca de Catalán, Gro., a que respeten los derechos humanos

Miércoles, 29 de Junio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 17
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Dictámenes a Discusión

De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se exhorta a la Secretaría de Marina en el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, a que respete los derechos humanos y garantías individuales de sus habitantes.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO., A QUE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES DE SUS HABITANTES.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Marina, y al Cuerpo destacamentazo en el Municipio de Coyuca de Catalán, Gro., a que respeten los derechos humanos y garantías individuales de sus habitantes, presentada por el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 22 de junio de 2011.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

El proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

CONSIDERACIONES

I. El proponente señala que desde el pasado 9 de junio elementos de la Secretaría de Marina destacamentados en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, llegaron a utilizar sin autorización y de forma arbitraria las instalaciones de la Unidad Deportiva de este municipio.

Los elementos de la Marina, se especula, llegaron a realizar trabajos de investigación; sin embargo en la exposición puede leerse que se han dedicado a allanar domicilios concretamente en comunidades del municipio de Coyuca de Catalán.

Habitantes y familiares del actual presidente municipal, Elí Camacho Goicochea, han sido víctimas de aprehensiones ilegales, sin orden alguna de cateo los elementos de la Marina han entrado en los domicilios particulares, realizando destrozos, llevándose vehículos a pesar de que se acredita su propiedad a través de facturas, así han saqueado, tomando dinero en efectivo, alhajas, y amenazado a las familias.

Hoy los afectados tienen pensado presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos en Guerrero y posteriormente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe hacer mención que Ennio Camacho Goicochea, hermano del alcalde y su sobrino Nereo Gómez Camacho, sí presentaron querella formal por privación ilegal de la libertad y los abusos cometidos en su contra.

Han señalado claramente que los responsables de las detenciones

Aunado a lo anterior, la Marina también llegó a desarmar a la policía municipal, que consta de 50 elementos, al igual que a la de Ciudad Altamirano y ha amenazado con desarmar a las policías de los demás municipios, de igual forma inmovilizó las patrullas; a los policías, la Marina les impuso que tenían que ir a firmar tres veces al día, a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, y actualmente deben asistir a las instalaciones de ejército donde son obligados a realizar ejercicio en un clara señal de intimidación.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis coincidiendo plenamente en que, en un Estado de Derecho es obligación ineludible de la autoridad el respeto a los derechos humanos y que ninguna situación, por grave que sea, faculta a ningún cuerpo de seguridad para transgredir la letra de la ley o violar los derechos humanos.

Siendo la Armada de México, parte integrante de la Fuerza Armada permanente que sirve a nuestro país para garantizar la vigencia del orden constitucional resulta, en consecuencia, su obligación apegar su actuación al marco legal vigente, especialmente a la “Directiva 003/2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre del 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho”.

Muchas de las circunstancias que se denuncian en la proposición en dictamen son constitutivas no sólo de violaciones graves a los derechos humanos, sino de delitos que, cometidos por agentes del Estado, ofenden a la sociedad en su más íntima fibra. Los actos delictivos que, presuntamente, han sido cometidos por los efectivos de la Armada de México van desde la privación ilegal de la libertad y cateos ilegales hasta detenciones arbitrarias; actos que, ineludiblemente, deben ser conocidos por las instancias competentes para garantizar el pleno ejercicio del derecho al acceso a la justicia, constitucionalmente consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

Los integrantes de esta Comisión hemos coincidido en la necesidad de modificar el punto de acuerdo propuesto por el Diputado Ríos Piter, para coadyuvar, en el ámbito de respeto de la división entre Poderes, en la impartición de justicia y el resguardo de la integridad y buen nombre de instituciones tan respetables como la Marina Armada de México.

Hoy más que nunca, después de la promulgación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, resulta imprescindible que todos los órganos del Estado, especialmente aquellos que tienen como objetivo la protección de la ciudadanía a través del uso legítimo de la fuerza, se comprometan de manera decidida para mantener y sostener la vigencia del Estado de Derecho en México.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Marina, para que todos los operativos que se realicen en territorio nacional se realicen, ineludiblemente, con el mayor respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de su competencia, investigue las posibles violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por los elementos de la Secretaría de Marina que operan en la región de Tierra Caliente, en particular en el municipio de Coyuca de Catalán, estado de Guerrero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de junio de 2011.

POR LA PRIMERA COMISIÓN

Sen. José Guadarrama Márquez
Presidente

Dip. Alfonso Navarrete Prida
Secretario
Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas
Secretario

Dip. Rosendo Marín Díaz
Secretario
Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez
Dip. César Augusto Santiago Ramírez

Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez
Dip. Francisco Saracho Navarro

Sen. Alejandro Zapata Perogordo
Sen. Blanca Judith Díaz Delgado

Sen. Minerva Hernández Ramos
Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña

Sen. Arturo Escobar y Vega
Sen. Dante Delgado

miércoles, 22 de junio de 2011

Exhorta a las autoridades federales a atraer la investigación de la desaparición del jefe de redacción Marco Antonio López Ortiz, del Novedades

Miércoles, 22 de Junio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 15
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales a atraer la investigación de la desaparición del jefe de redacción Marco Antonio López Ortiz, del periódico Novedades de Acapulco, Guerrero.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.
Documento en Tramite

El suscrito JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 en su fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 en su fracción II, y los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES ATRAER LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL JEFE DE REDACCIÓN MARCO ANTONIO LÓPEZ ORTIZ DEL PERIODICO NOVEDADES DE ACAPULCO, GUERRERO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de junio de 2011 en el puerto de Acapulco, el reportero Marco Antonio López Jefe de Redacción del diario Novedades de Acapulco fue interceptado por desconocidos cuando salió de la casa de un conocido en el centro histórico de Acapulco. La ausencia de López en su trabajo al día siguiente alarmó a sus compañeros, quienes localizaron su vehículo cerca de la casa que había visitado la noche anterior. Este hecho es la primera agresión contra el gremio periodístico registrada durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, que lleva poco más de dos meses, sin embargo, desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo fueron asesinados ocho comunicadores y hasta la fecha, ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido. Lamentablemente Guerrero es el estado en el que más periodistas han desaparecido o han sido asesinados en México en los últimos 14 años.

El creciente clima de violencia contra los trabajadores y medios de comunicación, ubica a México a México como uno de los países sin libertad de expresión, esto de acuerdo al Informe FREEDOM HOUSE, organización internacional que coloca a nuestro país al nivel de Irak, Pakistán, Afganistán y Siria, dicho informe menciona que tan solo en la administración de Felipe Calderón 30 compañeros de los medios de comunicación han sido asesinados. Los datos de esta organización hablan de 71 periodistas asesinados en los últimos seis años, incluyendo el caso de Miguel Ángel Velasco, originario del Estado de Veracruz asesinado el pasado 20 de junio en su domicilio.

De acuerdo al relator Frank La Rue de la ONU para la libertad de opinión y expresión catalogó a México como el país de América más peligroso para los periodistas, en un informe presentado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en dicho informe menciona:

"La libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas…con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas" … [periodistas que] "cubrían noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública" y la "ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de esos crímenes",

Informe redactado del 9 al 24 de agosto de 2010.

El caso particular del periodista Antonio López golpea nuevamente a la comunidad de los medios de comunicación del estado, al punto de que Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa le ha insistido a México que investigue la desaparición del periodista, a fin de que las autoridades realicen acciones urgentes para dar con el paradero del compañero Marco Antonio López. Indico que algunos reporteros de Acapulco le manifestaron que en los últimos tres años la situación se ha agravado en la región, y que para garantizar la seguridad de sus periodistas muchos medios del área han optado por sacar de sus portadas los temas de violencia, o los publican de manera más breve.

El 10 de junio de 2011 un contingente de periodistas marchó por la avenida costera “Miguel Alemán” en el puerto de Acapulco, para demandar la presentación de su compañero reportero Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero se desconoce desde el día 7 de este mes, irónicamente el mismo día que se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión.

De parte de la comunidad de los medios de comunicación y del promovente de este punto de acuerdo cualquier ataque a los medios de comunicación, a la comunidad de trabajadores de los medios de comunicación, es un atentado contra la democracia misma; cada muerte, secuestro o desaparición de reporteros dedicados a informar, sin que exista pronta y expedita respuesta de las autoridades pone en manifiesto la crisis de las instituciones encargadas de velar por la protección de nuestro derecho de expresar nuestras ideas y nuestras demandas, cada reportero que sucumbe ante el miedo de quienes en uso de la fuerza se creen dueños del destino de la voluntad de hombres y mujeres libres, es golpe al Estado y al régimen democrático en construcción. Y para quienes representamos esa voluntad popular, de quienes han elegido a la democracia como un medio de organización social, tenemos la responsabilidad de exigir a las instituciones existentes preservar los derechos y las garantías de los ciudadanos en materia de libertad de expresión.

A partir de estos antecedentes, a nombre de la comunidad de periodistas y de los medios de comunicación del estado de Guerrero y en mi calidad de representante popular ante la Honorable Comisión Permanente propuesta de punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión la atracción y aceleración de las investigaciones que permitan esclarecer la desaparición del compañero Antonio López Ortiz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando su urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión la atracción del caso del Jefe de Redacción Marco Antonio López Ortiz del Periódico Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, desaparecido el 7 de junio de 2011.

Suscribe

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable congreso de la Unión al 22 de junio de 2011.

miércoles, 15 de junio de 2011

Reformas a la Ley de Salud, relativo a la donación de órganos...

Miércoles, 15 de Junio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 13
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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Del Dip. Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en su título Décimo Cuarto, referente a la donación.

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN SU TÍTULO DÉCIMO CUARTO, REFERENTE A LA DONACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 314 fracción VI y VII anteriormente derogada, 320, 321 y adiciona dos párrafos, 322 y deroga párrafos dos y tres, por lo que el párrafo cuarto pasa a ser el párrafo segundo, 324, se deroga el articulo 325 y se reforma el articulo 329 segundo párrafo, 3344 fracción II, 336 y 350 Bis 3 se adiciona un tercer párrafo, todos de la Ley General de Salud, en su Título Décimo Cuarto, Capitulo II, referente a la donación, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Antecedentes
La ley protege a todos los individuos respecto de un bien jurídico, en la medida que éste bien en cuestión, sea de mayor jerarquía que el segundo que se está viendo afectado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º establece para todos los mexicanos el derecho a la salud, el cual se refiere a los servicios básicos de salubridad y a proteger de manera necesaria nuestra salud, así como el de garantizar los servicios de acceso a ésta.
La donación de órganos, es un tema que por su importancia, debe ser tomado en cuenta como factor esencial para la supervivencia de los individuos y es por ello que se requiere dar mayor énfasis para lograr satisfacer las necesidades cotidianas.
Como ejemplo de lo anterior, basta revisar los datos que emana el CENATRA, los cuales establecen registrados a más de 12 mil pacientes que esperan por un órgano para que les sea trasplantado, además de no contar a los que por distintas razones no se registran en esa lista. Son números alarmantes toda vez que esta cifra va incrementándose día con día.
La presente propuesta surge de la necesidad que tenemos los seres humanos por preservar la vida y aplicar los métodos científicos para lograrlo. Los resultados de las operaciones que involucran a las donaciones y trasplantes son exitosos, pero no así su incorporación al derecho mexicano, ya que, actualmente los diversos ordenamientos que rigen lo referente a la donación de órganos después de muerte, atienden a la necesidad de contar con el consentimiento de alguno de sus familiares. más cercanos en orden de jerarquía, con lo que establece un conflicto por lo que en vida pudo disponer el donante, ya que muchas veces el consentimiento es negado por parte de los familiares.
La postura que adopta la Ley General de Salud en cuanto a cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos establece en su numeral 350 bis 3 lo siguiente: “Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social…” Sin demeritar el sentido de este artículo, que los fines educativos para los cuales se motiva el precepto anterior, son desde luego sumamente importantes, entonces ¿por qué no regular la disposición e cadáveres para salvar vidas?
La ley también prevé que, en ningún momento alguien puede otorgar su consentimiento por otro, sólo refiriéndose a personas vivas. Entonces, ¿por qué los familiares de un fallecido pueden otorgar su consentimiento por éste? En el sentido más riguroso, la persona que pierde la vida deja de tener derechos y obligaciones, en todo caso, debería ser el Estado quien decidiera por el cadáver.
En este orden de ideas, la lay atiende a la ética y a la moral, pero nunca profundiza en el valor primordial de preservar otras vidas y, si bien es cierto que establece el consentimiento tácito, que es cuando el donador no manifestó su negativa para que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, éste siempre es vulnerado por los familiares, de quienes siempre prevalece su voluntad.
Si se lograra en la Ley General de Salud anteponer el valor de la vida a los principios de ética, moral o a la búsqueda del altruismo en las personas, el Estado lograría incrementar el porcentaje de personas beneficiadas por la donación y entre otras cosas, terminaría con el lucro y el comercio de órganos que existe en nuestro País, lo que representa un peligro latente, porque existen personas que son capaces de romper con cualquier ley o mandato a fin de conseguir lo que son capaces de romper con cualquier ley o mandato a fin de conseguir lo que esperan, siendo este el caso de la obtención de órganos.
Si el principal objetivo del Gobierno siempre ha sido el de salvaguardar los intereses de los gobernados, ¿por qué no atender la problemática con estrategias cuyos resultados sostengan la razón? Todo movimiento que conlleve a un resultado provechoso para los seres humanos, siempre será justificado y más aún, cuando dicho movimiento sea el que procure la vida de las personas.
La reforma que se plantea, no será vista como una obligación que tienen los mexicanos para con los demás, ya que al mismo tiempo, se da la libertad de que cualquier persona que no desee donar sus órganos después de muerto, lo manifieste mediante las vías establecidas en la respectiva lay; además, la mayoría de las personas tienen el concepto de donación como el de un acto generoso que da esperanza de vida a otras y si de alguna manera existe la falta de donadores, es porque las personas que mueren, desconocían los trámites a seguir para serlo o simplemente se dejó de hacer dicho trámite por la falta de tiempo o de disposición para realizarlo.
Éste acto no sería un atentado a nuestros derechos, ya que de ningún modo nos afectaría el hecho de ser donadores después de nuestra muerte y cabe destacar, que el posible debate que pueda existir para establecer si se atenta o no contra la libertad, concluye en que disponer de los órganos de alguien que ya falleció, no viola su libertad personal por haberse extinguido sus derechos y obligaciones, atendiendo a que en ese momento ya no se es persona.
Muchos países de primer mundo, como España y Holanda, entre otros, han adoptado este tipo de régimen argumentando todos que la razón principal es la de salvar vidas. Cabe destacar que sus reformas fueron apoyadas oportunamente con campañas de donación y modificaciones a los planes de estudio.
Toda persona debe asimilar los beneficios que en determinada ocasión podríamos recibir, por muy remota que e4sta se vea. Porque es en situaciones como esas, en las que se comprende que antes de cualquier complejo de carácter sentimental, está primero la vida. Así, al entender lo necesario de esta reforma, debemos apoyar y difundir la razón que debe prevalecer, esto traerá mayores beneficios que protegen los bienes de mayor jerarquía y dejará de lado los prejuicios que hasta ahora han surgido.
Si el fin que tuvo el incremento de impuestos fue el se asegurar en un futuro el bienestar social para el país y, que a pesar de que existen diversas posturas que se manifiestan a favor o en contra hacia estas decisiones, no trascienden porque a final de cuentas el Estado las impone y se aplican de manera obligatoria. Entonces, ¿por qué no atender de la misma manera la problemática que trae consigo la falta de donadores? Y terminar así con las necesidades de las personas que suplican por una esperanza de vida. Es de todos sabido, que la presente reforma, es más importante que cualquier impuesto que pueda surgir, por lo tanto, debemos implementarla con mayor fuerza.
La idea principal de esta propuesta, es instaurar una base sólida que de paso a la seguridad de las personas en materia de salud y que sea un elemento más del cual disponga el Gobierno para garantizarla. De lo que se desprende claramente la necesidad de reformar la normatividad que rige la materia para cumplir con eficacia lo señalado en el artículo cuarto de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones involucradas en el proemio, presento la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en su Titulo Décimo Cuarto, Capitulo II, referente a la donación.-
Único.- Se reforman los artículos 314 fracción VI y VII anteriormente derogada, 320, 321 y adiciona dos párrafos, 322 y deroga párrafos dos y tres, por lo que el párrafo cuarto pasa a ser el párrafo segundo, 324, se deroga el artículo 325 y se reforma el artículo 329 segundo párrafo, 334 fr4acción II, 336 y 350 Bis 3 se adiciona un tercer párrafo, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 314.-…
I.-…
II.-…
III.-…
IV.-…
y células progenitoras hematopoyéticas se estará lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaria de Salud.
Artículo 323.- Se requerirá el consentimiento expreso:
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas.
Artículo 324.- El presunto donador sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida de éste.
En el caso de presunto donador, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplante.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha donación.
Artículo 325.- derogado…
Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:
I. El expreso otorgado por menores de edad, incapaces o personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. …
Artículo 327.- Está prohibido el comercio de…
Artículo 328.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante…
Artículo 329.- El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste la negativa de donación de todas aquellas personas cuya voluntad sea la de no donar sus órganos después de su muerte.
…
Artículo 334.-…
I.-…
II.- No existir negativa de donación expresa del disponente.
III.-…
…
V.-…
VI.- Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos o células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VII.- Se deroga.
VII.- Presunto donador, a los mayores de edad que se les compruebe la pérdida de la vida, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
VIII.-…
…
XVII.-…
Artículo 320.- Toda persona en vida es disponente de su cuerpo y podrá donar total o parcialmente sus órganos, tejidos y células, para los fines y con los requisitos previstos por este Título.
Artículo 321.- La donación en vida en materia de órganos, tejidos y células, consiste en el consentimiento expreso de la persona, para que los componentes de su cuerpo sean utilizados para trasplantes.
El consentimiento expreso constará por escrito y podrá señalarse que éste se hace a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
El consentimiento expreso, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocado por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
Artículo 322.- Son considerados presuntos donadores, los mexicanos mayores de edad que se les haya comprobado la pérdida de la vida, siempre y cuando no hayan expresado la negativa a que su cuerpo y componentes sean utilizados para trasplantes.
La negativa de donación constará por escrito público o privado y deberá estar firmado por éste, o bien podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades.
La negativa de donación podrá ser limitada cuando se refiera a la disposición de determinados componentes y en este caso, se podrá hacer a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
En todos los casos de los artículos 321 y 322 de esta ley, se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos.
Artículo 336.- Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta lo manifestado por el fallecido, la gravedad de receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 07 días del mes de junio de 2011.

Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)