PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR ARMANDO RÍOS PITER

Miércoles, 29 de Junio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 17
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Del Dip. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a convocar a la inmediata reunión del Comité Interdisciplinario para la reparación administrativa del daño, en virtud de que en el anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se prevé una partida presupuestal de 30 millones de pesos para el fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a derechos humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado y a la fecha no se ha definido la forma en la que se indemnizará a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como es el caso de los desaparecidos de la guerra sucia de los años 70 y 74 en el municipio de Atoyac, Guerrero.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONVOCAR A LA INMEDIATA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO PARA LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN EL ANEXO 25.1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2011 SE PREVE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 30 MILLONES DE PESOS PARA EL FONDO DE REPARACIONES E INDEMNIZACIONES A CAUSA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DECRETADAS POR LA CIDH Y POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL PASADO Y A LA FECHA NO SE HA DEFINIDO LA FORMA EN LA QUE SE INDEMNIZARÁ A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL PASADO, COMO ES EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA SUCIA DE LOS AÑOS 70 Y 74 EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC EN EL ESTADO DE GUERRERO

El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Diputado de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los años setenta se dieron estallidos sociales y políticos que provocaron la formación de distintos grupos subversivos que fueron reprimidos por el Ejército mexicano. Estos conflictos afectaron a individuos no pertenecientes a dichos movimientos sociales principalmente a campesinos pobres.

En aquella época los grupos de oposición política y armada contra el Estado fueron reprimidos por las autoridades militares, que si bien está dentro de las atribuciones de un Estado, también ocurrieron actos que violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos, como por ejemplo, cateos ilegales, allanamientos de morada, torturas, privaciones a la libertad, desapariciones, entre otros. Esta época en donde se dieron todos estos abusos y actividades represivas, se conoce como la Guerra Sucia en México.

Por más de 30 años, los familiares de las víctimas han luchado por el reconocimiento de estos abusos de autoridad y el resarcimiento de los daños asumiendo plenamente que sus familiares no serán devueltos, ni sus cadáveres serán recuperados, ya que además de las pérdidas humanas, estos hogares sufrieron daños económicos irreversibles toda vez que las víctimas fueron, prácticamente en su totalidad, los hombres que mantenían el hogar y trabajaban las tierras.

Un importante avance se dio en 2001 cuando el entonces presidente Vicente Fox reconoció los delitos cometidos en el pasado por las autoridades militares y publicó en el Diario Oficial del 27 de noviembre de ese mismo año el acuerdo que dispuso diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado que involucra principalmente a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. En dicho acuerdo se crea la fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado así como el Comité interdisciplinario para estudiar, analizar y presentar propuestas para determinar la forma, procedimientos y términos para brindar la reparación administrativa a las víctimas y ofendidos cuando fuera procedente.

Si bien quedaron decretados aspectos relevantes, el acuerdo contribuyó a un mejor conocimiento de los hechos ocurridos durante la Guerra Sucia y también permitió contabilizar quiénes y cuantas fueron las víctimas.

2.- La Recomendación de la CNDH 26 / 2001

Por otro lado, está la Recomendación 26 / 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la cual fue motivada por las denuncias y documentos aportados por los familiares quejosos, de manera directa o a través de alguna organización no gubernamental.

Las conclusiones de la Recomendación 26/2001 acerca del padrón de personas desaparecidas señala que: “Por lo que respecta al número de personas que fueron objeto de desaparición forzada en la denominada década de los 70 y principios de los 80, esta Comisión Nacional obtuvo testimonios y pudo allegarse diversas evidencias que permiten acreditar que 275 personas fueron víctimas de los elementos de las denominadas “Brigada Especial o Brigada Blanca”, las cuales estuvieron conformadas por servidores públicos de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad y apoyados por servidores públicos de otras dependencias, tanto federales como estatales, que en lo específico se acreditó en cada uno de los expedientes detallados en el apartado V de la presente Recomendación.”

En respuesta a la Recomendación de la CNDH se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del que se ha hecho mención anteriormente. Sin embargo, estas iniciativas se quedaron en documentos bien intencionados pero poco contundentes, al no haberse otorgado presupuesto para indemnizar a las víctimas.

Fue hasta el ejercicio fiscal 2011 cuando esta LXI Legislatura con el impulso del que suscribe el presente punto de acuerdo, que se logró asignar de manera clara y específica la cantidad de 30 millones de pesos en el Anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación en el denominado: “Fondo de Reparaciones e Indemnizaciones a causa de violaciones a derechos humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado”.

Este fondo presupuestal es la respuesta que los familiares de los desaparecidos estaban esperando desde hace más de tres décadas y ahora que se tiene el recurso no se ha ejercido.

Sin embargo, ha transcurrido la primera mitad del año en materia de ejercicio presupuestal sin que la Secretaría de Gobernación haya convocado al Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño en el cual se debe autorizar el ejercicio de los recursos etiquetados en el anexo 25.1.

El día 27 de junio de 2011 fue publicado en la página 6 del periódico EL SUR de Guerrero un artículo en el que las víctimas de la Guerra Sucia piden que la federación cumpla con la reparación de daños. En el artículo se describe la historia de Virginia Fuentes Almazán con 90 años, quien cuida de su hijo de 58 años permanentemente afectado física y sicológicamente por las secuelas de la tortura que sufrió a manos del ejército, cuando a sus 18 años fue detenido en San Francisco de Tibor por presuntos vínculos con Lucio Cabañas. La realidad de esta familia y de cientos más en Atoyac Guerrero es la injusticia y la extrema pobreza.

De manera que es inconcebible el letargo de la Secretaría de Gobernación para proceder a la reparación de daños toda vez que hay 30 millones de pesos asignados por esta Cámara, que permiten iniciar con un proceso en el que las víctimas de la Guerra Sucia y/o sus familias vean que el Estado reconoce plenamente sus derechos humanos a partir de la efectiva reparación de los daños ocasionados.

Todas estas familias afectadas en el municipio de Atoyac, Guerrero hoy exigen una definición concreta de cuánto y cuándo recibirán la reparación administrativa del daño, eco que hacemos llegar al gobierno federal para que se den las medidas administrativas necesarias y suficientes para que dichos recursos sean ejercidos a la brevedad posible.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a convocar a la inmediata reunión del Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño, en virtud de que en el Anexo 25.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 está dispuesta una partida presupuestal de 30 millones de pesos para el “Fondo de Reparaciones e Indemnizaciones a causa de violaciones a Derechos Humanos decretadas por la CIDH y por violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado” y que en esa instancia se definan y autoricen los montos de reparación de daño y se ejerzan en su totalidad los recursos asignados por la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los integrantes del Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa del Daño a que prioricen a las 50 familias del municipio de Atoyac, Guerrero por ser las que han estado en constante búsqueda de justicia ante las autoridades, las cuales piden que se les defina la fecha y el monto en que se realizarán los pagos para el mencionado propósito.

TERCERO.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación entregue a la H. Cámara de Diputados, la estimación de los fondos de reparación de daños necesarios para ejercicios fiscales subsecuentes, toda vez que los 30 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2011, no serán suficientes para cubrir la totalidad de casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Suscribe,

DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER

Dado en la Comisión Permanente a los 27 días del mes de junio de 2011