Operativo en Guerrero

Guerrero: narcos, caciques y guerrilleros

Jorge Fernández Menéndez
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El operativo que se anunció ayer para tratar de recuperar la seguridad en Guerrero será uno de los más difíciles y complejos que se han instrumentado hasta ahora. Es verdad que uno de los principales objetivos de ese operativo es recuperar plazas turísticas como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, duramente afectadas, sobre todo la primera, por la violencia y además la impunidad con que actúan los grupos criminales. No será sencillo, pero ese está lejos de ser el principal problema en el estado.
El caso del diputado Moisés Villanueva de la Luz es paradigmático de la situación que priva en Guerrero. El diputado y su chofer fueron secuestrados el 4 de septiembre cuando salían de una fiesta, el cumpleaños de otro diputado, en la región de La Montaña. Sus cuerpos aparecieron días después, abandonados en un camino vecinal. Se dijo que los había asesinado el narcotráfico; otros comentaron que grupos guerrilleros; se acusó a su antecesor en el Congreso, que había dejado el PRI para ir al gabinete estatal de Ángel Heladio Aguirre. Ahora se detuvo a dos sicarios, uno de ellos policía del estado, que por 300 mil pesos que les pagó un presidente estatal en funciones (al momento de escribir estas líneas aún no había sido detenido), para que mataran al diputado. Fue una simple venganza política. Pero se pudo realizar porque en Guerrero la muerte tiene permiso: se mata, se secuestra, se desaparece, pero lo grave es que no se sabe quién mata, quién secuestra, quién desaparece.
Allí operan, desde hace demasiados años y con demasiada impunidad, grupos del narcotráfico cada día más desarticulados, pero también más violentos. Actualmente se estima que son alrededor de 17 grupos, con distintos tipos de enfrentamientos y alianzas entre sí, los que conviven, es un decir, allá. Un funcionario colombiano me decía días atrás que en su país se habían deshecho de los tres o cuatro grandes cárteles de la droga que tenían, el problema es que ahora hay, decía, decenas de Pymes del narcotráfico y algo de eso está pasando en Guerrero.
Pero esos grupos son parte también de viejos y nuevos cacicazgos, algunos que habían participado ya en el pasado en ese negocio o en muchos otros, personajes que se diputan por la vía de la violencia el poder político local. Un caso de muchos otros, incluso de algunos más conocidos, fue el de Rogaciano Alba, el cacique de Petatlán. Hizo lo que quiso en la Costa Grande. Fue presidente municipal y líder del PRI. Controló el tráfico de drogas y muchos otros negocios y mantuvo a pueblos enteros bajo sus órdenes. Pero en 2008 rompieron sus dos amigos: el Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva. Rogaciano apostó por El Chapo y, los Beltrán, aliados con Los Zetas, lo quisieron matar tres veces: la primera le dispararon 50 balazos a su camioneta y salió ileso. La segunda, acribillaron a siete de sus hombres en Iguala, y él se salvó de milagro. Y, la tercera, el 3 de mayo de 2008, mataron a diez personas afuera de su casa en Petatlán —incluidos dos de sus hijos—, y él no estaba. Siguió una larga estela de muertes hasta su captura hace menos de dos años.
Y entre todos ellos, caciques y narcos de toda especie, están los grupos armados, también de viejo y nuevo cuño, que no se sabe con claridad para quién terminan trabajando.
A veces no lo saben ni ellos mismos, pero sirven para justificar, aunque no los hubieran cometido, muchos asesinatos, como se intentó hacer con el del diputado Armando Chavarría, cuya muerte, como casi todas, sigue impune.
La Policía Federal, que encabezará el operativo en Guerrero, se tendrá que enfrentar a todo eso y también a un gobierno que hasta ahora ha sido prescindente en estos temas, que no se ha involucrado y cree que lanzando campañas de publicidad sobre el puerto de Acapulco solucionará el problema. Guerrero no será ni Nuevo León ni Veracruz ni Tamaulipas, será más difícil, porque allí la trama de corrupción me temo que ha llegado mucho más profundo en el tejido social que en otros lugares del país y, por eso mismo, el andamiaje institucional para hacer frente a la situación es mucho más débil.
Con un componente adicional, la violencia política también, desde hace años, ha tomado carta de ciudadanía, y se utiliza como en el caso del diputado Villanueva, el disfraz del narcotráfico para ocultar crímenes que tienen otro tipo de intereses