viernes, 8 de junio de 2012

Solicitud de cese del gobernador


Ministro pide el cese de Aguirre
6 Junio 2012 - 4:24am — Rubén Mosso
El jefe de Gobierno del Distrito Federal envió pruebas de que se acataron los fallos.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México • El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, propuso la destitución del cargo y su consignación por desobediencia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, …

Guerrero
Por lo que hace al gobernador guerrerense, Aguirre Rivero, el ministro también propuso su destitución y consignación, así como del director general de Promotora Turística de ese estado, Juan Salgado Tenorio, ya que no cumplieron con un incidente de inejecución de sentencia (con número 108/2012).
“En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos Juan Salgado Tenorio y Ángel Heladio Aguirre Rivero, ambos por haber incumplido la sentencia constitucional del 25 de octubre de 1999…
“Tercero. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el juez de distrito de procesos penales federales en el DF en turno, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso
de autoridad…”
Este asunto derivó de la expropiación que se hizo de los terrenos conocidos como “El Cerro de las Minas” y “Loma del Varadero de la Charra”, en la zona de Punta Diamante, en la década de los 80.
Los propietarios de las tierras promovieron un juicio de amparo para que se les restituyeran los terrenos, pleito legal que ganaron años después.
Sin embargo, las autoridades estatales interpusieron diversos recursos, desde los años 90 hasta nuestros días, para retrasar el pago de dichos terrenos, en donde el gobierno permitió la construcción de inmuebles.
Durante el trámite de cumplimiento de la sentencia se tramitaron diversos recursos, entre los que destaca la imposibilidad física y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que se tramitó, a solicitud de la parte quejosa, el incidente de incumplimiento sustituto.
Y el 5 de enero de 2009, el juez de distrito resolvió que el monto que debía restituirse a la parte quejosa era el equivalente al valor comercial de la superficie total de 25 mil 652 metros cuadrados que le fue expropiada, que a diciembre de 2007 arrojó como resultado un valor comercial actualizado de 45 mil 712 millones 291 mil pesos, cantidad que debería ser actualizada, hasta el momento en que se efectuara el pago.
Por su parte, el gobierno estatal dijo que actuará conforme a las disposiciones judiciales.

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