martes, 2 de agosto de 2011

Exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar una política pública de atención a desplazados internos. Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas

Miércoles, 27 de Julio de 2011
Segundo Receso Comisión Permanente
No. Gaceta: 25
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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

De la Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar una política pública de atención a los desplazados internos.
SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.
Documento en Tramite




Dip. Claudia Ruiz
Massieu Salinas



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA DISEÑAR Y EJECUTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LOS DESPLAZADOS INTERNOS.

La suscrita Diputada CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1 y 2 del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que corresponde al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pobreza, la escasez de recursos y servicios, así como el desempleo, han sido factores determinantes en el comportamiento de la población mexicana y, en consecuencia, de los flujos migratorios de la misma. A estas causas se ha sumado la inseguridad.

La adopción de los Principios Rectores de los Desplazados Internos de la Organización de las Naciones Unidas por parte del gobierno de México refrenda el compromiso de garantizar la protección de las personas que, sin salir del país, se ven obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual a causa de conflictos de diversa índole. No obstante, aún persisten tareas por realizar para crear una política gubernamental de atención a las poblaciones desplazadas internamente.

De acuerdo con dichos Principios Rectores adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 11 de febrero de 1998, se define a los desplazados como aquellas: “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”

Mientras los refugiados huyen de su país, los desplazados no cruzan las fronteras del Estado, es decir, se trata de mexicanos que migran a otro municipio o estado en uso de la libertad de tránsito, reconocida como un derecho constitucional. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando esta decisión no se toma en libertad si no es producto del miedo? ¿Por qué este fenómeno ha pasado desapercibido para números instituciones dedicadas a conocer la dinámica poblacional en nuestro país?

Hasta el momento, el Estado mexicano carece de definición jurídica concreta sobre el particular. No obstante la Constitución Política, la legislación federal y los instrumentos internacionales suscritos por México, así como los Principios Rectores de los Desplazados Internos ya mencionados, protegen los derechos humanos de quienes se ven obligados o presionados a cambiar de residencia para proteger su vida, su integridad o su patrimonio.

En México no se dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos y las estimaciones varían considerablemente. Cifras recogidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en su Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 calculan entre 3 mil y 21 mil desplazados internos, mientras que el según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por su acrónimo en inglés), centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados, estimó en su informe del año 2010 que cerca de 230 mil mexicanos han debido cambiar su residencia en lo que va del sexenio y que 120 mil de estas personas migraron para ponerse a salvo, sólo el año pasado.

De acuerdo con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2000-2006, entre las causas que ha identificado el gobierno federal está la violencia generada por conflictos religiosos en comunidades rurales, conflictos agrarios, disputas por el control de recursos naturales, conflictos económico-políticos y catástrofes naturales, entre otros.

Lo que no se ha dicho es que, durante este sexenio, en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango el desplazamiento ha sido forzado por la presencia de la delincuencia organizada.

Ya sea que, los enfrentamientos constantes o amenazas directas del crimen organizado produzcan un éxodo masivo o bien que dicho desplazamiento se dé a cuentagotas, somos testigos de que familias completas desaparecen de un día para otro. Vemos pueblos enteros sin actividad comercial sustantiva, abandono de actividades ganaderas y agrícolas; comunidades y ciudades empobrecidas, pueblos fantasma.

Para muestra, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en esa ciudad, en 5 años se han acumulado 116 mil hogares vacíos, 11 mil comercios que cerraron sus puertas y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios. ¿A dónde han ido todas estas personas?

Otra característica común entre la población desplazada en México es la presencia mayoritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes, al enfrentar este fenómeno ven como se suman condiciones de vulnerabilidad, pobres, sin empleo, sin escuela y sin hogar.

De lo anterior se desprende el deber legal y la obligación del Estado mexicano para dar solución a las violaciones de derechos humanos derivados del fenómeno del desplazamiento interno.

El número de mexicanos que pide asilo en el extranjero crece, se calcula que son alrededor de 6500 personas, otras 9000 solicitudes se encuentran en trámite ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Se presume que dichas solicitudes se han incrementado en el último año por la ola de violencia en la frontera. Hemos escuchado casos de periodistas, presidentes municipales o miembros de las instituciones de seguridad que piden asilo a otros países tras recibir amenazas y en contraste, cifras de este mismo fenómeno en su vertiente interna, estadísticas gubernamentales, no tenemos ninguna.

La Secretaría de Gobernación instaló el Grupo de Trabajo sobre Desplazados Internos que integran otras siete secretarías de Estado: de la Reforma Agraria (SRA), de la Defensa Nacional (SEDENA), de Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Relaciones Exteriores (SRE), de Salud (SSA) y de Educación Pública (SEP), así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Procuraduría General de de la República (PGR).

Pero ¿dónde están los resultados? ¿qué avances ha tenido este Grupo de Trabajo? Es indispensable que esta soberanía conozca los avances y acciones de ese Grupo para lograr una política pública exitosa en la atención de las necesidades de los desplazados internos, que asegure su protección física y patrimonial, que defina competencias claras para encontrar soluciones permanentes al desarraigo y dicho sea de paso, responda a las críticas por carecer de un Programa Nacional y estadísticas que den cuenta del tamaño del problema.

¿Qué respuesta tiene el Gobierno Federal para los miles de mexicanos que han tenido que huir dentro de México?

Por lo anteriormente expuesto, se propone, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar un diagnóstico sobre la situación del desplazamiento interno en nuestro país y a diseñar y ejecutar una política pública de atención integral a los desplazados internos, evaluar el desempeño de las diferentes dependencias encargadas de brindar asistencia, atención y condiciones de retorno seguro de esta población y abatir el rezago en la materia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar puntualmente a esta soberanía de los resultados del Grupo de Trabajo Interinstitucional en la materia.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Gobernación a diseñar indicadores y criterios uniformes entre el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad civil, en general, para elaborar un diagnóstico nacional sobre los desplazados internos en México.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que informe y explique los avances en el cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazados Internos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el Senado de la República, México, Distrito Federal a 26 de julio de 2011.

DIP. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS

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